Se busca contar con diferentes fuentes que permitan cubrir las necesidades de financiamiento de la Nación. Hoy arrancó la discusión de dicho proyecto de ley radicado por el Minhacienda ante el Congreso en julio.
El Ministerio de Hacienda publicó a finales de julio del año en curso un proyecto de ley mediante el cual solicitó ante el Congreso la ampliación del cupo de endeudamiento del Ejecutivo con el fin de financiar las apropiaciones presupuestales. La solicitud se hizo por US$14.000 millones o su equivalente en otras monedas.
Según detalla el documento que contiene las motivaciones del proyecto de ley el subtotal del cupo aprobado por el Congreso para el Ejecutivo es de un acumulado de US$56.000 millones aprobado mediante cinco leyes en los años 1999, 2002, 2009, 2013 y 2015. Sin embargo, con corte al 30 de junio de 2020, queda un saldo disponible de US$2.694 millones.
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Vale decir que el cupo de endeudamiento se lleva al Congreso y se aprueba cuando este se está acabando. “En medio de un panorama de incertidumbre global por los efectos de la pandemia de covid-19, es conveniente aumentar el cupo para poder atender las necesidades de política pública en caso de ser necesario”, detalla el documento del Minhacienda.
Además de la ampliación en US$14.000 millones, el proyecto de ley busca que se aprueben otras medidas relacionadas con el crédito público. En el artículo 2 se plantea ampliar en US$3.000 millones el cupo de las garantías de la Nación para que esta pueda servir de garante de las diferentes entidades estatales, a efecto de que éstas últimas puedan acceder a financiamiento en condiciones favorables.
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De acuerdo con la información de la base de datos del Sistema de Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a 31 de diciembre de 2019 existían en total 55 operaciones de Crédito público garantizadas por la Nación. Para estas operaciones el monto de exposición de la Nación estimado ascendió a $11 billones.
Dada la afectación en las finanzas que han visto las entidades nacionales y regionales por la crisis del coronavirus, estas han requerido explorar fuentes de financiamiento diferentes a sus recursos propios.
Sobre ese último punto, “la Nación está llamada a brindar la opción, previo el cumplimiento de los requisitos legales, de garantizar operaciones de crédito público de las entidades, que en la actual coyuntura se vuelve una alternativa muy probable y benéfica ante la posibilidad de obtener bajos costos, dada la garantía” estatal, dice el documento.
Por último, el Minhacienda explicó que se debe tener en cuenta que los proyectos de infraestructura que algunas entidades planean ejecutar en el mediano plazo consumirán parte del cupo actual, limitando el margen de maniobra de las demás entidades para acceder a fuentes de financiamiento alternativas. Por ello, se considera necesario ampliar el cupo de las garantías estatales.