En el campo colombiano, casi la mitad de la gente es pobre

Hace un mes el Dane entregó los datos de pobreza monetaria y monetaria extrema para 2019 que mostró un deterioro en todo el país, en las cabeceras y en los centros poblados y rural disperso, siendo este último el de mayor incremento porcentual entre todos -pasando del 46% de la población rural en 2018 al 47,5% el año pasado-.

Sin restarle importancia, aunque la proporción de pobreza monetaria extrema es menor a la ya mencionada, su incremento fue de casi 3 puntos porcentuales (pps) entre 2018 y 2019. Esta pasó de 16,2% en 2018 a 19,3% el año pasado en los centros poblados y rural disperso. Para el total nacional las cifras fueron 8,2% en 2018 a 9,6% en 2019.

En su momento el debate giró en torno al incremento de la pobreza nacional, pese a que fue un buen año en términos de crecimiento para la economía, esta vez vale enfocar la mirada en los resultados rurales. Para entender un poco mejor el panorama Forbes consultó a expertos en esta materia quienes, además de coincidir en que la deuda con el campo y la ruralidad es histórica, propusieron salidas a esta problemática.

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¿Qué causó el incremento?

Antes de llegar a las posibles medidas para contrarrestar la pobreza rural, es importante entender qué pudo desencadenar su deterioro. Para Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, a grandes rasgos el aumento en la pobreza monetaria entre 2018 y 2019 “lo explica una caída en el empleo del sector rural que fue más fuerte que en el urbano y una caída en el PIB agrícola que generó desempleo”.

Sobre lo último en mención, al revisar los datos del mercado laboral del Dane, estos arrojan que la población ocupada se contrajo en 145.000 entre 2018 y 2019 en los centros poblados y rural disperso alcanzando los 4,5 millones de ocupados el año pasado, mientras tanto, en la zona urbana (13 ciudades y áreas metropolitanas) esta aumentó en 32.000 llegando a 10,8 millones de ocupados en 2019.

Desde la visión de Natalia Galvis Arias, consultora en política social, aunque no podría dar una única respuesta sobre por qué se ha deteriorado el indicador, resaltó que entre las condiciones que han acompañado esas cifras está el mercado laboral. “En las zonas rurales se ubica más o menos el 25% de la población del país, esas personas que habitan la ruralidad son principalmente mujeres. Las mujeres rurales tienen una baja participación en el mercado laboral (40,6%), alta informalidad (87,9%) y bajos salarios ($340.000). Eso puede ser un factor explicativo de la pobreza rural”, resaltó Galvis.

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Complementando su argumento, la experta añadió que “las mujeres rurales trabajan en promedio 12 horas con 42 minutos diarios, de ese tiempo el 62% es trabajo no remunerado. Mientras que los hombres trabajan en promedio 11 horas con 31 minutos y de ese tiempo el 27% es trabajo no remunerado. Es decir, las mujeres no sólo trabajan más que los hombres (1 hora con 11 minutos), sino que también perciben menores ingresos porque la mayor parte del trabajo es no remunerado”.

Galvis dijo que además de la estructura del mercado laboral y sus desventajas en la ruralidad, otro de los factores puede ser la rama de actividad económica de estas zonas donde prevalece la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -renglón que pasó de tener un PIB de 2,4% en 2018 a 2% en 2019 según el Dane-.

Además de lo ya explicado, Roberto Angulo, experto que trabajó en los cambios metodológicos que hizo el Dane de los datos de pobreza y socio fundador de la firma Inclusión, agregó que la desmejora en los indicadores del mercado laboral de la zona urbana seguramente desincentivaron la búsqueda de oportunidades del campo a la ciudad por parte de las personas de la zona rural que se estaban quedando sin trabajo.

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Angulo manifestó que “cuando desmejoran los indicadores del mercado laboral en la ciudad y en el campo, esto se traduce en una caída de los jornales porque hay más gente compitiendo por el trabajo en la zona rural” dificultando, entre otras cosas, el poder transitar del campo a la ciudad para buscar oportunidades.

Las posibles salidas

En este punto, los expertos coincidieron en que entre las acciones de mediano plazo -pero arrancando desde ya- están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) que abarca a los municipios de periferia que tuvieron larga exposición al conflicto armado y por ende, han estado olvidados en muchas de sus aristas. Trabajar en la pronta implementación de estos proyectos contribuiría a la reducción de brechas para estas zonas, aceleraría su desarrollo y mejoraría las condiciones de vida de sus habitantes.

De acuerdo con Roberto Angulo, “1 de cada 4 pobres multidimensionales vive en los municipios Pdet y 1 de cada 3 pobres multidimensionales rurales vive en municipios Pdet, en el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno le apuesta a esta estrategia, pero creo que es momento de que lo utilice con determinación pensando en la importancia que esto puede tener para acelerar el desarrollo en las zonas de periferia”.

Entrando a revisar las acciones de corto plazo, Galvis dijo que se debería ampliar la cobertura de las transferencias monetarias, particularmente del Ingreso Solidario, que según un reporte reciente de Prosperidad Social, de los giros asignados por el programa solo el 28% se han destinado a los hogares rurales.

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“Creo que una acción en el corto plazo que mitigue la pérdida de ingresos de los hogares rurales tiene que ir con la misma línea de generarle liquidez y ahí valdría la pena ampliar las coberturas de ingreso solidario con una condición que considero esencial y es que tiene que existir un sesgo a las mujeres rurales”, complementó la consultora en política social.

En línea con lo mencionado, Angulo mencionó que debido la imposibilidad de ingresar a muchos territorios rurales -ya se por temas de conflicto, seguridad u otros-, las coberturas de las bases de datos de Sisbén no han sido las mejores. Por ello, “el Gobierno debería ser un poco más heterodoxo o creativo diseñando mecanismos de focalización más flexibles para la inclusión de los hogares rurales en las transferencias de emergencia”.

El experto en temas de pobreza y socio fundador de la firma Inclusión añadió que “una alternativa podría ser invertir la focalización; es decir, que en algunos municipios en particular los más pequeños, que tengan por debajo de 300.000 habitantes, se identifique a toda al población como potencial beneficiaria (de las transferencias) excepto aquellos que tengan capacidad de pago y sea demostrable. Si uno logra invertir la carga de la prueba de la focalización en el campo, de golpe puede tener una mejor cobertura, flexibilizando el error de inclusión, pero evitando el error de exclusión”.

Por último, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) destacó cuatro acciones en las que hay que trabajar y fortalecer: construcción y mejoramiento de la vivienda rural; construcción de vías y reparación de infraestructura de vías terciarias; educación y conectividad digital; y mantener un consumo activo de productos del campo.

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Sobre vivienda rural, que mediante la nueva política pública de vivienda rural del Minvivienda busca beneficiar a cerca de 37.000 hogares entre 2021 y 2022 y reducir el déficit de vivienda en el campo, Bedoya mencionó que deberían invertirse más recursos porque el déficit es mucho más amplio y porque también se requieren soluciones en servicios públicos, por ejemplo.

Respecto la construcción de vías terciarias -de las cuales más del 90% de su red está en mal estado-, esto es importante porque “las carreteras en su construcción generan empleo y una vez construidas generan desarrollo. Cada $1.000 millones, según cifras de Mintransporte, de inversión en vías terciarias puede llegar a generar 290 empleos. Si se quiere aliviar en algo los temas de pobreza por la vía de generación de ingresos, allí hay una enorme oportunidad (…) El Gobierno tiene la plata, hay regalías para ello”.