La Unidad de Regulación Financiera (URF) publicó su propuesta de agenda normativa para 2021 en la que contempla, mediante diversos mecanismos, promover la transformación del ahorro y la inversión, fomentar la inclusión financiera, entre otros.

La Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda publicó su propuesta de agenda normativa para 2021 que busca continuar trabajando en cinco puntos clave: promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión, fomentar la inclusión financiera, consolidar la seguridad y estabilidad financiera, impulsar el acceso al sistema de pagos, y fortalecer el marco institucional del sistema financiero.

Son al menos 15 líneas de ajustes regulatorios o acciones normativas que se contemplan en el documento mediante el cual se destaca también que los desafíos del 2020 “ha hecho evidente la necesidad de contar con un mercado de capitales y un sistema financiero robusto y dinámico, acorde con el contexto de transformación digital y tecnológico que sirva como motor de crecimiento económico y generador de bienestar social”.

Vale decir que el documento en mención se encuentra para comentarios hasta el 20 de noviembre, razón por la que el contenido que se expondrá a continuación podría variar.

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Algunos de los cambios planteados en el documento

  • Sandbox regulatorio en la Alianza del Pacífico: se evaluará la posibilidad de estructurar una iniciativa de sandbox regulatorio de la región, partiendo de los avances de cada uno de los países y con el apoyo técnico del BID.
  • Open banking y portabilidad de cuentas: se estudiará la posibilidad de expedir un decreto que promueva la implementación de un esquema de arquitectura financiera abierta bajo una aproximación voluntaria y la fijación de estándares que favorezcan la implementación del concepto de portabilidad financiera. Busca promover la innovación y modernización del marco regulatorio de los servicios financieros con el fin de dotar a los consumidores de mejores herramientas para la toma de decisiones y mejorar su experiencia con las entidades financieras.
  • Seguros inclusivos y paramétricos: dado que un mejor y mayor uso de seguros ayuda a reducir los indicadores de pobreza, promueve el desarrollo económico y social, resulta pertinente realizar un estudio con el fin de determinar la necesidad de desarrollar ajustes regulatorios encaminados a aumentar el acceso a seguros inclusivos (microseguros y seguros masivos). Además, se adelantarán cambios regulatorios que vayan de la mano con los avances tecnológicos. Se revisará la necesidad de realizar ajustes en el marco regulatorio.
  • Ajustes institucionales para una mayor inclusión y educación financiera: la arquitectura y arreglo institucional actual aún presenta debilidades frente a la planeación y ejecución coordinada de acciones que impiden tener un mayor impacto sobre las políticas de inclusión y educación financiera. Se expedirá una regulación que busque mejorar y fortalecer esta institucionalidad y que permita alcanzar los objetivos planteados.
  • Homologación de actividades del mercado de valores: con esta reglamentación se estandarizarán las reglas de las actividades y operaciones del mercado de capitales con función económica similar, con independencia de la licencia bajo la cual se realicen. Ello tendrá por objeto eliminar arbitrajes regulatorios existentes y promover la competitividad.
  • Capitales mínimos y licenciamiento modular: se establecerán las características generales que deberán ser observadas para el licenciamiento modular, todo ello con un elemento central constituido por la necesidad de que las actividades y operaciones autorizadas a las entidades sean proporcionales a los capitales mínimos, parámetros patrimoniales técnicos, prudenciales y de solvencia, los cuales deberán ser definidos en consideración a las actividades a ser desarrolladas por cada entidad.

Para entender mejor lo anterior, vale decir que el sandbox regulatorio para el sector financiero en Colombia fue reglamentado bajo el decreto 1234 en septiembre de este año. Dicho mecanismo busca que las empresas innovadoras tengan espacios de experimentación que permitan operar temporalmente bajo ciertas reglas (límite de usuarios y tiempo) para ofrecer el producto. 

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Es decir, permite que de manera regulada se prueben productos y desarrollos tecnológicos previo a ofrecerse masivamente. Así las cosas, el sandbox regulatorio en la Alianza del Pacífico escalonaría esta herramienta a un ámbito regional.

Sobre la portabilidad de cuentas, en otras palabras, se buscaría que así como ocurre la portabilidad de operadores móviles que permite cambiar de compañía de telefonía sin mayores fricciones, con la portabilidad financiera los usuarios puedan pasar de una entidad a otra sin tantos problemas.

Para el caso del open banking, la política pública para el desarrollo financiero 2020-2025 presentada por el Gobierno Nacional en octubre lo describió como el mecanismo bajo el cual “los consumidores autorizan al banco o a las entidades financieras en general, a compartir sus datos financieros con otras entidades financieras o con terceros para que éstos les suministren otros servicios, financieros o no, diseñados según las particularidades de cada cliente, dándole una mayor eficiencia al mercado e imprimiendo dinamismo a la economía digital”.

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Respecto a la homologación de actividades del mercado de valores, la definición de nuevos capitales mínimos y el licenciamiento modular, Edwin Zacipa, experto en fintech, dijo que dichas acciones de trabajo regulatorio serán claves “para que se desarrolle el ecosistema de wealthtech (la industria de la gestión de inversiones y activos) en Colombia y el surgimiento de nuevos negocios digitales especializados en la distribución, administración y custodia”. 

En palabras de Zacipa, el wealthtech “es el subsector fintech que transforma la forma en cómo se gestionan las inversiones, ahorros, activos y patrimonios a través de canales digitales”.