Para la cartera de Hacienda, el proyecto es inconveniente y le costaría $33 billones al país, sin embargo, dicha cifra podría ser de $64,8 billones según Asofondos.
Tras haberse aprobado en la Cámara de Representantes, este martes arrancó la discusión en el Senado del proyecto de ley que busca permitir el traslado exprés de régimen pensional de un segmento de trabajadores, sin ninguna restricción durante 6 meses.
Previo a entrar en detalles, vale decir que hoy fue el debate en la Comisión Séptima de Senado en la que previo a votar, se decidió crear una subcomisión para evaluar la pertinencia de la misma. Así las cosas, una vez se vote y sea aprobada la iniciativa deberá pasar a la Plenaria del Senado y luego sí, irá a sanción presidencial.
Para poner en contexto, la norma pretende cobijar a los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47, que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas. Entre las restricciones que existen en el sistema está que las personas, actualmente, a las que le quedan menos de 10 años para recibir su pensión, no pueden cambiar de regímenes. Es decir, los hombres pueden trasladarse de sistema máximo hasta los 52 años y las mujeres hasta los 47.
Para el Ministerio de Hacienda, la medida es inconveniente y tendría un costo fiscal de $33 billones. “Es un costo fiscal que no es menor, son recursos fiscales mal focalizados, no son unos que vayan a las personas más pobres de la población colombiana, son unos que van hacia la parte más alta de los deciles de la distribución del ingreso”, dijo Juan Pablo Zárate, viceministro técnico de Hacienda en el debate de la Comisión Séptima de Senado este martes.
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Zárate añadió que la medida planteada en el proyecto de ley va en contra del fisco nacional “que no es más que el bolsillo de todos los colombianos”.
Vale mencionar que de acuerdo con datos del Minhacienda, el déficit en las pensiones públicas, entre las que está incluido Colpensiones, pesa 4% del PIB representando cerca de $43 billones anuales. Específicamente en el Presupuesto General de la Nación (PGN) vigencia 2021, por pago de mesadas pensionales se contemplan $42,4 billones.
Zárate añadió que el gasto público peor focalizado en el país es el gasto pensional. Sobre esto explicó que el “sistema de impuestos y transferencias en Colombia, a diferencia de lo que pasa en países más avanzados del mundo, no mejora la distribución del ingreso. La razón principal es porque en el régimen pensional tenemos unos subsidios altamente regresivos y este proyecto de ley iría en la misma línea, dar un poco más de 3 puntos del PIB a sectores de la población que no son los de más bajos ingresos”.
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Ahora bien, el hueco fiscal que se generaría a largo plazo es uno más amplio que el estimado por el Minhacienda. Sobre este punto, estimativos de la vicepresidencia de Estudios Económicos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) indican que, en el largo plazo, el costo neto para el Estado sería de, al menos, $64,8 billones. Vale decir que los cálculos del Minhacienda son menores porque son basados en datos de afiliados a las AFP de 2017, frente a los que tiene Asofondos a 2019.
Cálculos de Asofondos entregados en un foro del Congreso de la República a inicios de septiembre indican que los potenciales traslados serían 517.776 trabajadores de ingresos medios/altos. Además, en dicho espacio se expuso que más de 10 millones de trabajadores ganan menos de un salario mínimo y que 8 de cada 10 trabajadores formales reciben entre 1 y 2 salarios mínimos ($1’900.000).
El gremio también dijo que de los más de 500.000 potenciales trasladados a Colpensiones, solo a 113.161 les conviene trasladarse y a 201.992 personas les conviene quedarse en el régimen de ahorro individual pues obtendrá la misma mesada que en el régimen de prima media (Colpensiones), pero con menos semanas de cotización.
Para Asofondos, el resto no cumplirá con los requisitos para pensionarse si se traslada; en cuyo caso, estando allá, recibirán siete veces menos plata que en el fondo de pensiones o perderían la posibilidad de pensionarse con su propio capital de forma vitalicia.