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Cámara de Argentina aprueba ley de aborto, ahora pasa a Senado

La decisión se definió tras 20 horas de debate. Se trata de una norma que puede ser histórica para el país, tras años de reclamos y de manifestaciones de sus defensores y detractores.

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Aborto Argentina
Foto: EFE.

La Cámara de Diputados de Argentina votó este viernes a favor del proyecto de Ley de Aborto, lo que le otorga media sanción y deja en manos del Senado la aprobación definitiva de una norma que puede ser histórica para el país, tras años de reclamos y de manifestaciones de sus defensores y detractores.

Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es una promesa que el presidente Alberto Fernández reiteró desde el inicio de la campaña para las elecciones y su posterior llegada al poder, de la que ayer su cumplió un año, y hoy está más cerca que nunca de ser una realidad, si bien necesita pasar por el Senado, que debatirá y votará un texto que presenta varios puntos clave.

1. Hasta la semana 14

El proyecto que Alberto Fernández remitió al Congreso para su tratamiento el pasado 17 de noviembre otorga a “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar” el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14 (inclusive) de gestación.

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Pasado este plazo solo se podrá interrumpir el embarazo si este “fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante” (la declaración jurada no será requerida para niñas menores de 13 años), o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

El aborto deberá ser practicado “en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento”.

2. Gratuito

El costo del aborto será absorbido por el sistema público de salud y las distintas obras sociales, independientemente de la figura jurídica que posean, y estas “deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda”.

Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

3. De calidad, digno y confidencial

El proyecto establece una serie de condiciones bajo las que debe producirse el aborto, y estas incluyen el trato digno, por lo que el personal médico deberá respetar “las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”.

También deberá respetar la privacidad del paciente, y “solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización”. El equipo médico deberá mantener la confidencialidad en todo momento y guardar el secreto médico durante el proceso de atención y también con posterioridad.

El proceso de interrupción del embarazo deberá ser de calidad, y tendrá que practicarse cumpliendo los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo se respetarán “las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva”.

“Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad”, recoge el texto.

4. Consentimiento

El aborto debe realizarse con el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, y nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho.

A partir de los 16 años, la persona se considera con plena capacidad para prestar su consentimiento, mientras que las menores de 13 años deberán presentar su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

En el caso de las personas comprendidas entre los 13 y los 16 años, su situación fue objeto de debate y finalmente se introdujeron cambios al texto original tras su tratamiento en las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública.

5. Últimos cambios

El proyecto original fue modificado antes de su debate en Diputados en tres aspectos, y uno de ellos tiene que ver con las personas comprendidas ente 13 y 16 años, que deberán dar consentimiento con la asistencia de sus padres o tutores si el procedimiento se hace de forma invasiva, y no mediante un medicamento, de forma que quede comprometida su salud.

Otro de los cambios tiene que ver con el de los embarazos por situaciones de abuso o violación, en los que la ley exigirá “explícitamente la denuncia de ese caso ante la Justicia local para la investigación”, según confirmó el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yeldin.

La última modificación atañe a la objeción de conciencia de los profesionales, y establece que si todos los profesionales de un centro fueran objetores, la persona solicitante del aborto sería derivada a otro centro,

“El proyecto inicialmente preveía la objeción de conciencia solamente personal, si bien no se de una objeción de conciencia institucional, porque entendemos que las instituciones no tienen conciencia, si preveemos que si en un efector sanitario todos los profesionales son objetores personales, (…) ese efector puede derivar a la paciente y no atenderla en su lugar”, agregó Yeldin.

En ese caso la institución que deriva a un paciente deberá igualmente cubrir con el costo de los tratamientos.

6. Educación sexual

La norma otorga a las instituciones publicas, tanto nacionales como locales, la responsabilidad de implementar formaciones sobre Educación Sexual Integral, “estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

“Deberán, además, capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo”, destaca el texto.

7. RESPONSABILIDAD PENAL

Se establecen penas de entre 3 y 10 años en caso de que se realice un aborto sin el consentimiento de la persona gestante, una pena que puede elevarse hasta los 15 años si “el hecho fuere seguido de la muerte de la persona”.

La pena será de tres meses a un año si el aborto se realiza con el consentimiento de la persona después de la semana 14 de gestación.

La misma pena se aplicará a cualquier persona que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados “. 

EFE

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Tres de cada 10 personas eran pobres en América Latina durante 2020

La pobreza alcanzó a casi 34% de la población de la región. Asimismo, la pobreza extrema afectó a 78 millones de personas, el peor registro en 20 años.

