La Veeduría ciudadana de Medellín advierte que si no se llega a un acuerdo en la demanda por $9,9 billones de EPM contra los consorcios hay graves riesgos en el cronograma de la obra.
La recién conformada Veeduría por Medellín, un grupo que se constituyó para cuidar a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y salvaguardar el patrimonio y los recursos de los antioqueños, hizo un llamado para que se agilice la conciliación de la demanda por $9,9 billones que interpuso hace unos meses la empresa contra los consorcios que están detrás del desarrollo de Hidroituango.
Según dicho grupo, a menos de mes y medio de que se cumpla ese término, todavía no se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación solicitada por EPM. “Sin un acuerdo extrajudicial entre las partes, bien sea en la audiencia de conciliación o mediante cualquier otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos, no se podrá mantener el proceso de construcción ni el cumplimiento del cronograma hasta la entrega de la obra“, dicen.
Destacan además que es necesario agilizar esa conciliación, pues si no se produjera ese acuerdo extrajudicial y se diera un cambio en el contratista, “estaríamos ante el muy probable escenario del retraso de las obras, dada la complejidad técnica del proyecto”.
La importancia de este acuerdo, destacan, obedece a que se debe continuar con las obras en Hidroituango para sacar adelante esa obra. De no hacerlo, y si EPM insiste en la presentación de la demanda e Hidroituango, la Veeduría advierte que muy probablemente la obra “quedará sin contratista a partir del 1 de enero de 2021”.
Esto generaría, según ellos, que “el cronograma sufrirá retrasos, generando, consiguientemente, la pérdida de confianza de los prestamistas del Grupo EPM en la capacidad de pago de sus obligaciones financieras en los términos pactados, particularmente los vencimientos de créditos en los años 2027 y 2029 superiores a 1,000 millones de dólares”.
Las alertas de la ciudadanía se dan debido a la importancia que tiene Hidroituango no solo para Antioquia, sino además para el país. El proyecto tiene obligaciones en firme para entrar el sistema en 2022, por lo que está en juego la energía que entregaría con sus primeras dos unidades de generación.
A esto se suma que el proyecto tiene una importancia de capital para EPM, pues le generaría en 2025 2,2 billones de pesos en EBITDA anualmente. Así mismo, todo esto se traduciría en más transferencias para Medellín, que recibiría más de $500,000 millones adicionales de EPM con la entrada de la obra.
Ante estos argumentos, se hace un llamado para que en EPM y los contratistas haya ánimo conciliatorio con el objetivo de que se pueda asegurar el cumplimiento de los plazos estimados para la entrada en operación de Hidroituango.
“La sostenibilidad de la empresa es lo que está en juego y con ella, la oferta energética del país y cuantiosos recursos para la inversión social el municipio de Medellín”, concluyen.
La audiencia de conciliación de Hidroituango ya se ha corrido en dos ocasiones. Inicialmente, estaba establecida para el 23 de octubre, pero se extendió para el 23 de noviembre. No obstante, ese día la Procuraduría reprogramó esta cita para el 11 de diciembre de 2020.
Las partes requeridas en este proceso son el Consorcio Generación Ituango (Integral – Solingral), a cargo de los diseños del túnel auxiliar y el constructor del megaproyecto, el Consorcio CCC Ituango (conformado por Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.) y el Consorcio Ingetec y Sedic, entre otros.
La denuncia se dio luego de que EPM encontrara que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo que había problemas para cumplir el hito de entrada en operación comercial y que las recomendaciones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo que condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación (GAD) en abril de 2018.