Por: Juan David Correa Indudablemente experimentamos uno de los sucesos que más ha acelerado el cambio y la transformación del entorno, y todos tenemos la responsabilidad de aprender a adaptarnos para enfrentar la coyuntura, tanto instituciones como individuos, lo que nos ha dejado como aprendizaje el valorar lo que generalmente damos por sentado y el […]
Por: Juan David Correa
Indudablemente experimentamos uno de los sucesos que más ha acelerado el cambio y la transformación del entorno, y todos tenemos la responsabilidad de aprender a adaptarnos para enfrentar la coyuntura, tanto instituciones como individuos, lo que nos ha dejado como aprendizaje el valorar lo que generalmente damos por sentado y el ser más conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones.
La reflexión constante que hemos podido hacer a lo largo de este año nos permite comprender que no podemos pensar en la viabilidad del futuro sin tener un presente sostenible, pues es esta condición la que nos permite avanzar hacia la recuperación económica, social y ambiental en el mediano y largo plazo, cuidando siempre el bien supremo: la vida.
En esa búsqueda por la sostenibilidad todos somos protagonistas, ya que en un contexto de interdependencia, donde todo lo que hacemos tiene un impacto para nuestro entorno, comprendemos que será solo por medio de la suma de esfuerzos y la toma de decisiones acertadas desde todos los niveles, que podremos no solamente cumplir el objetivo de recuperar la estabilidad económica, sino también construir un futuro duradero y equitativo para todos.
Como administradores de los recursos que las personas nos confían para construir su futuro, tenemos el deber de gestionar con responsabilidad sus ahorros, y es por esto que en Protección hemos trascendido de un enfoque único en la maximización de las rentabilidades, a entender las inversiones como una excelente oportunidad para contribuir a la construcción de un mejor futuro para todas las personas. A esto me refiero cuando hablo de trascendencia, pues mientras buscamos asegurar la capitalización de nuestros propios recursos, estamos aportando la naturaleza, a la sociedad y a las empresas con criterios éticos y de responsabilidad, lo que beneficia a las personas y, por ende, a las sociedades.
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En Protección iniciamos ese camino en los primeros años de esta década y hemos trabajado para incorporar en nuestras políticas de inversión este tipo de criterios, para cumplir con nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, mientras buscamos la maximización de las rentabilidades para todos nuestros clientes. Estamos convencidos de que somos parte de la construcción de un futuro sostenible y, motivados por ello, nos hemos vinculado a la comunidad de Principios de Inversión Responsable (PRI), incorporando criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo) en nuestros portafolios, procurando que las inversiones de nuestros clientes se realizan en compañías con las mejores prácticas en favor de la sociedad y del planeta.
Recientemente ALAS20, iniciativa de GOVERNART, que busca impulsar en América Latina el desarrollo sostenible desde la gestión empresarial y las decisiones de inversión, notificó que Protección fue reconocida como la Institución ALAS20 Colombia 2020, ocupando también los primeros lugares de las categorías Institución Líder en Inversiones Responsables, Institución Líder en Gobierno Corporativo, e Institución Líder en Investigación en Sustentabilidad. Es para nosotros un honor recibir esta noticia, pero más relevante que recibir un reconocimiento, representa la motivación para seguir firmes con el compromiso que hemos adquirido por un futuro sostenible.
Esta coyuntura nos está dejando muchas enseñanzas, una de ellas, quizás la más importante, es a entender la riqueza y el legado como la creación de valor compartido que crea un círculo virtuoso donde todos ganamos, tanto en el presente como en el futuro. Entender esta realidad es lo que nos ha permitido, como administradores de fondos de pensiones, ahorro e inversión, comprender la responsabilidad que tenemos de garantizar que los recursos que nos han confiado más de 8 millones de colombianos sean invertidos eficiente y responsablemente, no solo en expectativas de riesgo y retorno, sino también acordes a las expectativas de la sociedad y los impactos positivos que las inversiones puedan generar.
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