Los años en los que se ha logrado consenso entre los sindicatos y los empresarios respecto al salario mínimo en Colombia han sido para las vigencias de: 2002, 2003, 2006, 2012, 2014, 2018 y 2019. De resto, el Gobierno lo ha decidido vía decreto. Expertos hablan de posibles reformas a la comisión de concertación laboral.
La negociación del salario mínimo no ha sido fácil en Colombia y en su mayoría ha tenido que fijarse su aumento vía decreto por parte del Gobierno. Esto, pese a la existencia de una comisión de concertación laboral creada en 1996 por la ley 278, de la que hacen parte las centrales obreras y los empresarios que se reúnen a finales de cada año para negociar sobre el mínimo del año siguiente.
Según datos de Mintrabajo entregados a Forbes, en los últimos 20 años (2000-2019), solo se ha logrado llegar a consenso entre las partes en siete ocasiones, es decir, en 13 oportunidades ha sido el Gobierno quien ha tenido la palabra final y ha decretado el aumento. Para los salarios vigentes en el 2002, 2003, 2006, 2012, 2014, 2018 y 2019, se logró acuerdo. Al parecer, el 2020 -en medio de la crisis económica y social más profunda de los últimos años- entrará en el listado de los que no hubo consenso en esta materia.
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Con base en este panorama, Forbes consultó a expertos para saber si se deberían hacer cambios en la comisión de concertación laboral dado que en la mayoría de ocasiones ha sido el Gobierno el que ha decretado el aumento del mínimo. Además, para ver qué otros indicadores deberían incluirse al momento de analizar cuánto sube el salario mínimo del año entrante.
¿Hay que reformar la comisión de concertación laboral?
En palabras de Oscar Becerra, docente de la Universidad de los Andes experto en economía laboral, “la estructura actual de la comisión es positiva en el sentido en que todas las partes pueden expresar su opinión y sus argumentos, por muy diferentes que sean. No creo que se considere fracaso cuando no se llegue a un acuerdo”.
Aunque para Becerra, la mesa de concertación es un espacio democrático, en donde las partes ganan visibilidad para exponer sus posiciones con respecto a los cambios del salario, es preocupante que nunca se llegue a un acuerdo “(y eso si amerita un llamado de atención), porque eso sugiere que ambos grupos únicamente hablan para sus respectivas audiencias y no les interesa buscar puntos medios”.
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Para Maribel Castillo, directora del programa de economía de la Universidad Javeriana de Cali, durante toda la crisis por la emergencia sanitaria se ha hablado de incluir una reforma laboral para impulsar el empleo, “esto incluye la negociación del salario mínimo. La mesa necesita una capacidad técnica mayor. Hubo esfuerzos que no se aplicaron como las charlas de discusión con expertos que hicieron propuestas no consideradas para la decisión final”.
Según Juan Carlos Guataquí, experto en temas laborales, sí se deberían hacer cambios porque “el problema de diseño de la negociación genera la tentación del Gobierno a no negociar, a procrastinar en la negociación, porque sabe que al final puede lograr su objetivo fijando el incremento que desea por decreto”. Para el experto, la votación no debería hacerse por partes, sino que cada miembro de la comisión debería votar y que su decisión sea pública para mayor transparencia.
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Guataquí agregó que “si no hay acuerdo, deberían definirse normas por default (como por ejemplo, el promedio de la inflación pasada y la proyectada) que apoyen la decisión definitiva del monto de incremento del salario mínimo, quitando al Gobierno la potestad de definir por decreto”.
Por su parte, Mauricio Olivera, exviceministro de Trabajo y director de Econometría, resaltó que al revisar la legislación que creó la mesa de concertación hay un representante que hace falta, que es el de los desempleados “porque cuando el salario sube mucho para las empresas es más difícil contratar formalmente y puede afectar el desempleo. También haría falta incluir a los informales. Lo que pasa es que son grupos donde es muy difícil tener un representante, no hay un gremio o asociación como sí lo hay en las centrales obreras”.
Ante la dificultad expuesta por Olivera, el experto comentó que “podría ser el Gobierno el que represente a los desempleados e informales dada su dificultad de representación. El Gobierno (actualmente) es un actor pasivo, deja que trabajadores y empleadores negocien y si no, por decreto decide el aumento”. Añadió que en la mesa se debería buscar más el diálogo social, sentarse con la disposición de llegar a un acuerdo.
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El analista Guataquí coincide con Olivera, “en una democracia representativa, el Gobierno tendría el deber de representar los intereses de asalariados, cuenta propias, desempleados y ocupados informales, pero en esto ha fallado históricamente”.
Ajustes en los indicadores a tener en cuenta
En línea con lo expuesto por el directivo de Econometría, vale preguntarse si más allá de los indicadores expuestos en la ley para determinar el salario mínimo de Colombia, como lo son: la inflación, productividad y desempeño de la economía, es necesario incluir otros datos para tomar la decisión. Sobre esto también opinaron los expertos.
Para Becerra, de la Universidad de los Andes, desde comienzo de este siglo la fórmula ha sido la misma: inflación más cambio en la productividad y la discusión se centra en cómo calcular ese crecimiento de la productividad. “Estos elementos son suficientes si estamos pensando en una economía en donde la gran mayoría de los trabajadores y empresas son formales y el salario mínimo está en niveles en los que no se convierte en un obstáculo para la generación de empleo de calidad. Desafortunadamente en Colombia este no es el caso”.
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El docente agregó que cuando se habla de cambios en el salario mínimo, esto termina afectando directamente a 1 de cada 3 trabajadores en Colombia “¿y los otros dos? Si estos aumentos impiden que algunos de estos trabajadores consigan un empleo formal, deberíamos tener estos factores en cuenta”.
Para Maribel Castillo, de la Javeriana de Cali, también deberían revisarse las cifras de grupos “muy golpeados (en el mercado laboral) como los formales, jóvenes y mujeres. Sin considerar personas en condición de discapacidad y migrantes. Un mercado laboral informal y precarizado que no se va recuperar rápido sin una reforma que incluya diversos enfoques para apoyar estas poblaciones”.
En línea con lo mencionado hasta ahora, Olivera resaltó que es clave tener en cuenta la tasa de desempleo y la informalidad colombiana en las discusiones del salario mínimo. Esto, “porque el aumento del salario afecta de una u otra manera esos factores”.
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Destacó que en los últimos años el Dane sea el que calcule la productividad porque genera confianza entre las partes respecto a los datos entregados y sobre los cuales van a discutir. Vale recordar que antes era el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el que hacía los cálculos, pero al venir de una entidad estatal generaba cierta desconfianza, pese a ser un ejercicio técnico.