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La pobreza en América Latina aumentó en 2020 a los niveles más altos en los últimos 12 años, al alcanzar 33,7% de la población total de la región, debido a la crisis económica provocada por el coronavirus, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) este jueves.

Pese a las medidas de protección social de emergencia adoptadas por los gobiernos de la región para frenar el avance del coronavirus “la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente”, indicó la Cepal en un informe sobre el impacto social de la pandemia.

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Casi 210 millones de personas en pobreza y 78 millones en pobreza extrema

Según el organismo, como consecuencia de la aguda crisis económica derivada del coronavirus, que provocó una caída de 7,7% del PIB en 2020 en América Latina, la pobreza alcanzó a 209 millones de personas, 33,7% de la población total de la región de 654 millones de habitantes.

En tanto, la pobreza extrema afectó a 78 millones de personas.

Con más de 20 millones de casos y sobre los 635.000 decesos, América Latina es la segunda región más enlutada por el coronavirus en el mundo, detrás de Europa.

Según la Cepal, con 8,4% de la población mundial, América Latina registró 27,8% de las muertes por el virus.

DW

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YouTube levantará prohibición del canal de Trump cuando disminuya el riesgo de violencia

La suspensión se dio por violar políticas contra la incitación a la violencia después del asalto al Capitolio de Estados Unidos por los partidarios del expresidente en enero.

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Foto: Getty Images

YouTube de Alphabet Inc levantará su suspensión del canal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump cuando determine que el riesgo de violencia haya disminuido, dijo el jueves la presidenta ejecutiva de la compañía, Susan Wojcicki.

YouTube suspendió el canal de Trump por violar políticas contra la incitación a la violencia después del asalto al Capitolio de Estados Unidos por los partidarios del expresidente en enero.

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“El canal permanece suspendido por riesgo de incitación a la violencia”, dijo Wojcicki, en una entrevista con el jefe del centro de estudios Atlantic Council. La ejecutiva destacó además que las recientes advertencias de la policía del Capitolio sobre un posible nuevo ataque muestran que aún persiste un “elevado riesgo de violencia”.

Wojcicki dijo que YouTube determinaría el riesgo de violencia al observar señales como declaraciones y advertencias del gobierno, mayor aplicación de la ley en todo el país y retórica violenta en la propia plataforma.

Reuters

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Ley que creó el Ministerio de Ciencia fue tumbada por la Corte Constitucional

Según el alto tribunal, la inexequibilidad de la ley tiene efectos diferidos a dos legislaturas contadas a partir del 20 de julio de 2021. Es decir, la cartera podrá seguir operando hasta julio de 2023, pero deberá hacer los ajustes necesarios en la norma.

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La Corte Constitucional informó este jueves que declaró inexequible la ley 1951 que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en enero de 2019, al advertir que se cometieron errores al no fijar la estructura global de la cartera citada.

Según explicó el alto tribunal, la inexequibilidad se declaró con efectos diferidos a dos legislaturas contadas a partir del 20 de julio de 2021. Es decir, que la cartera podrá seguir operando hasta julio de 2023, pero deberá hacer los ajustes pertinentes en la ley para que su creación sea constitucionalmente apta.

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Se decidió diferir la inexequibilidad, al “tener en cuenta la necesidad de no afectar la continuidad en el cumplimiento de las finalidades constitucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos del artículo 70 de la Constitución, y los derechos de las personas vinculadas a la entidad y a los programas y proyectos que desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación”.

Vale mencionar que la ley que tumbó la Corte Constitucional fue demandada por la Comisión Colombiana de Juristas quienes argumentaron que la norma que da vida al Minciencias es inconstitucional pues omite precisar su estructura orgánica, planta general y funciones.

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En pandemia las mujeres tuvieron 44 % más posibilidades de perder su empleo que los hombres

En la región Honduras y Costa Rica son los países en donde la brecha de empleo entre hombres y mujeres se hizo más profunda durante la crisis.

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Las mujeres trabajadoras en América Latina y el Caribe fueron afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de Covid-19 en comparación con los hombres. Así lo evidenció un informe del Banco Mundial que detalla que al inicio de la pandemia las mujeres tenían un 44 % más de probabilidades que los hombres de perder su empleo de manera temporal o permanente.

El informe ‘Covid-19 y el Mercado Laboral de América Latina y el Caribe: los Impactos Diferenciados por Género’, elaborado por el Laboratorio de Innovación de Género del Banco Mundial subraya la necesidad de que los países de la región adopten medidas para evitar que se ensanche la brecha de género que persiste en el mercado laboral pese a varias décadas de avances.

