El Gobierno de Colombia expresó este sábado su rechazo por la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra hoy en Ciudad de México.

“El Gobierno de Colombia, al igual que otros países que han desconocido el poder de facto que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 (…), expresa su rechazo a la participación del mismo en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC”, aseguró la Cancillería colombiana en un comunicado.

Maduro llegó de sorpresa el viernes a México, donde lo recibió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en una cita que no había sido confirmada hasta el último minuto, para intervenir en la reunión de hoy.

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El Gobierno de Colombia, uno de los más fieles opositores al Gobierno de Maduro en la región, considera que el presidente venezolano “se ha apartado de los principios democráticos, el respeto de las libertades ciudadanas y observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos”.

La Cancillería colombiana subrayó que apoya “los esfuerzos necesarios que conduzcan al pronto retorno a la democracia” y su oposición a la “existencia de regímenes autocráticos en territorios vecinos que pueden llegar incluso a amenazar la soberanía territorial, por su connivencia con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado”.

Durante su intervención en la cumbre Maduro defendió “una nueva institucionalidad” de la Celac, volviendo a momentos anteriores en los que había “un diálogo interregional muy valioso”.

México ha sido la sede de dos rondas de negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana por la crisis que vive el país caribeño.

Este sábado, los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac se reúnen en la capital mexicana para profundizar en la lucha conjunta contra la pandemia y debatir sobre una eventual transformación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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A las tormentas tropicales se suman las políticas. Las aguas del Caribe son turbulentas. Y viejas pugnas, con raíces históricas, siguen levantando olas. Como la que lleva nuevamente a Nicaragua y Colombia a La Haya, para dirimir sus divergencias relativas a una zona del mar Caribe en la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya fijó la delimitación, en un fallo de 2012. En esa ocasión se ratificó la posesión colombiana del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero los nuevos límites marítimos establecidos significaron para Colombia la pérdida de más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar.

El asunto no terminó ahí. Colombia no desconoció oficialmente el veredicto, pero el entonces presidente, Juan Manuel Santos, afirmó que no se podría aplicar hasta que se suscribiera un tratado con Nicaragua, remitiéndose a disposiciones de la Constitución.

Luego, Colombia tomó la decisión de crear una “zona contigua integral”, que concibe las aguas del archipiélago como un todo, lo que Nicaragua rechazó, argumentando que esa zona se superpone a áreas que le fueron adjudicadas en 2012.

Demandas y contrademandas

 “Existe una sentencia, que es inapelable”, afirma Julio Icaza Gallard, abogado y exembajador de Nicaragua en la Organización de las Naciones Unidas. Y subraya que “Colombia, hasta hoy, se ha negado a reconocer este fallo, lo que ha generado una serie de incidentes, que llevaron a Nicaragua a demandar a Colombia por violaciones de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, en contravención de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. Pero, además, Nicaragua ha interpuesto otra demanda para terminar de delimitar la Plataforma Continental extendida, más allá de las 200 millas.” 

La CJI dicta su veredicto en 2012.

Ambas causas siguen pendientes, pero las audiencias que se celebrarán entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre, en La Haya, solo abordarán la primera. Walter Arévalo Ramírez, profesor principal de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Colombia, reconoce que la renuencia colombiana a implementar el fallo no ha facilitado las cosas.

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Pero señala que “lo interesante es que también Colombia presentó demandas, en el contexto del mismo caso.” Según explica, Bogotá busca que la Corte declare que también decretos nicaraguenses violan lo que se estableció en 2012, y “que la conducta de Nicaragua en sus propios espacios marítimos, pero sobre todo cerca de los espacios marítimos colombianos, viola los derechos de pesca artesanal y los derechos de pesca de subsistencia del pueblo raizal.”

La comuidad raizal, que habita en el Archipélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aspira a que sus derechos sean tomados en cuenta por ambos Estados en pugna. Harold Bush Howard, uno de sus representantes en la isla de Providencia, que estuvo en sesiones de la Corte de La Haya, apuntó, en Radio Nacional de Colombia, a la incorporación de elementos étnicos en la argumentación de Bogotá: 

“El país dice que Nicaragua violó los elementos étnicos y por eso no puede acatar el fallo. Entre estos derechos, están la pesca en las zonas tradicionales que ha tenido la comunidad y que fueron entregadas a Nicaragua”, ilustró Bush Howard.

