Tras aplazarse varios días, el 15 de abril el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso la que sería la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, con pocas voces defendiéndola y con muchas en contra se fue construyendo una bola de nieve que hizo que el 2 de mayo el presidente anunciara que la retiraría del Legislativo y ordenara la construcción de un nuevo texto, esta vez, basado en consensos.

Más se demoró el presidente en anunciar la decisión que los inversionistas en acumular incertidumbre e ir poco a poco descontando la posible pérdida del grado de inversión del país -ese mismo que se perdió en agosto de 1999 y tomó más de 10 años recuperar-, el 3 de mayo el dólar fue la voz de los inversores, rompió la barrera de los $3.800 por primera vez en el año y llevó al peso colombiano al primer puesto de las monedas más devaluadas del mundo en lo corrido de 2021.

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Un año después de grandes momentos de incertidumbre por los primeros meses de pandemia en el mundo, el segundo trimestre de 2021 volvió a llenarse de ello -esta vez- en el ámbito fiscal y social en Colombia. En medio de manifestaciones se reescribe la reforma que mínimo, debería recaudar $15 billones para no desproteger a los más vulnerables y dar mensajes de confianza a los inversionistas.

Hasta ahora solo se conocen ‘puntadas’ del nuevo texto y no hay mayor información de los consensos alcanzados en el Congreso, con los empresarios y la sociedad civil sobre la tributaria, por esto, Forbes consultó a distintos expertos para conocer en el peor de los casos (sin reforma) o en uno más moderado (con reforma temporal), cómo podría financiarse la nación para contener la pobreza que ya alcanza a 21 millones de personas y que la deuda (que ronda el 65 % del PIB) no sea un problema más grande del histórico actual.

Con reforma

Mauricio Olivera, director de Econometría, recordó que hay tres maneras de obtener ingresos: impuestos, deuda o vender activos estatales, una cuarta puede ser reducción de gastos. Centrándose en la necesidad de contener la pobreza, dijo que es importante el gasto público, pero no se quedó allí, “hay que hacer muchas más reformas. No solo la tributaria, ni más ingresos van a parar la pobreza, se necesita un Estado más eficiente, un mercado laboral más eficiente, otra serie de cosas”.

Refiriéndose a estimaciones de la Andi o del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el experto resaltó que se habla de un recaudo de $14 billones y agregó la importancia de pensar bien la reforma para ver de dónde vienen los recursos, además, dijo que el texto debe ajustarse a la regla fiscal -suspendida entre 2020 y 2021 por la crisis- para dar una señal de confianza a los mercados.

“Las salidas que habría en este escenario mientras se hace una tributaria, posiblemente con un nuevo gobierno en 2022, es o aumentar la deuda o vender más activos porque contablemente no hay otra forma, obviamente ajustar los gastos, pero creo que en el corto plazo es muy complejo”.

Mauricio Olivera, director de econometría.

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Para Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, una reforma moderada va a apuntar a un recaudo entre 1 % y 1,5 % del PIB ($10 o $15 billones), en general las calificadoras quieren ver una reforma entre 0,8 % y 1 % del PIB, dijo, “es el escenario base y creo que es lo que va a intentar el Gobierno”.

El grueso de los recursos dice Velandia, vendrán de las propuestas que se han conocido: sobretasa de renta a empresas por unos años, sobretasa al sector financiero, impuesto al patrimonio, aumento en impuesto a los dividendos y austeridad.

“El peor escenario para la pobreza y la economía es que no haya reforma tributaria”, pero con la reforma que se planteaba inicialmente -con medidas temporales- el Gobierno lo que está haciendo es posponer la discusión de una iniciativa más estructural, que en dos años pondrá a hablar al país de nuevo y como suele ser usual, de otra tributaria, rescató Velandia al agregar que “necesitamos algo así como más de 2 % del PIB ($20 billones) en el agregado para estabilizar la deuda en los próximos 2-3 años”.

María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, aseguró que con la caída de la ley de ‘Solidaridad Sostenible’ la opción b es una reforma más progresiva que enfoque su recaudo en recortar beneficios tributarios y en los grupos de mayor ingreso, de tal forma que no afecte el consumo de la clase media y se reactive la economía.

Valdés añadió que “una reforma como esta recaudaría menos, posiblemente unos $15 billones, de los cuales se podrían dedicar, como en la propuesta inicial, unos $6,6 billones a programas sociales y los restantes $8,4 billones podrían usarse para la estabilidad fiscal, lo que podría ser suficiente”.

