Las aerolíneas están expuestas a sanciones que van desde los 15 a los 450 salarios mínimos. La Superintendencia de Transporte advierte que continúa investigando las irregularidades y las afectaciones al consumidor.
Las cancelaciones de los vuelos, el cambio de itinerarios y la publicidad engañosa son tres de las varias razones por las cuales la Superintendencia de Transporte tiene bajo la lupa a las aerolíneas que operan en Colombia. Las quejas y reclamos aún no cesan, pese a que las empresas advierten que la reactivación del sector ha sido sostenible.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia, durante la pandemia se han recibido en total 8.323 denuncias. Los principales motivos, según advierten, son el cambio de itinerario, los reembolsos y la pérdida de equipaje.
“Todavía hay muchos usuarios que ponen queja porque no les devuelven el dinero. No se logran dar los reembolso efectivos, y se ponen los reclamos porque lo que dice la gente es que se va a perder la plata”, le explicó a Forbes el superintendente de Transporte, Camilo Pabón.
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El funcionario advirtió que son cinco las principales razones por las cuales hoy los viajeros ponen quejas. Destacó que ya se están adelantando las primeras investigaciones y argumentó que toda la entidad enfoca sus recursos en los problemas que se han generado a raíz de la pandemia. Uno de ellos: el descontento de los usuarios por los abusos de las aerolíneas.
Avianca es la empresa con el mayor número de quejas con un total de 2.200. Viva Air, por su parte, registra 2.100 reclamos, mientras que Latam está muy por debajo con 1.200 y Wingo con 400.
Las aerolíneas reconocen la situación y destacan que el reinicio de operaciones ha sido gradual. Avianca, por ejemplo, sostiene que la capacidad es reducida, por lo que se van ajustando los vuelos conforme se reciben los permisos de las autoridades.
“Es importante resaltar que el reinicio de la operación será gradual y a su vez el número de vuelos aprobados por las autoridades es limitado. Por tanto, la disponibilidad de sillas depende de la capacidad autorizada”, dijo la aerolínea, a lo que agregó: “Se recomienda a aquellos pasajeros con tiquetes confirmados que autogestionen su viaje en los demás canales de atención donde podrán conocer las frecuencias y disponibilidad existente”.
Y es que al superintendente no le convence este tipo de argumentos. La entidad en este momento trabaja en varias investigaciones con el objetivo de definir si se dieron o no irregularidades. “En la Superintendencia tenemos dos tiempos: los casos que venían anteriores a la pandemia, que están suspendidos (…) Estos casos que venían de antes, ya están próximos a tener un fallo, pues vamos a levantar los términos en una o dos semanas. Esos casos estarían fallandose a comienzos del mes entrante”, dijo Pabón
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Y añadió: “De los casos y denuncias que se han generado durante la pandemia, entre el momento que se abre un caso ya sea sancionatorio o absolutorio, pasan normalmente ocho meses. Por eso estaríamos fallando en marzo”.
Las sanciones
La regulación colombiana establece multas que van desde 1 a los 2.000 salarios mínimos, los cuales, “mal contados”, dice el Superintendente, pueden ser $1.800 millones. Sin embargo, para este tipo de casos las multas podrían estar entre los 15 y los 450 salarios mínimos.
Aunque aún no se tienen claras cuáles serían dichas sanciones para las aerolíneas, el funcionario advierte que ya hay varias pruebas en la entidad que comprueban algunas afectaciones al consumidor.
Se prevé que en todo este proceso de investigación el Gobierno se tardará hasta máximo nueve meses. Así, a más tardar en junio, se podrá definir las responsabilidades de las empresas y las reglas que se vulneraron en esta pandemia.