Entre las razones está que dado a que esta sería la última que podría decretar el Gobierno este año, es mejor esperar a ver cómo el Congreso tramita los proyectos presentados con urgencia y de no hacerse con eficiencia, ahí si plantear la idea.

El Gobierno nacional ya ha decretado dos estados de emergencia económica desde que llegó la pandemia del coronavirus al país en marzo, con el fin de hacerle frente a la crisis mediante decretos con fuerza de ley; es decir, con normas que no tienen que pasar por el Congreso. Con base en esto, ¿qué tan oportuna sería una tercera declaratoria de emergencia?

Antes de entrar en detalles, hay que tener claro que cada emergencia no puede exceder el periodo de 30 días calendario y en un año solo se pueden decretar tres de estas; razón por la que en caso de requerirlo el Ejecutivo tendría un as bajo la manga que podría usar en un ‘caso extremo’ para adoptar medidas rápidas en medio de la crisis.

Por lo anterior, es importante encontrar el timing perfecto para poner dicha opción sobre la mesa, decisión que no debe ser tomada a la ligera. A lo dicho hasta el momento hay que sumarle que el Gobierno obtuvo facultades del Legislativo en parte también porque este último estaba haciendo la transición a los debates digitales, panorama que generaba incertidumbre frente a la velocidad con las que se podrían aprobar las medidas urgentes que se requerían.

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Panorama para una nueva emergencia

Para Rodrigo Galarza, abogado experto en temas económicos y financieros, “la cuestión es si existen hechos nuevos que la diferencien de la primera y segunda temporada, que por lo conocido públicamente no existen. En esa perspectiva, además, el Congreso tiene plena capacidad operativa para debatir y adoptar las iniciativas que se necesiten”.

Galarza añadió que no considera que este sea el momento de presentar la tercera emergencia económica. “Si se pensara estratégicamente, lo deseable es que el Gobierno presente los proyectos al Congreso y sólo si este no opera con eficacia en el trámite, reserve la carta de una tercera emergencia para final del año”.

Por su parte, Mauricio Olivera, exviceministro de Trabajo y director de Econometría, explicó que “los esfuerzos que el Gobierno ha hecho son enormes, han salido distintos decretos en los dos periodos de la emergencia que fueron continuos. Lo esperable es que ya esté definido todo lo que hay que hacer frente a la coyuntura y que lo que vengan sean grandes reformas para salir fortalecidos de la crisis. Estas reformas no se pueden hacer decretando un nuevo estado de emergencia”.

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Los factores que podrían ser claves para determinar si se declara una tercera emergencia es si el virus continúa creciendo de manera acelerada, si hay rebrotes que requieran de nuevos aislamientos estrictos. “Desafortunadamente el virus se sigue transmitiendo, se habla de 3 semanas de pico, pero si llegan a ser mucho más, de pronto si va a ser necesario actuar con otra emergencia económica, buscando más recursos y mucha más eficiencia del Estado”, agregó Olivera.

En este punto, Galarza aseguró que lo que haría esencial otra emergencia es “más que factores, insisto, deben ser hechos nuevos o agravamiento de los existentes (rebrote, aumento significativo de contagios, deterioro severo de las condiciones económicas, etc), los cuales no veo presentes ahora”.

Las medidas que podrían incluirse

Para Martha Elena Delgado, directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo, más allá de qué medidas debería incluir una nueva emergencia, la pregunta debe girar en torno a qué deben contener las medidas económicas en el mediano plazo. Para ella es fundamental que se mantengan los esquemas de ayuda social, los subsidios y además, de ser necesario revisar los montos de dichos apoyos y también el número de familias alcanzadas.

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Continuar e incrementar los recursos destinados al fortalecimiento del aparato de salud, es fundamental para Delgado. La experta añadió que además de revisar los montos de los programas de protección al empleo, el Estado debería considerar asumir los pagos de seguridad social durante algunos meses si las firmas están teniendo dificultades por la crisis.

De acuerdo con Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, “es importante habilitar mecanismos muy rápidos para apoyar la creación de empleo, programas que mitiguen el impacto social de familias vulnerables y facilitar la reconstrucción del tejido productivo y eso lleva a que se requieran herramientas mucho más fáciles de generar normas en este marco”.

Sepúlveda agregó que algunas medidas que se tomaron en la primera emergencia se enfrentaron a errores de procedimiento, a sentencias de la Corte Constitucional donde no pasaron, las cuales tienen impacto fiscal importante y “por lo tanto tenemos que revisar maneras alternativas para impulsar las acciones que esos decretos iniciales estaban impulsando”. Un ejemplo de las normas tumbadas es la que permitía a las empresas reducir el aporte de la cotización al sistema de seguridad social.  

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Los riesgos

Según Galarza, una tercera emergencia es de alto riesgo. “Las decisiones de la Corte han puesto unos límites razonables a los poderes de excepción en el sentido de expresar que no todo se puede porque existen materias que exigen amplia deliberación y consenso democrático (i.e. pensiones) o suponen leyes especiales (i.e. ley 5 del Congreso u orgánicas y estatutarias)”.

El experto agregó que “así, es muy difícil darle forma a una nueva emergencia que no tenga un sólido sustento en hechos nuevos y extraordinarios no previstos o previsibles”.

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Para Olivera, “en la tercera puede verse más en riesgo en la Corte Constitucional, además porque la pregunta es qué más acciones hay que tomar que no se hayan tenido en cuenta en las anteriores declaratorias”.