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Política

Congreso peruano destituyó al presidente Martín Vizcarra

Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014), superó el número de apoyos que exige la Constitución.

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Martín Vizcarra, presidente de Perú. Foto: EFE.

El Congreso de Perú depuso este lunes al presidente Martín Vizcarra, después de que el pleno del Parlamento lo declarara “incapaz moral”, en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución.

Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014), superó el número de apoyos que exige la Constitución (87 sobre 130 diputados) y automáticamente abrió el paso para despojar al mandatario de su poder.

La resolución parlamentaria declaró la “permanente incapacidad moral del presidente” y por tanto “la vancancia de la Presidencia de la República”.

En consecuencia, se aplicará “el régimen de sucesión establecido en la Constitución”, que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero.

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Así, ahora la responsabilidad del cargo de Presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del grupo político de Acción Popular.

Esta decisión del Congreso resultó sorpresiva, pues si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, todo parecía indicar que estaban aún lejos de llegar a sumar los votos necesarios para la vacancia, como se conoce en Perú este proceso.

Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia.

“No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (…) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, dijo Vizcarra.

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Congreso hostil

Sin embargo, el Congreso, desde prácticamente todas las bancadas, se mostró desde un inicio muy hostil al mandatario, que fue acusado de “mentiroso”, “inmoral”, “corrupto” y de ser de hecho el responsable de toda la inestabilidad política que vive el país.

También fueron constantes las declaraciones de los diputados que indicaron que ellos votarían “por el país” y sin considerar “cálculos políticos” ni “presiones mediáticas”, referencias todas a los pedidos a la calma y la responsabilidad que medios de comunicación, gremios empresariales y asociaciones de la sociedad civil pidieron a los congresistas ante el riesgo que podría suponer para la estabilidad del país la caída del Poder Ejecutivo.

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El debate demostró así la absoluta soledad política del mandatario, que no contaba con ninguna bancada oficialista en la cámara y a quien incluso los diputados que votaron por mantenerlo en el poder consideraron responsable de los actos por los que es acusado.

EFE

Economía y Finanzas

El 82% de los colombianos no votaría por políticos que apoyen la tributaria

Así lo detalla una encuesta de cultura tributaria desarrollada por Cifras y Conceptos. El 76% de los encuestados dice que no está dispuesto a pagar un impuesto adicional para contribuir a los programas de solidaridad por la pandemia.

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Foto Registraduría

Este martes se conocieron los resultados de la medición de la encuesta Polimétrica -módulo cultura tributaria- que desarrolló Cifras y Conceptos en la que, como su nombre lo indica, se hace un pulso a la opinión de los colombianos frente a la reforma tributaria que se avecina, denominada ‘Solidaridad Sostenible’.

Tras un año complejo por la pandemia del coronavirus, muchos ciudadanos no tienen la mejor percepción sobre la tributaria con la que el Gobierno espera recaudar $23,4 billones en el mediano plazo para estabilizar las finanzas públicas haciendo ajustes en el IVA, renta de personas naturales y personas jurídicas. Además, se busca fortalecer los programas sociales creados en la crisis como Ingreso Solidario y el programa de apoyo al empleo formal (Paef), entre otros.

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Entre los principales hallazgos de la encuesta de Cifras y Conceptos está:

  • El 82% de los encuestados no votaría por políticos que apoyen la reforma tributaria de 2021.
  • Los que más apoyarían a alguien que vote sí a la reforma son de partidos de la coalición de Gobierno, en el caso contrario están los de la oposición.
  • En Barranquilla, Manizales y Medellín está la mayoría de personas que dice que sí votaría por un político que haya apoyado la tributaria, mientras que donde menos los apoyarían sería en Bogotá, Cali y Santa Marta.
  • El 79% de los encuestados cree que en Colombia se pagan menos impuestos que en otros países.
  • El 55% acepta no recibir facturas si le cobran de menos.
  • La mayoría de los encuestados (35%) percibe que la tributaria se necesita principalmente por todos los beneficios de impuestos que se le ha dado a las empresas y personas de altos ingresos.
  • El 76% de los encuestados dice que no está dispuesto a pagar por un impuesto adicional para contribuir a los programas de solidaridad por la pandemia.
  • El 75% no está dispuesto a pagar un impuesto adicional así eso le garantizará que mantendrá su ocupación actual.

En la ficha técnica se detalla que el tamaño de la muestra fueron 4.867 encuestados distribuidas en nueve ciudades y un departamento, se estima que entre los participantes hay un total de 7,6 millones de votantes activos. El módulo de cultura tributaria contó con la colaboración del Observatorio Fiscal de la Javeriana y se realizó para Caracol Radio.

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Política

Elecciones en Perú: aumentó la fragmentación política

Especialistas señalan que la gobernabilidad del país sería muy complicada para el ganador del balotaje que se llevará a cabo en junio.

