Para el procurador, Fernando Carrillo, el Gobierno debe dejar claro, entre otras cosas, cómo la empresa panameña con deudas del orden de US$5.000 millones o más -anteriores a la pandemia- podría salvarse con los recursos de Colombia.
Fernando Carrillo, procurador General de la Nación, envió una carta al presidente, Iván Duque, a través de la cual formuló 18 preguntas dirigidas a que la opinión pública conozca las razones que motivaron el anuncio de un préstamo de hasta US$370 millones a Avianca y, además, explique cómo evitarán los riesgos que trae una inversión de “la magnitud de los dineros públicos que está utilizando”.
Entre los cuestionamientos del Ministerio Público está: ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar?; ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó?; ¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca?
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Para Carrillo, “emprender esta maniobra de rescate sin involucrar a otros países que también se beneficiarían de la actividad de Avianca puede significar una desproporcionada o excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado”.
El jefe de la Procuraduría también expuso que el Gobierno debe dejar claro “cómo esta empresa panameña, con operaciones a lo largo del continente americano y deudas del orden de los U$5.000 millones o más, que son anteriores a la pandemia por el coronavirus, podría salvarse con un financiamiento como el que plantea el Ejecutivo”.
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Aunque en el decreto 444, expedido al amparo de la emergencia sanitaria se faculta al Gobierno para apoyar financieramente a empresas que desarrollen actividades de interés nacional, no se definió qué se debe entender por tales actividades, ni fijó criterios para priorizar, “es necesario que todas las acciones desplegadas se desarrollen de cara a la opinión pública”, expresó el procurador.
“Si el crédito de la Nación resulta insuficiente para asegurar esto, será simplemente parte de los abonos a la considerable deuda de la empresa, lo cual no asegurará que la misma pueda volver a operar normalmente y se convertirá posiblemente en la primera de varias operaciones similares, consumiendo recursos escasos que el tejido empresarial del país podría haber aprovechado con mayor probabilidad para salvar puestos de trabajo y crear capacidad de generación de ingresos, en ese o en otro sector de interés general”, concluyó Carrillo.