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El equipo de investigaciones económicas de Anif resaltó que si en realidad se quiere reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad del ingreso hay que hacer un esfuerzo por empezar a reconocer la necesidad de la reforma y “la importancia de dar una discusión seria, democrática y pausada acerca de las mejores propuestas y alternativas en pro de un mayor recaudo y la progresividad del gasto público”.

Los expertos de Anif agregaron que lo que se termine recaudando con la nueva reforma, algo cercano a 1 % del PIB, terminará sirviendo para cubrir los nuevos programas sociales en el corto plazo y pagar una parte del incremento de la deuda que ya ronda el 65 % del PIB. Las medidas transitorias planteadas en los primeros detalles de la nueva reforma, sumado a posible venta de activos estatales, se convierten en ingresos no recurrentes que no resuelven problemas de mediano y largo plazo de los ingresos del país, explicaron.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, una reforma de $13 o $14 billones sería suficiente para dar un parte de tranquilidad a las calificadoras de riesgo e inversionistas, pues se haría un esfuerzo importante para aclarar el panorama fiscal que sigue siendo complicado en la coyuntura. Los pilares de la propuesta del centro de pensamientos son tres: (i) aumento del recaudo vía empresas y personas, (ii) recorte del gasto público y (iii) medidas de antievasión y antielusión.

A lo dicho hasta ahora, vale agregar los comentarios de Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y Natalia Galvis, consultora en política social, ambos expertos en temas de pobreza, quienes comentaron a Forbes que más allá de las ayudas que brindan los programas sociales del Estado a la población vulnerable -que son importantes-, para mitigar la pobreza en Colombia se debe recuperar el potencial productivo de los territorios, debe haber más y mejor empleo y vacunación masiva.

“Los pilares de la propuesta del centro de pensamientos son tres: (i) aumento del recaudo vía empresas y personas, (ii) recorte del gasto público y (iii) medidas de antievasión y antielusión”.

Luis Fernando Mejía, director de fedesarrollo.

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En palabras de Angulo, en la nueva tributaria se requieren mínimo $4 billones para programas sociales y contener la pobreza en 2,8 puntos porcentuales (1,3 millones de personas) quienes están en riesgo de entrar a este grupo de la población si no se consiguen los recursos suficientes para financiar las ayudas.

El panorama sin reforma

Este es el escenario más complicado que tendría que enfrentar el país. Solo para poner un ejemplo, para este año se esperan ingresos totales por $173 billones, mientras que los gastos son de $267,7 billones lo que generan un faltante de casi $95 billones, según Minhacienda. Bajo este panorama, al que se le suma la alta deuda del país, el Gobierno, las calificadoras y distintos sectores apelan a la necesidad de una tributaria que por la coyuntura política y social no sería estructural, sino temporal.

¿Cómo se financiaría el país en este escenario para evitar que más personas caigan en pobreza y la deuda se vuelva impagable? Los expertos compartieron sus puntos, deseando que ello no suceda.
Para Olivera, las salidas que habría en este escenario mientras se hace una tributaria, posiblemente con un nuevo gobierno en 2022, es o aumentar la deuda o vender más activos “porque contablemente no hay otra forma, obviamente ajustar los gastos, pero creo que en el corto plazo es muy complejo”.

Velandia, de Credicorp Capital, dice que la situación se complicaría mucho. En dado caso de que el Gobierno dijera que la reforma ya no va, “pero tenemos que seguir gastando para evitar una crisis social mayor y contracción de la economía tocaría salir a financiarse pero el crédito va a ser mucho más costoso (por la pérdida del grado de inversión)”.

Ello traería salida de flujos de inversión, un dólar más caro, mayor inflación, intereses más altos, “la economía entraría en una espiral bastante negativa (…) El único escenario para estabilizar la deuda sin reforma es una contracción gigante del gasto público que al final metería a la economía en recesión y llevaría a niveles de pobreza muchos más altos de los que estamos hablando”, planteó Velandia al advertir que “sin reforma, podríamos llegar al 80 % del PIB de deuda hacia 2025”.

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Por su parte, Valdés dijo que no avanzar hacia una reforma que aumente el recaudo sería entrar en una senda muy peligrosa en donde se estaría poniendo en riesgo la recuperación del país, “puede que el Gobierno desesperado busque opciones de enajenación de activos, que sería correspondiente a vender la nevera para pagar el mercado, esto no generaría ingresos a largo plazo” y comprometería la sostenibilidad económica y social del país.

