Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, señaló la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes que el caso de Álvaro Uribe pasa la competencia de la Fiscalía General de la Nación. Esto se da después de que el expresidente Uribe renunciara al Senado de la República.
La Sala de Instrucción de la Corte había ordenado la detención domiciliaria de Uribe el pasado 4 de agosto por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, en el marco de un expediente que se le sigue por posible compra de testigos.
Corte Suprema cita a Uribe a declarar por masacre de El Aro
“Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la Nación al detenido exsenador Álvaro Uribe Vélez”, aseguró un comunicado la Corte Suprema.
Para el alto tribunal, “por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia, o el medio y oportunidad propicia para su ejecución o un desviado o abusivo ejercicio de funciones, resolvió remitir el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro del ámbito de sus competencias, continúe con la actuación respecto del excongresista Uribe Vélez”. De esta manera, el caso queda en manos de la Fiscalía, entidad que debe seguir el proceso contra el expresidente.
Sobre esta decisión, el senador Iván Cepeda, quien ha denunciado a Uribe por estos hechos, señaló que recusará al fiscal General, Francisco Barbosa, por tener vínculos con el presidente Iván Duque y con el Centro Democrático. Cabe recordar que el hoy fiscal fue funcionario de la Casa de Nariño antes de llegar a ocupar el cargo del ente acusador.
En agosto, también, la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre al expresidente Uribe por los hechos de la masacre de El Aro, por supuestamente haber apoyado durante su periodo como gobernador de Antioquia (1995-1997) a los paramilitares que asesinaron a 17 campesinos en octubre de 1997 en ese caserío del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.