¿Por qué la Procuraduría dice que el fracking no es compatible con principios de la Constitución?

En medio de la convocatoria que adelanta el Gobierno Nacional para seleccionar a las empresas que harán los proyectos pilotos de investigación en yacimientos no convencionales (YNC), la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado anual la reglamentación para hacer fracking comercial en Colombia.

La solicitud del ente de control obedece a que, según advierten, el fracking en el país no es compatible con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución. Por eso, se le pidió que declare nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

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“Considera el Ministerio Público que teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales”, advierte la Procuraduría.

Añadió que se debe aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medio ambiente, en especial, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica.

Incluso, dijo el Ministerio Público, se podrían dar datos irreversibles, “teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica”.

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La Procuraduría, a cargo de Fernando Carrillo, también destacó que el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 son contrarios a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución. “A juicio de esta Delegada, en el caso que nos ocupa debe aplicarse el principio de precaución, pues ha de priorizarse la protección al medio ambiente, en especial, el recurso hidrográfico que se compromete con este tipo de práctica”, dijeron.