La Comisión Séptima del Senado archivó este jueves el proyecto que ya había sido aprobado en Cámara y buscaba permitirle a miles de personas cambiar régimen pensional sin ninguna restricción durante seis meses. La medida habría tenido un costo fiscal superior a los $26 billones, según Minhacienda.
Con seis votos en contra y cinco a favor de la iniciativa, la Comisión Séptima del Senado no le dio el visto bueno al proyecto de ley que buscaba permitir el traslado exprés de régimen pensional de un segmento de trabajadores, sin ninguna restricción durante seis meses.
El articulado ya había obtenido el aval de la Cámara de Representantes, razón por la que pasó a discusión del Senado hace un mes. Sin embargo, en ese momento no se votó porque se decidió crear una subcomisión para evaluar la pertinencia de la misma, la cual como se mencionó, este jueves fue archivada.
Para poner en contexto, la norma pretendía cobijar a los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47, que hubieran cotizado un mínimo de 750 semanas. Entre las restricciones que existen en el sistema está que las personas, actualmente, a las que le quedan menos de 10 años para recibir su pensión, no pueden cambiar de regímenes. Es decir, los hombres pueden trasladarse de sistema máximo hasta los 52 años y las mujeres hasta los 47.
Lea también: Traslado exprés a Colpensiones afectará las finanzas públicas: Minhacienda
Cálculos del Gobierno indicaban que la medida era inapropiada y tendría un costo fiscal alto, que según el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, superaría los $26 billones. En el debate pasado sobre este tema, el funcionario había dicho que “es un costo fiscal que no es menor, son recursos fiscales mal focalizados, no son unos que vayan a las personas más pobres de la población colombiana, son unos que van hacia la parte más alta de los deciles de la distribución del ingreso”.
Sobre este mismo proyecto, estimativos de la vicepresidencia de Estudios Económicos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) indican que, en el largo plazo, el costo neto para el Estado sería de, al menos, $64,8 billones.