El fallo no entrará en vigor hasta después de las elecciones del 3 de noviembre, donde los votantes podrán respaldar una excepción a las empresas de transporte compartido.

Un tribunal de apelaciones de California confirmó el jueves una orden judicial contra Uber y Lyft y pidió a las empresas de transporte privado que clasificaran a sus conductores como empleados bajo la ley de California.

No obstante, en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, los votantes podrán participar de una especie de referendo, respaldado por las dos compañías, que podría eximirlas de la ley laboral del estado.

  • En un fallo de 74 páginas, el tribunal confirmó una orden judicial preliminar contra las dos empresas que se emitió en agosto, requiriendo que Uber y Lyft clasificaran a sus conductores como empleados en lugar de contratistas independientes.
  • El panel de la corte de apelaciones de tres jueces dijo en el fallo que no vieron ningún “error legal” en la orden judicial del tribunal de primera instancia.
  • Ambas compañías están considerando nuevas acciones legales, incluida una apelación ante la Corte Suprema de California, informó el San Francisco Chronicle.

La ley que reclasificaba a los trabajadores subcontratados como empleados con protecciones de salario mínimo y beneficios laborales, entró en vigor en enero. Pero Uber y Lyft se han negado a cumplir con la ley, argumentando que simplemente están proporcionando una plataforma tecnológica y no son una empresa de transporte en sí misma, mientras que los cambios en sus prácticas comerciales según la ley serían costosos.

Ambas compañías han respaldado una medida de votación, la Proposición 22, que eximiría a Uber, Lyft y otras compañías de economía de trabajo temporal de esa ley. Si se aprueba la medida en la boleta electoral, es probable que las empresas argumenten que la nueva ley prevalece sobre el fallo del jueves. S

i bien las empresas de transporte privado afirman que los conductores quieren seguir siendo autónomos, tanto Uber como Lyft han sido criticados por los funcionarios de California, incluido el fiscal general estatal Xavier Becerra, por no brindar protección y beneficios adecuados a los trabajadores de las plataformas, particularmente en medio de la pandemia.

La cifra

US$189 millones. Esa es la cantidad total de dinero que Uber, Lyft y las plataformas de entrega de alimentos en línea Instacart, Postmates y DoorDash han gastado para respaldar la medida electoral de la Proposición 22, según el sitio web del Secretario de Estado de California. Eso la convierte en la medida electoral más cara que haya visto el estado.

A diferencia de la ley A.B. 5, que clasifica a los trabajadores subcontratados como empleados con beneficios completos, la Proposición 22 ofrecerá beneficios limitados a los trabajadores calificados. Esto incluye el 120% del salario mínimo local y un estipendio para el seguro médico para quienes trabajan más de 15 horas a la semana. Pero los beneficios solo se calculan en función de las horas dedicadas a conducir y realizar entregas y no cuentan el tiempo dedicado a esperar pasajeros o pedidos.

“Este fallo hace que sea más urgente que nunca que los votantes apoyen a los conductores y voten sí a la Propuesta 22”, dijo un portavoz de Lyft en un comunicado a The Verge. Uber le dijo al San Francisco Chronicle que probablemente tendrá que cerrar los viajes en gran parte del estado, “dejando sin trabajo a cientos de miles de californianos” si los votantes no votan a favor de la Proposición 22.

Por: Siladitya Ray | Forbes Staff