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“Las mujeres suelen tener una situación laboral más frágil que los hombres, con trabajos en el sector informal, en tareas que en mayor medida requieren una interacción directa y se prestan menos al trabajo remoto, como el comercio, el cuidado de personas o el turismo”, dijo Ximena Del Carpio, Gerente de la Práctica de Pobreza del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “En momentos de crisis, estas trabajadoras son mucho más vulnerables a las variaciones en el mercado laboral”.

Esta diferencia se mantuvo virtualmente sin cambios en torno al 15 % una vez que los trabajadores temporalmente desempleados comenzaron a volver a sus lugares de empleo. Pero agrega que la pérdida permanente de trabajo afectó a una de cada cinco mujeres.

De acuerdo con el reporte, no todos los países fueron afectados de la misma manera en este aspecto. En el inicio de la pandemia las diferencias más notorias en la brecha de género se registraron en Honduras y Costa Rica, donde la variación en la probabilidad de perder el empleo entre hombres y mujeres alcanzó los 25 puntos porcentuales. Bolivia y Perú, en tanto, exhibieron las menores diferencias a nivel regional, con 10 % y 11 % respectivamente.

Por otro lado, el informe señala que 4 de los 5 sectores más afectados por la pandemia -el comercio, los servicios personales, la educación y la hotelería y gastronomía-, que antes de la pandemia empleaban a mujeres en una proporción de 60 %, explican el 56 % de puestos de trabajo perdidos en medio de la crisis. Esto sugiere una creciente brecha en el marcado laboral, con posibles efectos en el empoderamiento de las mujeres, los equilibrios en el hogar y las situaciones de violencia familiar.

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Japón insiste: agua contaminada de Fukushima será lanzada al mar

Las autoridades aseguran que antes serán eliminados casi todos los elementos radiactivos, pero otros países no están tan seguros.

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Foto: Reuters

El ministro de Industria de Japón, Yumiko Hata, dijo este jueves (04.03.2021) que la mejor alternativa para deshacerse de las aguas procedentes de la accidentada central nuclear de Fukushima es lanzarlas al mar, pese a las críticas de grupos ecologistas, los pescadores de la región y gobiernos de países como China y Corea del Sur, que no ven con buenos ojos esa propuesta.

Las autoridades japonesas aseguran que antes de verterlas, las aguas serán tratadas para retirarles la mayor parte de los elementos radiactivos. Tanto el Ejecutivo como la operadora de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), consideran que esta alternativa es la mejor entre otras que resultan técnicamente más complejas, como la liberación de vapor. Además, es urgente resolver el problema de acumulación de agua contaminada en la planta.

Japón lleva años informando que realizará esta acción, aunque sigue sin definir cuándo finalmente llevará a cabo la controvertida medida. Esta vez adelantaron que recopilarán opiniones entre las “comunidades afectadas” y que la decisión final se adoptará según criterios como el “daño reputacional” que implica para el país el lanzamiento de esta agua al océano Pacífico.

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El tiempo apremia

El agua en cuestión es la que se ha acumulado tras el desastre ocurrido el 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto y luego un tsunami destrozaron cuatro reactores de la central. El líquido, estimado en 1,22 millones de metros cúbicos, está almacenado en un millar de contenedores con capacidad total de 1,37 millones. En su momento, sirvió para enfriar los núcleos de los reactores dañados.

Estas cifras suponen que en 2022 los tanques quedarán llenos, lo que hace urgente tomar una decisión al respecto. “El Gobierno (de Tokio) nunca ha puesto una fecha en la que tomará una decisión sobre el vertido del agua, pero dados los límites de almacenamiento de los tanques, enfrentamos el desafío de no poder retrasarlo más”, dijo un funcionario citado por la agencia surcoreana Yonhap.

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Si bien la central cuenta con un sistema que elimina la mayor parte de los materiales contaminantes, es incapaz de hacerlo con el tritio, un isótopo presente en la naturaleza en baja concentración. Japón asegura que “incluso si vertiéramos de golpe toda el agua almacenada, el impacto sobre la salud humana sería considerablemente pequeño”. Sin embargo, los mismos japoneses tienen temor de resultar afectados por una medida de este tipo.

El problema del agua contaminada es uno de los muchos retos que tienen por delante TEPCO y las autoridades niponas en el largo camino hacia el desmantelamiento de Daiichi, un proceso que se extenderá hasta al menos 2050.

DW

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