Para los expertos consultados por Forbes, entre las acciones de política pública que se requieren está unificar y aumentar los montos de las transferencias del Estado, además, rediseñar el sistema de protección social.
Esta semana el Dane entregó los resultados de pobreza monetaria para 2019 bajo una nueva metodología en la que ha venido trabajando junto a un comité de expertos en los últimos dos años. Entre sus principales ajustes está: la actualización en los patrones de consumo (captura el aumento del gasto en alojamiento de los hogares), se pasó de medir 2 canastas (urbana/rural) a 25 (23 ciudades capitales, 1 urbana, 1 rural), se incluye el consumo alimentario fuera del hogar, entre otros.
En otras palabras, dicha actualización metodológica hace mucho más exigentes las líneas de pobreza monetaria en el país. Por citar unos ejemplos, con la anterior forma de medir el indicador una persona se habría considerado el año pasado en pobreza extrema si ganaba menos de $123.043 y ahora la cifra asciende a $137.350 (abarca a más personas); por su parte, sería pobre si obtuviera menos de $267.0003, con la actualización sube a $327.674.
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Bajo este contexto, y entendiendo que al cierre de 2019 en el país había 17,5 millones de personas en condición de pobreza (661.889 más que en 2018) y 4,7 millones en pobreza extrema (728.955 más que en 2018), la gran pregunta es, ¿qué hacer para reducir esa cifra que en niveles prepandemia ya estaba creciendo?
Lo urgente
Como en todo, hay varias cosas por hacer, unas urgentes y otras importantes. Aunque esta clasificación podría variar desde el ojo que se mire, expertos consultados por Forbes coinciden que entre los principales desafíos está unificar los montos de los programas estatales, además de aumentar el valor de los giros. Ello, con un único objetivo, ‘paliar’ los altos niveles de pobreza.
Para Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, el giro del Ingreso Solidario debería ser de $330.000 y no de $160.000, “el monto (actual) es muy pequeño para ayudar a cubrir las necesidades básicas. Como la línea de pobreza aumentó, incluso sin que esta aumentara, el monto del programa ya era deficitario para la caída de los ingresos de los hogares. Con estas nuevas líneas, subirlo es lo más acertado”.
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El experto agregó que “la nueva metodología para medir la pobreza sumada a los efectos de la pandemia nos indican que en 2020 hay 10 millones de personas más en situación de pobreza (4 millones por la nueva metodología y 6 millones por la covid)”. Núñez agregó que la pobreza monetaria alcanzaría el 49% de la población para 2020, tras haber llegado al 35,7% en 2019.
Retomando lo expuesto, más allá de aumentar los montos de las transferencias de los programas sociales del Estado, Natalia Galvis Arias, consultora en política social, puso sobre la mesa que es momento de que el país aproveche la experiencia que ha adquirido en este tipo de esquemas de ayudas.
“Hoy lo importante es poder unificar el esquema nacional de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas porque es altamente probable que a la fecha tengamos unos hogares que estén sobresaturados de transferencias y otros que definitivamente no estén lo suficientemente cubiertos”, destacó Galvis.
Para entender un poco mejor lo anterior, la experta puso de ejemplo que en Colombia Mayor el giro es de $80.000, mientras que en Ingreso Solidario es de $160.00, “esos desequilibrios en los montos están generando desequilibrios en la protección social de los hogares pobres”.
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Sobre el último punto, Roberto Angulo, uno de los expertos que trabajó en los cambios metodológicos que hizo el Dane de los datos de pobreza, agregó que se debe unificar en una plataforma las transferencias de emergencia con un solo valor a la población pobre, cifra que además debe estar ajustada a la nueva línea de pobreza. Además, hay que aumentar la cobertura de estos apoyos, lo cual requeriría de mayor asignación de recursos del Estado.
Y en el corto-mediano plazo, ¿qué?
Natalia Galvis agregó que, en general, “se debe pensar en un sistema de protección social porque es la única manera que tenemos de poder cubrir hogares que hoy necesitan de la respuesta gubernamental“. Expuso que la necesidad a lo anterior se profundiza dado que con las nuevas cifras -altas previo a la crisis- resulta insuficiente la cobertura de hogares “con un sistema de protección que les permita acceder a algún tipo de ingreso”.
En palabras de Roberto Angulo, se requiere de una reforma tributaria para financiar un sistema de protección social que se ajuste a la nueva foto de la pobreza poscovid. Con ello se refiere a cuatro puntos específicamente: un sistema de aseguramiento en salud al que le va a ingresar más población al régimen subsidiado, mecanismos de subsidio parcial a vulnerables, red de seguridad y programas de empleabilidad y formación para el trabajo.
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En otros temas, Angulo destacó que se vienen más ajustes en la medición de la pobreza monetaria en el país. Sobre estos, dijo que tienen que ver con la conformación de los hogares y grupos etarios. Por ejemplo, se podrá capturar la heterogeneidad de los hogares dependiendo de la edad de sus miembros, “obtendríamos unas canastas que fueran sensibles a las conformaciones por edades”, también destacó cambios en la variable ingreso que permitiría “tener una mejor medida en temas como autoconsumo, en el ingreso de independientes e informales”.
Oportunidades tras las nuevas cifras
De acuerdo con Galvis, “la ventaja que nos trae para los diseñadores de política esta nueva metodología es que contamos con información de 25 dominios geográficos (…) De no haber implementado esta metodología seguiríamos disponiendo de información para tres dominios geográficos, y por lo tanto, diseñando política pública que desconoce las diferencias tan grandes que tiene el territorio nacional”.
Para ella, esto sirve para que haya una respuesta más coordinada entre los gobiernos local y nacional para estructurar políticas que ayuden a reducir la pobreza por ingresos, y “sobre todo, evitar que se siga deteriorando el indicador y que en 2020 tengamos muchísimos más pobres”.
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En palabras de Angulo, hay oportunidad de mejorar “en la medición de la pobreza rural, una que sea cada vez más acorde a los mercados laborales e ingresos del campo. Avanzamos mucho, hicimos muchos pendientes que había en ajustes técnicos a la metodología pero vienen otros más”. Por último, destacó que la siguiente ola de cambios que se avecinan en la medición va a culminar en el primer trimestre de 2022.