Se trata de una iniciativa que prohibiría a las instituciones públicas y privadas los altos cobros en certificados, derechos de grado, exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios.
La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que busca controlar los cobros exagerados en el precio de las matrículas de las universidades en el país. Se trata de una iniciativa que prohibiría a las instituciones públicas y privadas los altos cobros en certificados, derechos de grado, exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios, expedición de certificados y constancias, entre otros.
“Este va a ser un beneficio para los estudiantes, a quienes no se les podrá realizar ya más cobros exagerados (…) Este es un paso adelante en la modificación real y estructural de la Ley 30 en el país”, explicó Wilmer Leal, representante a la Cámara por el Partido Verde.
La proyecto también sería para las escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, y ayudaría a reducir la deserción estudiantil que se registra en las universidades.
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De hecho, la iniciativa contempla que, en el caso de las universidades públicas, el valor de todos los costos pecuniarios y aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, se fije teniendo en cuenta una evaluación socioeconómica previa, la cual deberá informarse al Ministerio de Educación para efectos de la inspección y vigilancia. “En cuanto a las IES privadas, estas no podrán incrementar el valor en más de un 10%”.
Así mismo, se establece que se fijarán el plazo para efectuar el pago de la matrícula ordinaria, el cual no podrá ser inferior a veinte días calendario, a partir de la entrega del respectivo recibo. Además, que el incremento para la matrícula extraordinaria no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de inflación del año inmediatamente anterior.
“Para nadie es un secreto que los problemas socioeconómicos son la principal razón de abandono en las instituciones de educación superior en el país. Entre las causas más comunes que vemos con respecto a la deserción, están los bajos ingresos familiares, el desempleo, la incompatibilidad entre trabajo y estudio y la falta de apoyo familiar, por eso este proyecto se constituye en una oportunidad porque elimina barreras de acceso a la educación superior”, explicó la representante Martha Villalba, autora y ponente de la iniciativa.
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