Por último, Mejía de Fedesarrollo, dijo que el plan b sin reforma sería muy malo para el país, además de los efectos por la pérdida del grado de inversión, implicaría que la reforma se haga el próximo año y sería aún más costosa en el sentido de que habrá mayores necesidades de recursos y la deuda sería más cara. Todo ello derivaría además en un impacto negativo en términos de crecimiento económico y empleo. Colombia retrocedería.

Luego de 19 días en los que decenas de miles salieron a las calles para expresar su descontento, el Comité Nacional de Paro (CNP) dialogó este domingo por segunda vez con el Gobierno y le pidió garantías para “el ejercicio de la protesta” para comenzar a negociar una salida a la crisis que vive Colombia.

En una reunión que comenzó a las 2 p.m. y que se prolongó toda la tarde, el CNP -conformado por sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales y comunitarias- también confirmó la convocatoria a una nueva “gran movilización” para el próximo miércoles 19 de mayo, en rechazo a la brutalidad policial y a las políticas del Gobierno.

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Ese también es un mensaje de presión a las autoridades en medio del inicio de las reuniones para encontrar salidas a las protestas, que suponen la mayor crisis en el mandato de Duque y una de las más difíciles de Colombia en tiempos recientes.

“El día de hoy las organizaciones que hacen parte del Comité Nacional de Paro han presentado un documento que tiene dos partes fundamentales: una que se refiere a las garantías para el ejercicio de la protesta y otra de garantías para las mesas de negociación”, expresó tras una reunión entre las parte el portavoz del Gobierno, Miguel Ceballos, que es además el Alto Comisionado para la Paz.

Postura del Comité del Paro

De hecho, antes del primer “cara a cara” el Comité también dejó claro que el único punto que trataría este domingo es el de las “garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando”.

A renglón seguido dicen que para que de una vez sea acordada y verificada esa exigencia “se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones”. Ese punto, el de la brutalidad policial, resulta fundamental para el Comité pues desde que se iniciaron las protestas, el pasado 28 de abril, han perdido la vida 42 personas, 41 civiles y un capitán de la Policía.

Los dirigentes del paro justifican su posición dada “la magnitud y gravedad de la violencia física, sexual y afectiva desatada” contra los manifestantes.

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Organismos como la ONU y la Unión Europea, al igual que gobiernos de todo el mundo han expresado su preocupación por la violencia en las manifestaciones y piden al Gobierno que tome medidas para garantizar la protesta, lo que deja ver a las claras que esa situación no pasa desapercibida para la comunidad internacional.

Según el CNP la brutalidad policial ha costado la vida de al menos 50 personas, ha producido heridas a 578, de los cuales 37 han recibido lesiones oculares, han detenido arbitrariamente al menos a 1.430 y han cometido violencia sexual contra 21 mujeres.

Negociaciones complejas

Aunque las partes no han fijado aún tiempo para lograr un acuerdo, las negociaciones apuntan a que serán largas y complejas pese a que hay coincidencias en los asuntos que van a abordar. En la carpeta del CNP, en el que se arropan 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales, está la exigencia al Gobierno para que retire la reforma a la salud.

El Comité, también pide el fortalecimiento de una masiva vacunación, asunto que no parece fácil de solucionar porque el Gobierno depende de las entregas que le hagan las farmacéuticas con las negoció para que le vendiera el medicamento.

También piden renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional, subsidios a las micro, pequeña y medianas empresas y matrícula cero para los estudiantes universitarios más pobres.

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El Gobierno plantea para la mesa de negociación asuntos como vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.

Además, el Ejecutivo pide que los manifestantes cesen los bloqueos en las carreteras porque afectan a la golpeada economía del país que busca levantarse porque no ha podido funcionar al ciento por ciento por los confinamientos adoptados para atajar la expansión del coronavirus.

Las pérdidas económicas en 15 días se calculan en más de 6,5 billones de pesos, según estimó el Gobierno.

Para que las partes lleguen a la mesa de negociación es fundamental el apoyo y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) con monseñor Héctor Fabio Henao; el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu y la jefe en Colombia de la oficina de Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

EFE

El Foro Económico Mundial, que organiza cada año la reunión global de líderes de Davos (Suiza), anunció hoy que renuncia definitivamente a celebrar el evento este año debido a las múltiples dudas en torno a la evolución del pandemia y a las restricciones de viajes que pueden seguir en vigor en los próximos meses.

