La segregación de recursos con destinación exclusiva al desarrollo de infraestructura sostenible es un movilizador determinante. Análisis de Carolina Duque, socia de Baker McKenzie.
Por: Carolina Duque*
“¡el hombre con soluciones para todo! No hay evento al que se enfrente sin soluciones. Únicamente no se procurará escapatoria del Hades. En cambio, tiene ya concebidos medios de escapar a enfermedades hasta ahora incurables” canta el coro en Antígona escrita por Sófocles en el 442 A. de C. Casi 2.500 años después, el mundo nuevamente intenta hacer esas palabras realidad. Además de los esfuerzos por encontrar una vacuna contra el Covid-19, se ha venido tejiendo un nuevo contrato social global que tiene por objeto construir un futuro sostenible para todos y que demanda recursos por trillones de dólares anuales.
Uno de los pilares de ese nuevo contrato cuya importancia ha quedado una vez más en evidencia con ocasión de la pandemia, consiste en desarrollar infraestructura sostenible que sea capaz de soportar cualquier desastre, incluyendo los causados por las variaciones del clima. “Ignorar simplemente el cambio climático no es una opción”, reconoce el Banco Mundial en un informe publicado en el 2017 sobre la importancia de mejorar la resiliencia climática de las vías y puentes en África.
El Gobierno Nacional, en un esfuerzo por contrarrestar los impactos de estos fenómenos en la infraestructura de transporte, incorporó en el programa de 4G la construcción de más viaductos, túneles y puentes y para 5G, además, previó expresamente la ejecución de programas de mitigación y adaptación al cambio climático que pueden ser financiados por entidades cooperantes, creando el espacio para diseñar nuevos mecanismos financieros.
Con ocasión de la circular de bonos verdes expedida por la Superintendencia Financiera, se ha abierto también el espacio para hacer emisiones en el mercado de capitales para financiar proyectos con el fin de mitigar impactos negativos al medio ambiente o adaptarse a sus efectos. Este instrumento es perfectamente compatible con infraestructura que debería, además, monetizarse mediante tasas más bajas e inversiones más responsables. Blended finance es otra alternativa para desarrollar infraestructura sostenible que viene creciendo principalmente en África Subsahariana. Según la OECD, es el “uso estratégico de financiamiento de desarrollo para la movilización de financiación adicional destinada a los objetivos de desarrollo sostenible en los países en desarrollo”, siendo el sector de energía renovable uno de los más beneficiados con este tipo de mecanismo que, hasta diciembre del 2018, había recibido USD$535 millones de dólares bajo esta modalidad.
La segregación de recursos con destinación exclusiva al desarrollo de infraestructura sostenible es un movilizador determinante. 8 de las bancas multilaterales más importantes del mundo, como IDB, CAF y el Banco Mundial, desde el 2012 públicamente comprometieron recursos por $175 billones de dólares en países en desarrollo para estos fines. A nivel de fondos también se vienen presentando importantes desarrollos en esta materia. Por ejemplo, WaterEquity es un gestor de fondos que se dedica exclusivamente a terminar con la crisis sanitaria y de agua en mercados emergentes, utilizando recursos financieros y del sector privado.
La necesidad está creada, la meta ha sido fijada, el compromiso es global y la pandemia nos ha dado otra oportunidad; el trabajo está por hacerse.
*La autora es socia de Banca y Finanzas de Baker McKenzie.
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