Entre finales de octubre e inicios de noviembre se conocería la decisión de la acción de tutela interpuesta por 24 mujeres (migrantes y trabajadoras domésticas) con apoyo del centro de estudios de derecho, Dejusticia.

El centro de estudios de derecho, Dejusticia, apoyó a 24 mujeres en condiciones críticas de pobreza para interponer una acción de tutela contra el Gobierno (Presidencia, Dirección Nacional de Planeación y Prosperidad Social) porque el programa Ingreso Solidario creado en medio de la crisis, estaría siendo excluyente.

Entre las mujeres accionantes hay 15 migrantes y nueve trabajadoras domésticas. “A pesar de que todas necesitan un ingreso mínimo para garantizar la comida, el techo y la supervivencia de sus familias, no han sido incluidas en el Programa Ingreso Solidario (PIS) -el subsidio de $160.000 mensuales que creó el Gobierno para los hogares más pobres durante la pandemia-“, explicó el centro de estudios.

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Dejusticia además expone que encontraron algunas fallas en este programa “que estarían ocasionando la exclusión de casi 1 millón de hogares que necesitan de este subsidio para sobrevivir al hambre en la
pandemia”. Para sacar esa cifra, el centro de estudios dijo que lo hicieron con base en cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), según el cual el 89% de los hogares vulnerables está recibiendo al menos una transferencia social durante la pandemia.

En línea con lo anterior, explicaron que ello sería equivalente a que “11% de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad no está recibiendo ninguna ayuda monetaria del Estado, lo que equivale a 971.205 hogares. Al multiplicar esto por el número de personas en promedio por hogar (que según el censo de 2018 es 3,1) el resultado son 3’010.735 personas”.

Algunos de los casos

Entre las historias que representa Dejusticia está la historia de Luz Nereida, quien ejercía el trabajo doméstico hasta inicios de la cuarentena y requiere el apoyo. Es madre soltera y de sus ingresos dependen económicamente sus tres hijos y un sobrino, dos de ellos en situación de discapacidad. Hoy no cuenta con un ingreso mínimo para sostener a su familia.

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También está el caso de Meilyn. Ella migró hace dos años desde Venezuela con sus dos hijas y su madre, quienes dependen de lo que Meilyn consiga pintando uñas a domicilio. “Con la pandemia, el trabajo se volvió muy esporádico y ahora solo comen dos veces al día, como el 74% de las personas migrantes que, según una encuesta del Grupo Internacional sobre Flujos Migratorios Mixtos, se privaron de al menos una comida diaria en los meses más críticos del confinamiento”, resalta Dejusticia.

Posibles fallas en el programa

Analizando los casos que representó el centro de estudios, explicaron que encontraron algunas fallas en el diseño e implementación del programa. Para ellos, los criterios para escoger a las personas beneficiarias no son claros ni públicos.

Añadieron que hay distintas barreras para acceder al programa. La primera, el requisito de estar debajo de cierto puntaje en el Sisbén, pues existen trabas para que se aplique la encuesta o se actualice el puntaje. “Este es el caso de algunas mujeres migrantes que entrevistamos, quienes tenían un puntaje que no las ubicaba en los sectores más pobres antes de la pandemia, pero que vieron un deterioro en sus condiciones de vida con el aislamiento”, dijo Dejusticia.

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En la acción de tutela, las mujeres le piden al Gobierno que las incluya en el Ingreso Solidario de manera urgente y así garantice sus derechos al mínimo vital, la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda, el acceso a servicios públicos, la seguridad social, la información y la igualdad.

“También le piden al juez que ordene al Gobierno publicar los criterios de selección para acceder a este programa y corregir las fallas institucionales en este procedimiento”, detalló Dejusticia.

Encuentre la tutela aquí.