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Formulan cargos contra 12 exdirectivos de Bioenergy, filial de Ecopetrol, por posible detrimento

La Procuraduría confirmó que los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra 12 exdirectivos de Bioenergy (2012-2017), filial de Ecopetrol, por presuntos hechos irregulares durante la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’, en Puerto López (Meta).

De acuerdo con el Ministerio Público, se podría haber generado un detrimento patrimonial cercano a $41.125 millones. Entre los exdirectivos que cobija esta medida están Juan Carlos Roa Márquez, Gloria Inés Cortés Arango, Adriana García Molano, Juan Felipe Múnera Yepes, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velásquez Restrepo.

Además, los exgerentes generales y exrepresentantes legales Aleck Santamaría De La Cruz, Rafael José Pitalagua Guerra y Rosa Catalina Santos Prada. “El ente de control cuestionó a los investigados la presunta omisión de solicitar la terminación o suspensión del contrato de suministro suscrito con Riopaila Castilla, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción, ocasionando con ello el pago de las indemnizaciones por la reprogramación en la producción de caña de azúcar”, dijeron a través de un comunicado.    

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Otro de los hallazgos que encontró la Procuraduría fue el posible detrimento patrimonial al pagar cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivados por Bioenergy, ni habían sido arrendados a Riopaila Castilla.

“En el caso de Santamaría De La Cruz y Rosa Catalina Santos Prada, el organismo de control reprochó un posible detrimento patrimonial por $2.393 millones, que podría haber sido ocasionado por presuntamente celebrar y solicitar aprobación ante la junta directiva de dos contratos suscritos con la empresa Tipiel, para la corrección de diseños, complementación de la ingeniería y apoyo técnico en campo”, dijo la Procuraduría.

En su investigación, el Ministerio Público también encontró inconsistencias en aumentos salariales. Se trata de un acuerdo con Santamaría De La Cruz, en el que presuntamente se dio un incremento de salario los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, a pesar de existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil por parte del Consorcio Menegua. Esto, según la Procuraduría, habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy por $4.000 millones.

Todas estas faltas fueron calificadas, según el organismo de control, como gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento. Por ahora se confirmó que los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.

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