Dicho monto sería equivalente al 2% del PIB colombiano y a un incremento de más del 30% de la inversión extranjera directa (IED) total del país con respecto a lo obtenido en 2019 (US$14.314 millones).
¿Fracking comercial sí o no? Pese al debate ambiental en torno a dicha práctica por sus posibles impactos, los pilotos de investigación, próximos a arrancar, y sus resultados darían la última palabra. En caso de aprobarse dicha técnica, la de explotación comercial de yacimientos no convencionales (YNC), además de garantizar la autosuficiencia energética, dejaría importantes recursos a la actividad económica nacional.
Previo a entrar en detalles de cómo avanza el proceso para los pilotos investigativos de fracking, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) dijo que en caso de que en la etapa de evaluación de estos proyectos se considere que esta técnica es viable en el país, y pasen a una eventual fase de desarrollo, la inversión podría alcanzar los US$5.000 millones anuales, equivalente al 2% del PIB colombiano.
Lloreda resaltó además que desde la etapa de la perforación exploratoria de los proyectos se percibirían beneficios, “con un aporte fiscal estimado en US$10 millones entre 2020 y 2022 (US$8 millones en regalías y US$2 millones en derechos económicos). Este nuevo recaudo sería comparable con el impuesto a la renta proveniente de más de 1.000 nuevas pymes”.
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De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), cálculos del sector indican que para los proyectos piloto se requerirá una inversión inicial para la fase exploratoria de alrededor de US$600 millones en los primeros años. Así mismo, se estima que “se podrán generar entre 3.000 y 4.000 empleos, más la activación de toda la cadena de valor del sector”.
¿Cómo avanza el proceso de los pilotos?
Tras varios meses de espera, y de haberse anunciado a inicios de febrero de este año el decreto marco, documento que estableció que debían expedirse 4 regulaciones (social, técnica, ambiental y contractual) para poder avanzar en los pilotos de fracking en el país, se aproxima la convocatoria para escoger las firmas que harán los pilotos.
A inicios de septiembre, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) abrió el proceso para elegir los contratistas que desarrollarán los pilotos de fracking en Colombia. De acuerdo con la entidad, se realizarán cuatro pilotos en las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería.
En los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (Cepi) de la ANH, se estableció el cronograma en el que se espera que el próximo 23 de noviembre se escojan las empresas que harán los pilotos. No obstante, las compañías interesadas deberán surtir un proceso ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
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Sobre este tema, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) le explicó a Forbes que para poder hacer los pilotos de investigación en el país se deberá contar con la expedición de la licencia ambiental proporcionada por la Anla. Además, se deberán cumplir con los requisitos técnicos del Ministerio de Minas y Energía.
“Luego de que se lleve a cabo un levantamiento de las líneas base en una etapa de condiciones previas, y una vez cumplidos los requisitos y adjudicados los contratos, se pasará a una etapa de perforación, completamiento, estimulación y seguimiento, gestión y monitoreo de las operaciones a nivel, ambiental, social, institucional, de salud y técnico”, complementó Campetrol.
Por su parte, Carlos Leal, presidente de la junta directiva de Acipet, dijo que de llegarse a dar la adjudicación en noviembre y una vez firmados los Cepi, “se esperaría que a partir del segundo semestre de 2021 se inicien las actividades de perforación de los pozos, una vez cumplidos los trámites de permisos ambientales, la licencia social, líneas base y los preparativos operacionales”.
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Desde el Ministerio de Minas y Energía, enfatizaron que “el Gobierno Nacional ha realizado un trabajo riguroso, siguiendo las recomendaciones de la comisión independiente de expertos” y recordaron que la fase que arrancará el país próximamente con los pilotos es “de carácter científico y de investigación”.
Desde Ecopetrol, quien busca trabajar con ExxonMobil en esta fase investigativa del fracking, tiene en su presupuesto US$127 millones para dicha labor. También, estiman que a corto plazo se requerirán de al menos 250 empleos nuevos en promedio anualmente.
El Ministerio de Minas añadió que “al ser cuatro proyectos piloto de investigación, cada uno de ellos con dos pozos, que usan la tecnología más avanzada, la generación de nuevos empleos será limitada”.
Las cifras en el largo plazo
Según el directivo de la ACP, en una etapa de desarrollo de estos yacimientos, “el aporte estimado en los próximos 25 años totalizaría US$36.000 millones (US$10.000 millones en regalías, US$18.000 millones en impuestos, US$6.000 millones en dividendos y US$2.000 millones en derechos económicos)”.
Lloreda añadió que los YNC dejarían para el país recursos fiscales que permitirían aumentar entre 10% y 15% la inversión total del Gobierno Nacional Central por 25 años ($4 billones por año).
A lo anterior, Campetrol complementó diciendo que una vez se llegue a la etapa de desarrollo comercial, estiman que la producción promedio anual del país podría aumentar entre 100.000 y 500.000 barriles por día. “Lo anterior generaría un incremento estimado de entre $1,1 y $5,6 billones anuales en renta petrolera del Gobierno Nacional. Por su parte, la generación de regalías petroleras incrementaría entre $0,2 y $1,2 billones anuales”, añadió la Cámara petrolera.
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La otra cara de la moneda
Luego de que el pasado 4 de septiembre se conociera que el Consejo de Estado negó las medidas cautelares que pretendían suspender provisionalmente el decreto 328 que habilita los proyectos piloto de investigación integral” (PPII) en el país, la Alianza Libre Contra el Fracking informó que seguirán “controvirtiendo la manera arbitraria en que el Gobierno busca impulsar los PPII sin garantías en términos de participación, de licencia social, y sin la información suficiente para medir los riesgos”.
La Alianza también indicó que al negarse las medidas cautelares “no quiere decir que los PPII tengan vía libre, o que hoy el fracking sea legal: la disputa jurídica continúa”. Por último, se informó que continuarán trabajando en los procesos jurídicos y otras acciones que adelantan contra dicha práctica con el fin de que no se realice la explotación de yacimientos no convencionales en el país.