La asociación de Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO) calificó la decisión de la Corte Suprema como un "gran avance de la justicia".

EFE.- Las Madres de Soacha, que hace más de una década esperan que el expresidente Álvaro Uribe responda por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, celebraron este martes la detención en su contra y lo calificaron como un “gran avance de la justicia”.

“Van a meter preso a Uribe. Es el mejor día de nuestras vidas”, escribieron a través de su cuenta de Twitter luego de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el arresto domiciliario del expresidente dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

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Pese a que los casos no tienen relación, las integrantes de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO) aseguraron que la decisión de la Corte Suprema las llena de “esperanza” tras más de diez años en los que han denunciado “total impunidad”.

“Para nosotros fue una gran felicidad esa noticia y obviamente el clamor que tenemos ante la justicia colombiana es que también se siga avanzando sobre el caso de los falsos positivos”, dijo a Efe Jackeline Castillo, una de las integrantes de MAFAPO.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos”, ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate, casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que se incrementaron durante el Gobierno de Uribe.

Los militares reclutaban a los jóvenes, incluso discapacitados, con falsas promesas de empleo y los conducían a otros lugares del país para asesinarlos y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores por sus supuestos resultados en la lucha contra la guerrilla. Muchos de los jóvenes asesinados era oriundos de Soacha, municipio en las afueras de Bogotá, y de ahí el nombre de la asociación.

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Trece años de lucha

Castillo se unió a MAFAPO en 2008 cuando su hermano, Jaime Castillo, quien desapareció en Bogotá el 10 de agosto de ese mismo año, apareció muerto dos días después en el departamento de Norte de Santander e identificado como “guerrillero dado de baja en combate”.

Castillo, que espera saber toda la verdad de lo que pasó con su hermano, aseguró que MAFAPO seguirá buscando justicia, principalmente ahora que sienten que su “lucha no ha sido en vano”.

“Esta lucha ha sido con mucha tristeza, mucha humillación y revictimización. Han sido trece años de estos viles asesinatos, pero nuestra lucha ha sido incansable, sin bajar la guardia. Nos caemos, nos levantamos y seguimos aquí esperando los resultados que estamos viendo hoy”, agregó.

La dirigente aseguró que la decisión, que convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención, llenó de “emoción total” a todas las madres y hermanas que hoy ven “una luz de esperanza” al saber que “por fin hubo un avance con la justicia”.

Ellas han denunciado que la mayoría de sus casos han quedado en la impunidad y que no han tenido acceso real a la justicia para conocer lo que realmente sucedió con sus familiares y quién ordenó sus ejecuciones.

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“Para nosotros es evidente, y lo han dicho varios militares en las versiones, que sí había presión para dar resultados y había presión por bajas”, agregó al referirse a la política ejecutada durante el Gobierno de Uribe.

Castillo añadió que después de 13 años de búsqueda de la justicia “podríamos decir que seguimos en total impunidad. Tristemente tenemos que decirlo: así como este caso hay casos que vienen de mucho más atrás en los que ha reinado la impunidad”.