El Consejo Privado de Competitividad presentó un informe en el que le sugiere al Gobierno no seguir posponiendo la discusión de reformas, esenciales para que el país pueda estar más preparado ante una próxima crisis. Además de la pensional está la laboral y la tributaria.
En el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó una hoja de ruta en la que sugiere al Gobierno combinar las medidas de corto plazo -para asegurar ingresos, generar empleo y brindar liquidez a las empresas en el contexto de la pandemia-, con ocho acciones estructurales urgente para que el país pueda estar más preparado ante una próxima crisis.
“Para avanzar en lo que Colombia puede y debe hacer, es necesario tomar decisiones en beneficio de todos, por encima de intereses particulares. Esta crisis no será la última. Es momento de trabajar unidos y con constancia para hacer de este un país más equitativo, competitivo y resiliente”, dijo Rosario Córdoba, presidenta del CPC.
El informe, que habla de los elementos estructurales que determinan la competitividad del país, agregó un análisis de la crisis que ha desatado el coronavirus y su relación con temas clave para Colombia. Para Córdoba, los países más competitivos son los de mayores ingresos, equidad de oportunidades y satisfacción con la vida, razón por la que el país no puede aplazar estas discusiones.
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Aunque la crisis ha permitido avanzar en transformación digital, acceso a los servicios de salud y focalización y eficiencia del gasto público, también quedaron en evidencia las acciones urgentes en temas pendientes para hacer más eficiente y equitativo al sistema tributario, reducir el empleo vulnerable e informalidad, desarrollar la vocación exportadora empresarial, entre otros.
Las 8 acciones a priorizar:
- Reforma fiscal: para garantizar el equilibrio macroeconómico y contar con los recursos necesarios para proveer bienes y servicios públicos y atender las demandas sociales. Una reforma al estatuto tributario es necesaria para aumentar el recaudo y permitir el ajuste fiscal.
- Reforma laboral: para tener oportunidades de empleo de calidad que generen ingresos y reduzcan la pobreza. Proponen actualizar la legislación laboral, reducir los costos laborales no salariales, permitir las contribuciones a la seguridad social por el trabajo por horas, reformar el régimen de cesantías para que sirva de base para un seguro de desempleo, y diseñar e implementar una Política Nacional del Cuidado.
- Reforma pensional: con el fin de garantizar ingresos a la población mayor y hacer más progresivo el sistema de protección social. Se debe realizar una reforma para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera, y consistencia entre el sistema y las nuevas condiciones demográficas.
- Desarrollo de habilidades: para aumentar la productividad laboral, promover la movilidad social y adaptarse a los desafíos de las nuevas economías y el cambio tecnológico. Entre ello hay que fortalecer los mecanismos de evaluación docente, y fomentar el diseño de programas educativos en la modalidad de educación dual para mejorar la pertinencia educativa.
- Sostenibilidad ambiental: facilitar la transición a una economía baja en carbono del aparato productivo, reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, y valorizar el capital natural.
- Instituciones estables y fuertes: se debe acelerar la transformación digital del Estado, continuar los avances para consolidar el Registro Social, poner en marcha el Sucop para centralizar los comentarios a los proyectos normativos publicados, y acelerar la implementación total y obligatoria del Secop II para compras públicas.
- Infraestructura y conectividad: asegurar conectividad general de la población, extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso, monitorear el avance del Programa de Última Milla para dar acceso a internet en estratos bajos, y acelerar la ejecución de las vías terciarias.
- Inserción a las cadenas globales de valor: proponen revisar la protección comercial arancelaria y no arancelaria, y modernizar la política pública de libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y regulación pro competencia.