Pautas de convivencia en un mar complejo

A juicio de Arévalo, Secretario General de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, los dos países “quedaron en una situación compleja, porque es una delimitación difícil, a través del procedimiento de la línea media equidistante, con espacios marítimos que quedaron enclavados uno dentro de otro Estado.”

Esa compleja frontera no está en discusión en las audiencias de septiembre. En consecuencia, el profesor de derecho internacional considera que la mayor expectativa es que se dilucide cuáles prácticas, de uno u otro lado, contravienen el fallo de 2012. Y que, de eso, se derive una pauta sobre cómo deberán comportarse ambos Estados en el futuro, para llevar a cabo “sus actividades habituales de licencias pesqueras, de pesca artesanal, de exploración y explotación, y sus actividades habituales de seguridad.”

El conflicto entre Nicaragua y Colombia no es el único que se ha producido en esta zona, rica en recursos naturales. ¿Qué efectos tiene el litigio en el área? “Lo que afecta a la región es la no solución o permanencia de estos diferendos. Nicaragua ha ido resolviendo estos conflictos con Honduras, Costa Rica y Colombia”, dice Julio Icaza Gallard.

“Colombia debe aceptar que las sentencias del más alto tribunal del mundo son inapelables y solamente pueden revisarse cuando se descubren hechos relevantes, que no fueron examinados en el juicio principal, y estos se presentan en el plazo indicado en el Estatuto, a partir del momento en que fueron descubiertos. Este no es el caso”, sostiene, en su entrevista con DW, este exembajador nicaragüense ante la ONU.

Para el abogado colombiano Arévalo, lo que queda en evidencia es que “la cooperación entre los Estados, en el ámbito de la seguridad marítima, la protección del medio ambiente, los derechos económicos en el mar y la exploración y la explotación de los distintos espacios y recursos marítimos es una solución mucho más práctica que estar litigando.” Pero, con las demandas pendientes, todo indica que queda litigio para rato. 

El gobierno Joe Biden cerró este viernes el puente fronterizo que une a Del Río (Texas) con Ciudad Acuña (México), debajo del cual se instaló un campamento improvisado con cerca de 12.000 migrantes indocumentados, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Estados Unidos también cerró un segundo puente fronterizo, llamado Presa la Amistad, situado en las afueras de la ciudad.

“El cierre temporal es necesario para que la Patrulla Fronteriza responda a las necesidades urgentes de seguridad y protección presentadas por una afluencia de migrantes a Del Río”, apuntó el cuerpo, que informó que la medida ya es efectiva.

Washington ha ordenado derivar todo el tráfico que normalmente usa estos dos puentes al cruce en Eagle Pass, fronterizo con Piedras Negras (México) y a unas 57 millas (casi 100 kilómetros) al este de Del Río.

Unos 12.000 inmigrantes irregulares, según las últimas estimaciones, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado bajo el puente de Del Río.

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Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos y desbordaron la capacidad de las autoridades migratorias, que improvisaron el campamento mientras se procesan las solicitudes de asilo.

Los indocumentados duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur. Este mismo mes, México expulsó a 150 haitianos en un masivo operativo migratorio.

La llegada masiva de haitianos se da en un momento en el que Washington ha reducido los vuelos de deportación a esa isla caribeña, desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio.

El presidente de Colombia, Ivan Duque, durante su estancia en España de visita oficial con motivo de la Feria del Libro de Madrid, donde su país es la nación invitada, acudió a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde fue recibido por el máximo dirigente del club, Florentino Pérez.

Durante el encuentro, Iván Duque pudo contemplar las instalaciones de Valdebebas, donde se entrenan los primeros equipos de fútbol y baloncesto madridistas, así como todas las categorías inferiores del club, además de la residencia de jugadores de la primera plantilla.