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Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos que irían a la segunda vuelta. Fotos: Reuters.

Por: Hugo Flores | Forbes Staff

Las recientes elecciones generales de Perú, que se llevaron a cabo el domingo 11 abril, han sido bastante particulares. No solo porque se realizaron en medio de una terrible crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, sino porque sus resultados evidenciaron que el país andino experimenta una severa fragmentación política.

Con más del 92% de las actas electorales procesadas, los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta serían Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre con alrededor de 18% de los votos, y Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular y quien habría alcanzado poco más de 13% de los votos. Aunque no es atípico que Perú tenga una segunda vuelta, el hecho de que la suma de los votos de ambos políticos superase a duras penas el 30%, revela que ninguno tiene una amplia espalda política y un apoyo mayoritario. De hecho, en las elecciones de los últimos años, los dos candidatos que pasaban a la fase de balotaje sumaban más del 50% o 60% de los votos.

“La definición por un candidato ha sido muy baja en comparación con elecciones anteriores”, destaca Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Justamente, los resultados oficiales indican que los candidatos ubicados en el tercer, cuarto y quinto puesto también tuvieron una importante acogida y una diferencia no tan amplia con el segundo lugar.

Otro dato relevante es que el Congreso volvería a contar con un amplio número de bancadas –por lo menos ocho– y ninguna sería mayoría. “Será un Congreso bastante fragmentado, en donde será sumamente relevante que se trabaje en concesos y bloques”, señala Ames. De acuerdo con el analista político Juan de la Puente, las elecciones también han revelado una escasa capacidad del sistema político peruano para generar estabilidad y unidad. “Solo ese hecho implica un fracaso para la democracia peruana”, dice De la Puente.

Dos caminos políticos

El espectro político en el cual se mueven los dos candidatos es distinto. Keiko Fujimori, excongresista y para quien la fiscalía de Perú ha pedido 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos, es una candidata vinculada con la derecha conservadora.  Por su lado, Pedro Castillo, profesor y dirigente sindical, es un candidato ligado a la izquierda más radical. Él, que ganó popularidad en las últimas dos semanas según varias encuestas, se inscribió el año pasado en el partido Perú Libre, el cuál es liderado por Vladimir Cerrón, un exgobernador regional condenado por corrupción.

En este escenario, a diferencia de otros procesos electorales, los especialistas ven muy difícil que alguno de los candidatos se mueva al centro del espectro político para ganar más votos en la segunda vuelta, como pasó con Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011. “Lo que queda claro es que vamos a tener una segunda vuelta entre alguien que representa a la izquierda o el cambio del modelo económico y una fuerza que defiende ese modelo económico”, comenta Ames.

Para Luis Benavente, especialista en comunicación política, la segunda vuelta será una pelea política muy reñida. “Se va activar el antifujimorismo, el cual es muy fuerte y profundo en el Perú. No se había activado porque no se veía a Keiko Fujimori como una amenaza. Pero hay un factor que va a frenar una parte del antifujimorismo. Ese es el riesgo de las políticas que ha propuesto Pedro Castillo. Muchas personas no quieren una economía estatista y restricciones de las libertades individuales”, menciona Benavente

El protagonismo del voto conservador

Este proceso electoral también estuvo marcado por el protagonismo del voto conservador. Los tres candidatos de derecha que se ubicarían en el segundo, tercer y cuarto lugar son conservadores. No obstante, Pedro Castillo, también ha mostrado ser un político conservador en lo social, ya que se ha mostrado en contra de temas como el aborto y el enfoque de género en la educación.

“El progresismo es el principal perdedor de estas elecciones. Es un movimiento y un discurso nuevo en el Perú, un país muy conservador respecto a otros de Sudamérica”, explica Alexandra Ames, de la Universidad del Pacífico. Para la académica, en el Perú no solo hay un voto asociado a la derecha e izquierda, sino también un voto que se comporta según su afinidad o rechazo con el conservadurismo. En este contexto, los expertos consideran que ninguno de los candidatos bajaría el tono conservador de su discurso para la segunda vuelta.

El balotaje se llevará a cabo el próximo 6 de junio. La posibilidad de que los dos candidatos generen alianzas políticas hasta esa fecha no está descartada. No obstante, los especialistas coinciden en que, más allá de quien resulte ganador, la Gobernabilidad del país se vería seriamente afectada por la fragmentación política, ya que ella dificultaría que se tomen decisiones sobre la situación sanitaria y económica.

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Actualidad

Reducir el Congreso y la JEP, entre las propuestas de Tomás Uribe

En palabras del hijo del expresidente Uribe, “se necesita austeridad radical. La tragedia deja una tragedia social que pone en riesgo la democracia (…) Se necesita generosidad de quienes más tienen. Pero primero se requiere ahorro del estado.”.

