El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó para comentarios el documento de política pública que, entre otras cosas, propone flexibilizar el mercado laboral para dinamizar el empleo formal en el país.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) presentó el borrador del documento de política pública para la reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente en el país el cual plantea, entre otras cosas, flexibilizar el mercado laboral colombiano y reducir la carga regulatoria para las empresas. Estas propuestas serían presentadas en 2021.

Antes de entrar en detalles, vale mencionar que dicha política busca que en el corto plazo el país pueda “retomar la ruta de desarrollo que estaba recorriendo cuando fue golpeado por la covid-19 y que, en el largo plazo, transite hacia un crecimiento más sostenible que además tenga la habilidad para responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto”.

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Aunque, como se mencionó previamente, la política pública tendrá varios ejes de trabajo, hay uno específico que trata de la reducción de la carga regulatoria para las empresas y las rigideces del mercado laboral donde se plantean más de 10 acciones.

Entre dichas acciones está presentar para 2021 “una propuesta para actualizar la legislación laboral actual teniendo en cuenta las dinámicas de la zona rural, las nuevas formas de empleo, incluido el teletrabajo, y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes; y para simplificar y reducir los costos del trámite de despido de trabajadores”.

En el borrador del Conpes se detalla que el alto costo en el despido de los trabajadores “representa barreras no sólo monetarias (que sugieren hasta un 8% sobre el valor del salario del empleo (Fernández & Villar, 2017)) sino también por la rigidez de sus trámites, que incluye en algunos casos solicitud de permisos ante el Ministerio del Trabajo”.

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También expone que se presentará una reforma al proceso de negociación y establecimiento del aumento del salario mínimo de manera que contemple poblaciones que al existir un salario mínimo se ven afectadas, como informales y desempleados.

Además, se propondrá eliminar los costos laborales no salariales relacionados con los aportes a salud del empleador y parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Sena y cajas de compensación familiar. Este ha sido uno de los puntos que más exponen los expertos cuando se habla de facilitar o disminuir el costo para generar empleo formal en el país.

Según el documento, “puesto que se calcula que un incremento del 1% en los costos no salariales estaría reduciendo en un 0,4% los niveles de formalidad (ANIF, 2015), es importante plantear ajustes que permitan reducir los costos de contratación de mano de obra formal (…) Los costos laborales no salariales en Colombia son mayores que en los demás países de la región y de la Ocde (Fernández & Villar, 2017)”.

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En línea con lo anterior, se explica que los costos de la nómina de los empresarios, que representan entre el 9% y el 22% de su utilidad bruta anual según el tamaño de la empresa (DNP, 2019), sumada a la contracción de demanda de bienes y servicios por la coyuntura actual, son unas de las posibles causas por las que se disminuye la probabilidad de crear y mantener empleos formales.

Otro de los puntos que se proponen en el borrador del Conpes es fortalecer las herramientas dispuestas en la Ley de Insolvencia Empresarial con especial énfasis en la reducción de los costos de cierre de las empresas con el fin de que estas dispongan de medidas más ágiles para su liquidación.

De otro lado, se buscará estimular el mercado de las compras públicas para lo que se expedirá un decreto en el que se establezca una tarifa diferenciada según el tamaño de la empresa con el fin de reducir la barrera de entrada que existe en dicho mercado, además, se simplificarán los requisitos necesarios para acceder a la contratación pública.