A la iniciativa le queda pendiente el debate en la plenaria del Senado de la República.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el jueves el proyecto de ley de emprendimiento, que busca definir un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, particularmente de las micro, pequeñas y medianas (mipymes).

Los cinco ejes de la iniciativa incluyen medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas; acceso a compras públicas; acceso a financiamiento; actualización del marco institucional, y educación para el emprendimiento.

El primer título se centra en medidas de apoyo para las mipymes. Busca implementar iniciativas que faciliten la creación y funcionamiento de las empresas a través de la exención del pago del registro Invima para microempresas y tarifas diferenciadas para las pequeñas empresas.

De la misma manera, establece la creación de un mecanismo exploratorio de regulación de modelos de negocios innovadores (‘sandbox’ o arenera) para fomentar los emprendimientos de base tecnológica.

Sobre este particular, la propuesta señala que el Gobierno deberá establecer una regulación complementaria que permita “crear un ambiente especial de vigilancia y control que facilite el desarrollo modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible”.

Se conformará un comité intersectorial que definirá y evaluará los requisitos mínimos necesarios que deberán contener las propuestas de proyectos novedosos y, así poderlas clasificar y trasladar a las entidades responsables de la supervisión. Así mismo se incluirán al sector financiero y asegurador en dichos ‘sandbox’.

“Ha sido aprobada nuestra proposición en el Proyecto, de incluir al sector financiero y de seguros en los Sandbox Regulatorios, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”, celebró el representante Mauricio Toro de la Alianza Verde.

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El proyecto también contempla la creación del “Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI)” –que será diseñado y administrado por el DANE–, y un sistema de contabilidad simplificada para las microempresas.

A su vez, incluye la posibilidad de introducir emprendimientos y mipymes en el sistema de compras públicas. Se pretende vincularlas en los procesos de mínima cuantía, establecer unos criterios diferenciales y diseñar factores de desempate a su favor para facilitarles el acceso a dicho mercado.

Al respecto, el documento establece que el Gobierno debe definir dichos criterios sobre reglas objetivas que puedan implementar las entidades estatales y dice que estas últimas deberán darle prioridad a los negocios nacionales y liderados por mujeres.

El título sobre acceso al financiamiento contempla medidas para garantizar el acceso al recurso a través de la modificación del objeto social del Fondo Nacional de Garantías y la inclusión de nuevas funciones y portafolio de servicios. El proyecto indica que esto lograría que las garantías que ofrece el Fondo “se puedan destinar a otros mecanismos de financiación diferentes al crédito tradicional”.

La propuesta también indica que el Gobierno debe autorizar que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. “El Gobierno podrá autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos según la realidad de sus operaciones”, dice el proyecto.

El artículo 15, por su parte, determinaque las mipymes del sector agropecuario cuyas iniciativas se enfoquen en seguridad alimentaria, sostenibilidad productiva, cuidado del agua o que tengan efectos positivos con el medio ambiente, tengan acceso a programas de capacitación y aceleración en condiciones especiales, como también a un sello de reconocimiento que acompañe la marca de sus productos.

Uno de los artículos que generó debate fue el número 35, que dice que el Gobierno debe destinar al “Fondo Mujer Emprende”, de manera anual y con cargo al presupuesto general de la nación, los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de emprendimiento, la formalización, fortalecimiento y financiamiento empresarial de las mujeres.

La Cámara determinó que será Innpulsa Colombia la entidad que administre el Fondo Mujer Emprende, pues ya tiene experiencia en el sector. Esta figura diseñará y ejecutará los programas para promover las empresas de las mujeres en Colombia.

En cuanto al marco institucional, la iniciativa propone optimizar la gestión de recursos y articular todas las políticas y programas de emprendimiento en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

También incluye la posibilidad de crear de un programa de doble titulación técnico-bachiller enfocado en empresarismo y emprendimiento, esto con el fin de ayudar a los estudiantes en la inserción laboral a través del SENA. En esa línea, propone crear una nueva opción para que los jóvenes puedan optar al título de grado de educación superior a través del desarrollo o implementación de un emprendimiento.

Según el representante Christian José Moreno, autor y ponente del proyecto, esta iniciativa será “fundamental” para la reactivación económica y el desarrollo empresarial en el país.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, también celebró la aprobación del proyecto. “Cerramos el día con buenas noticias: fue aprobado el Proyecto de Ley de Emprendimiento por la plenaria de la Cámara. Avanza en el Congreso este instrumento clave para el crecimiento económico y la generación de empleo”.

A su vez el presidente de Innpulsa Ignació Gaitán señaló que “el proyecto que busca brindar herramientas para hacer del emprendimiento un dinamizador de la economía y el desarrollo”.

Congresistas Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, también elogiaron la decisión la decisión. “La ley de emprendimiento que acaba de aprobar la Cámara es un gran avance, quizás el más importante que ha tenido el país en materia de emprendimiento”, señaló el representante.

La congresista Catalina Ortiz, de Alianza Verde, que hace parte de la Comisión de Emprendimiento y fue directora de Innpusla, alertó “que hizo falta innovación y medidas disruptivas para potenciar el emprendimiento”.

A la propuesta le queda la aprobación en la plenaria del Senado de la República.