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Tomás Uribe.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, se unió al debate que se ha dado recientemente en el país sobre la necesidad de reducir gastos y aumentar ingresos. Uribe lanzó sus propuestas en materia económica en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado Colombia por la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Tomás habló de la necesidad de avanzar hacia una “austeridad radical”. Agregó que “la pandemia deja una tragedia social que pone en riesgo la democracia. 40% de la población en situación de pobreza, con posibilidad de subir al 50% si no se hace nada”.

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El hijo del expresidente añadió que “se necesita generosidad de quienes más tienen. Pero primero se requiere ahorro del Estado”. A renglón seguido explicó que “cada congresista cuesta $2.500 millones al año. Reducir 30% el congreso permite financiar la alimentación escolar para un millón de niños. Reducir 30% la JEP financia la alimentación de otros 500.000 niños”.

Hay que recordar que en Colombia hay actualmente 180 los congresistas, de los cuales 172 están en la Cámara de Representantes y 108 en el Senado de la República.

Además de proponer reducir el Congreso de la República y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo que es necesario eliminar las altas consejerías, “las burocráticas agencias creadas por el gobierno anterior y fusionar ministerios”.

Por último, “la austeridad genera confianza al contribuyente y a las calificadoras. Menos gasto y menos burocracia conllevan a menos corrupción”.

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Senadora Cabal desprestigia premios India Catalina por galardón a ‘Matarife’

La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que “los “premios” terminan, en éste universo material, degradados por todos los vicios y defectos humanos”.

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Foto: Senado de la República.

La senadora, María Fernanda Cabal, criticó fuertemente los premios India Catalina que se celebran cada año en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena para premiar los contenidos audiovisuales del país.

Entre los galardonados de la más reciente edición de los premios estuvo la serie documental web ‘Matarife’ del periodista, escritor y abogado colombiano Daniel Mendoza. Este producto narra hallazgos periodísticos en los que se relaciona la vida del expresidente, Álvaro Uribe, con mafias en el país.

Ante el reconocimiento a ‘Matarife’, la serie que se llevó dos galardones: mejor producción de serie documental y mejor producción online, la senadora Cabal arremetió contra los premios a través de su cuenta de Twitter.

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El mensaje de la senadora en su red social fue el siguiente: “Los “premios” terminan, en éste universo material, degradados por todos los vicios y defectos humanos hasta el punto de galardonar una porquería como Matarife; y, de paso, a un acosador sexual expulsado de un Club (el Nogal)”.

Agregó que “el premio india Catalina es hoy para degenerados y resentidos”.

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Actualidad

Proyecto de ley busca dar beneficios tributarios a empresarios que contraten pospenados

El proyecto, liderado por la Fundación Acción Interna y los congresistas Katherine Miranda y Edward Rodríguez establece que si el 1 % de la nómina de una empresa está conformada por personas que hayan cumplido una condena en la cárcel, esta solo pagará el 80 % de algunos aportes tributarios.

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La fundación Acción Interna, en cabeza de su directora Johana Bahamón, lidera el proyecto de ley que fue radicado ante el Congreso de la República este miercoles, que busca promocionar e incentivar el trabajo para las personas que hayan pagado condenas en la cárcel.

La iniciativa contempla beneficios tributarios y económicos para las empresas que permitan la contratación de personal pospenado y faciliten la reinserción de los centenares de hombres y mujeres que han cumplido sus condenas y buscan reincorporarse de nuevo a la sociedad.

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Los Representantes Katherine Miranda de la Alianza Verde, Edward Rodríguez del Centro Democrático y diez congresistas más de las diferentes bancadas son los autores del proyecto. Este, será discutido en los próximos meses, y establece, entre otras cosas, que las compañías que contraten a personas con esta condición tendrán beneficios en el pago de parafiscales, con aportes correspondientes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Además, se propone que si la contratación de trabajadores que hayan cumplido su condena representa el 1 % de la nómina, la empresa solo pagará el 80 % del valor total de los aportes mencionados en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 %.

Según Johana Bahamón, la ley permitirá desestigmatizar y generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría “no han tenido ni la primera oportunidad”. Por su parte, la Representante Katherine Miranda aseguró que el proyecto de Segundas Oportunidades es un paso en la dirección correcta para una verdadera rehabilitación, y para que los individuos que ya cumplieron sus condenas puedan ingresar a un trabajo que les permita recuperar la vida en familia.

De acuerdo con las estadísticas, de de los miles de presos que hoy se encuentran en las cárceles de Colombia, los que más delinquen están en un rango de edad entre 25 y 29 años, y la mayoría de ellos no han terminado el colegio. Estos son quienes tienen mayor probabilidad de caer en acciones criminales, mientras que los que tienen educación técnica, tecnológica y profesional tienen menor probabilidad.

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