Los organizadores del Foro de Davos habían aplazado la reunión original, que se celebra cada año en enero en la localidad del mismo nombre de los Alpes suizos, inicialmente a mayo en Lucerna (Suiza) y luego a Singapur, donde el plan era celebrarla del 17 al 20 de agosto.

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La elección de la ciudad-Estado respondía a su buena gestión frente a la pandemia, gracias a la cual pudo contener desde muy pronto la propagación del coronavirus, así a su capacidad de acoger una reunión de esta categoría, que exige una organización logística y de seguridad extremadamente sofisticada.

Sin embargo, el Foro anunció hoy que la situación sanitaria a nivel global, la incertidumbre en relación a los viajes, el ritmo dispar de la vacunación contra Covid-19 y la aparición de variantes del coronavirus “hacen imposible realizar la reunión global de líderes de la economía, gobiernos y sociedad civil de todo el mundo de la dimensión prevista”.

Agregó que esto se impuso como una realidad a pesar del apoyo mostrado en todo momento por el Gobierno de Singapur.

El Foro indicó que su próxima gran reunión anual tendrá lugar en la primera mitad de 2022 en un lugar y en fechas que se determinarán en los próximos meses, en función de la evaluación de la situación.

“Ha sido una decisión muy difícil ante el gran interés de nuestros socios de reunirse, no solo de forma virtual sino en persona, y contribuir a un mundo más resiliente, inclusivo y sostenible”, dijo en un comunicado el fundador y presidente ejecutivo del Foro, Klaus Schwab.

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Señaló que la consideración que se impuso fue la de garantizar la seguridad y la salud de todos los involucrados en este importante evento.

Esta es la primera vez que el Foro de Davos se interrumpe durante un año en su medio siglo de existencia.

A finales del pasado mes de enero, la entidad organizó una versión virtual del Foro de Davos, en la que intervinieron durante cuatro días muchos de sus participantes habituales, entre ellos los máximos dirigentes de los negocios y de la política mundial, entre ellos numerosos jefes de Estado.

EFE

El Ministerio de Salud informó este lunes que el país recibió un nuevo lote de 1.046.390 vacunas contra el Covid-19, 546.390 de Pfizer y 500.000 de Sinovac. Los biológicos llegaron a través del mecanismo Covax y con ellos ya son 11.907.414 dosis que han llegado al territorio nacional.

Según datos oficiales, del total de vacunas coronavirus recibidas han sido administradas 7.459.332, de las cuales 2.857.547 corresponden a segundas dosis.

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Al tiempo, la cartera de salud reportó este lunes 509 muertes por Covid-19, que elevaron a 81.809 el número de víctimas mortales por la pandemia.

“Por primera vez y gracias a la vacunación hemos logrado que las muertes de los mayores de 80 años sean menores que las de los demás grupos de mayores de 50 años. Tenemos vacunas para seguir acelerando la vacunación contra el covid”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Twitter.

Las mayores cantidades de contagios acumulados las tienen Bogotá (870.533), Antioquia (506.913), Atlántico (260.242), Valle del Cauca (253.244), Cundinamarca (143.855) y Santander (118.631).

Este lunes, 🇨🇴Colombia recibió un nuevo lote de 546.390 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer, a través del mecanismo multilateral COVAX, que permitirán seguir impulsando el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en todo el territorio nacional. pic.twitter.com/r8JJbpJs96

— MinSaludCol (@MinSaludCol) May 17, 2021

El presidente Iván Duque ordenó en la noche de este lunes desplegar toda la máxima capacidad operacional de la fuerza pública para desbloquear las vías de todo el país, tapadas por manifestantes en el marco del paro nacional.

“En nuestro país existe el derecho constitucional a la protesta pacíficas”, manifestó el Presidente, quien pidió garantizar derechos humanos en las acciones que se tomen. “Tenemos que ser claros, hemos visto en nuestro país, bloqueos en vías, en carreteras que han afectado a millones de ciudadanos, a miles de campesinos que no han podido sacar sus alimentos. Este tipo de actividades son ilegales”.

🎥 #EnVivo | Declaración del Presidente de la República @IvanDuque. https://t.co/P3BCpr6yTO

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 17, 2021