Asimismo, Duque y Florentino Pérez analizaron el desarrollo de los proyectos socioeducativos de la Fundación Real Madrid en Colombia, y suscribieron una carta de intenciones con el fin de respaldar el espacio de colaboración entre la Fundación madridista y las instituciones públicas colombianas, según informa el club madrileño.

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Tras la firma, el presidente del Real Madrid le entregó a Iván Duque una camiseta del primer equipo, con el dorsal 1 y el nombre de Colombia, en la sala donde se reúnen las 13 Copas de Europa/Liga de Campeones de fútbol conquistadas por el equipo madridista.

Grato encuentro con Florentino Pérez, Presidente del @realmadrid, con quien suscribimos un acuerdo para fortalecer las escuelas sociodeportivas y proyectos que se adelantan en el país y que benefician a 8.000 niños y niñas que anhelan y sueñan en grande. #VisitaOficialAEspaña pic.twitter.com/TcGHtMQk50

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 17, 2021

La Fundación Real Madrid desarrolla proyectos en Colombia desde 2008 y en la actualidad cuenta con 36 escuelas sociodeportivas y proyectos en ese país, en colaboración con la Fundación Revel, la Fundación Concívica, la Comunidad Ministros de los Enfermos-Religiosos Camilos y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Estos proyectos atienden a 8.000 niños y niñas de Colombia, en riesgo de exclusión, que se educan en valores a través del deporte cada semana. Colombia es el país de América Latina con mayor número de proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid y la pasada temporada los lazos con este país se fortalecieron con la alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA) para la formación telemática de personas con pocos recursos a través de la plataforma de eLearning de la Fundación, Sports&Values Academy TV, se especifica en el comunicado.

Durante la reunión de Iván Duque y Florentino Pérez, se apunta, se analizó el rol que desempeña la Fundación Real Madrid en Colombia como “promotor del deporte y los valores para la educación integral de la infancia necesitada y su contribución en el desarrollo de las comunidades, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”. 

EFE.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, se pronunció este viernes sobre la liquidación judicial que empezará Almacenes La 14, la tradicional empresa retail del Valle del Cauca.

En diálogo con Blu Radio, la jefe de la cartera sostuvo que se analizó la posibilidad de otorgar un crédito a la empresa de la mano de Bancóldex, pero no se llegó a feliz término pues dicho préstamo no solucionaría de raíz el problema.

“Se determinó que independientemente de ese crédito, que era un crédito por $200.000 millones, no era posible salvar La 14, pues ese crédito se iría a pagar a obligaciones de muy corto plazo, que saldrían inmediatamente, y continuaría la situación crítica de la empresa”, dijo la ministra.

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Lombana aseguró que La 14 ha tenido un sistema de contratación a termino fijo y desde mediados del año pasado empezó a reducir su nómina. “Ellos tenían en ese mes aproximadamente 3.400 empleados y a julio de este año tenían casi 1.800, o sea, fue una disminución gradual del número de empleados”, destacó.

Por ahora el Gobierno Nacional no confirmó qué posibles salidas ven ante los despidos masivos que se vislumbran. Estas declaraciones de la ministra se dan luego de que Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de Almacenes La 14 y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A.

De acuerdo con la entidad, estas sociedades habían sido admitidas al proceso de reorganización empresarial previsto en la misma Ley 1116 de 2006, el pasado 11 de febrero de 2021, bajo el supuesto de incapacidad de pago inminente. No obstante, el 23 de julio de 2021, las sociedades solicitaron la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial.

Hace unas semanas, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a Forbes que “la situación era difícil”. De hecho, confirmaron que el representante legal puso de manifiesto ante “la Supersociedades la iliquidez de la sociedad ante la falta de apoyo del sector financiero, la indecisión de fondeo de los inversionistas y el acompañamiento de proveedores”.

Almacenes La 14 logró en 2020 ingresos operacionales por $781.202 millones, que se tradujeron en una caída de -19,57% en comparación con 2019. Asimismo, sus ventas cayeron más de 52%, desde 2016, pues en ese año alcanzaron $1,64 billones.