Todo está listo para que este miércoles el Ministerio de Hacienda radique en el Congreso el Presupuesto General de Nación (PGN) que tendrá vigencia para 2021, documento mediante el cual se asignarán los recursos para cada uno de los sectores entre los que está salud, educación y otros.



Este año la discusión del PGN podría terminar siendo aún más compleja que en años anteriores debido a que la regla fiscal, mecanismo de control a las presiones de gasto público, está suspendida este año y el otro por la magnitud del choque del coronavirus que ha traído consigo caídas en el recaudo de impuestos y un mayor gasto para disminuir el impacto económico y social en el país. 



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Para entender mejor el debate se debe tener en cuenta que la regla fiscal pone un límite al déficit que se traduce en un tope del gasto público. Ahora, sin este mecanismo vigente no existirá específicamente tal límite, razón por la que el Legislativo le puede pedir al Gobierno que se gaste más plata teniendo en cuenta las necesidades en medio de una crisis como la actual que da pie a discusiones coyunturales como por ejemplo una renta básica de emergencia. 



Sobre este último punto, vale decir que en el Congreso ya cursa un proyecto que busca establecer una renta básica de emergencia por un monto de 1 salario mínimo legal mensual vigente que cobije a 9 millones de hogares durante 3 meses y el 50% de 1 salario mínimo por 2 meses para hacerle frente a la pandemia. El costo fiscal de esta medida durante los 5 meses planteados asciende a $31 billones (3% del PIB).



La iniciativa planteada tiene un costo mucho más alto que el Ingreso Solidario, programa extendido hasta junio de 2021, que llega a 3 millones de hogares con giros mensuales de $160.000. Su valor estimado desde abril de 2020 hasta mitad del año entrante es cercano a los $7,5 billones. 



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<h2>El panorama sin una regla fiscal</h2>



Para Javier Mejía, phD en Economía y profesor asociado de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, el riesgo principal de debatir el PGN sin una regla fiscal es un desborde en el gasto público. Sin embargo, complementó diciendo que &#8220;los indicadores fiscales del Gobierno este año y el entrante se van a deteriorar, quizá más que en cualquier otro momento de la historia reciente del país, pero esto no va a ser responsabilidad de que el Congreso sea quien esté tomando las decisiones, sino de las necesidades de la coyuntura&#8221;.



Mejía agregó que &#8220;lo que sí puede ser problemático, más que los niveles de gasto, es la asignación de los recursos en el Presupuesto&#8221;, donde &#8220;posiblemente se ampliará la brecha entre regiones/sectores donde los políticos encuentran rentable electoralmente dirigir el gasto, y las/los que no&#8221;. 



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De acuerdo con José Ignacio López, jefe de Investigaciones Económicas de Corfircolombiana, en ausencia de unas metas claras que da la regla, la discusión del PGN va a ser más compleja por las necesidades económicas y sociales actuales. 



&#8220;Ahí la tentación es a no apretarse el cinturón, generar un presupuesto con unos componentes de gasto mucho más altos de lo que sería consistente con una senda de ajuste fiscal (&#8230;) creo que el Gobierno va a sentir que al no tener una regla que respalde una secuencia de gasto y de déficit va a perder un aliado, en el sentido que le va a costar más poner en disciplina la discusión del Presupuesto&#8221;, añadió López. 



Según Martha Elena Delgado, directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo, &#8220;al suspender el ancla fiscal que impone un techo sobre el gasto público existe el riesgo de que las apropiaciones determinadas en el PGN queden expuestas a las negociaciones y debates realizados en el Congreso&#8221;.



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Delgado complementó diciendo que lo anterior crea &#8220;cierta incertidumbre en torno al PGN que se tramite después de los debates en el Legislativo. Más aún en esta coyuntura donde todos los sectores requieren de recursos y apoyos del Gobierno para aliviar los impactos de la crisis&#8221;.



Carolina Monzón, jefe de Análisis Económico de Itaú, asegura que pese a que no hay una regla fiscal, la discusión del Presupuesto debe darse en línea con lo plasmado por el Gobierno en su Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) presentado en junio.



Por su parte, Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, indicó que &#8220;más allá de que no hay reglas fiscales, hay un Mfmp y el Gobierno ya fue bastante claro en cuanto a sus metas fiscales de cara al 2021 y ellos plantearon un déficit de 5,1% del PIB, creo que el Presupuesto debe estar alineado a esa meta. Cualquier desvío que haya de ese número plantea retos importantes sobre la credibilidad en medio del reto que plantea no tener la regla fiscal activa&#8221;.



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Velandia recordó que en el Mfmp se dijo varias veces que cualquier desvío de las metas fiscales propuestas en el documento sería única y exclusivamente en caso de que la crisis sanitaria implicara mayores medidas para enfrentar la situación. El tema es cómo se dé el debate en el Congreso y los argumentos que se expongan para ello&#8221;.



Por último, el experto aseguró que se debe tener presente que &#8220;si una norma o propuesta en el Congreso que tiene implicaciones fiscales no es apoyada por el Gobierno, no puede ser aprobada al final, incluso si el Ejecutivo la aprobara podría ser declarada inconstitucional (&#8230;) Sí hay espacio para plantear cosas complejas como la renta básica, pero creo que no hay plata que alcance para lograrlo&#8221;.



<h2>Otros detalles</h2>



Según explicó la experta de Fedesarrollo, recientemente se dio a conocer por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que el presupuesto de inversión sería de $52,8 billones de los cuales $4,3 billones serían destinados a la recuperación económica. Esto representa un incremento de 11% frente a lo aprobado para este rubro en 2020 y un aumento de 56% frente a lo que se había proyectado para 2021 en el anteproyecto del Presupuesto publicado en abril ($33,7 billones).



Frente al aumento en el rubro de inversión, Delgado dice que la pregunta que surge es si será necesario un mayor recorte en el gasto de funcionamiento; componente altamente inflexible del gasto público en el país. Es decir, si lo anterior es coherente con lo que se dice en el Mfmp que prevé una senda decreciente del gasto y de ajuste en las finanzas públicas. 



Para entender mejor lo descrito, en otras palabras hay que ver en qué renglones el Gobierno decide que recortar el gasto para poder incrementar el rubro del presupuesto de inversión para la vigencia del año entrante.



Algunos de los datos estimados por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo está que el déficit fiscal de este año sería de 8,2% del PIB (algo más de $80 billones), dato que para 2021 sería del orden de 5,1% del PIB. Además, la economía caería al -5,5% este año y para el año entrante esta rebotaría al 6,6%.

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Renta básica: ¿entre los riesgos de debatir el Presupuesto sin una regla fiscal activa?

Para los expertos, entre los principales riesgos es que haya mayor presión al gasto público por parte de los congresistas, lo cual resultaría en un deterioro más amplio de las métricas fiscales del año entrante.

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