Con una votación de 5 a 4, la Sala Plena del alto tribunal declaró inconstitucional el decreto 568 que creó dicho tributo transitorio que aplicó para servidores públicos y contratistas del Estado con salarios superiores a $10 millones.

El 15 de abril, el Gobierno nacional emitió el decreto 568 mediante el cual creaba el impuesto solidario por el coronavirus con una vigencia de tres meses. Este aplicó sobre los salarios o contratos de prestación de servicios de $10 millones o más de los servidores públicos y contratistas del Estado.

Dicho decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional esta noche, según informó la Sala Plena Virtual. “Los dineros que se han pagado por los sujetos pasivo del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021. Así ha de entenderse los efectos retroactivos de la decisión”, detalló la Corte.

En otras palabras, lo anterior quiere decir que los dineros no serán reembolsados directamente a los funcionarios a quienes se les cobró el tributo transitorio, sino que se podrán descontar del pago del impuesto de renta de 2020 que se paga el próximo año.

Cálculos del Ministerio de Hacienda estimaban un recaudo de $300.000 millones por concepto del tributo en mención, el cual ya fue cobrado en su totalidad durante la vigencia que tuvo la norma.

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La norma establecía que los funcionarios que ganaran entre $10 millones y $12,5 millones tenían que aportar el 15% de su salario para apoyar a las familias más vulnerables por la emergencia, mientras que los funcionarios con salarios entre $12,5 millones y $15 millones debían aportar el 16%.

Por su parte, a los salarios que se encontraban en el rango entre $15 millones y $20 millones se les aplicó una tarifa del 17% y los superiores a los $20 millones, una del 20%. “Esta retención también aplica para contratistas”, explicó en su momento el Ejecutivo.

El decreto además incluía a los pensionados con mesadas de $10 millones o más como sujetos pasivos del impuesto solidario por la covid-19. “Todos los colombianos que tengan megapensiones de más de $10 millones, por un periodo de tres meses, también van a contribuir a esta fuente de ingreso solidario para proteger a los sectores vulnerables”, resaltó el presidente, Iván Duque, meses atrás.