Con estos aparatos los colombianos tendrán mejor servicio de energía, se reducirán las tarifas y se controlará el consumo. El costo de toda esta transformación será de $7,4 billones, según el Gobierno.
La instalación de medidores inteligentes de consumo de energía podría empezar en el cuarto trimestre de 2021, tras un extenso trabajo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía.
Aunque todavía el proyecto de Resolución en el que se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada está en consulta, se estima que de entrar en vigencia se pondría en marcha un ambicioso plan para cambiar gran parte de los dispositivos que tiene hoy el país.
Según el documento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el plan está estipulado para los próximos 10 años, pero dividido por varias etapas. Se estima que a 2020 se llegará a un 75% de cobertura nacional, con más de 15 millones de medidores en el Sistema Interconectado Nacional.
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Con estos nuevos medidores, Colombia podrá tener acceso a datos del usuario que consume la energía, su transporte, su procesamiento, su análisis y el reporte, hasta llegar a la factura. “Dicha información puede ser utilizada para implementar mejoras en la prestación del servicio en múltiples aspectos (operativo, comercial, financiero, para vigilancia y control, para planeación, para la toma de decisiones por parte del usuario y promover la competencia)”, dicen.
El Gobierno estima que todo este cambio en la medición podría costar hasta 7,4 billones de pesos en el escenario de cobertura del 75%, mientras 5,6 billones de pesos con un despliegue de 50%. Esta inversión permitiría que más de 15,7 millones de usuarios cuenten con esta tecnología.
Entre los principales beneficios, dice el Gobierno, está la reducción de los costos de corte y reconexión de energía, la baja en los costos de facturación y el ahorro de los costos de atención al usuario, entre otros.
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“La implementación de la AMI en el SIN es una decisión de política pública y tiene objetivos específicos para mejorar la prestación del servicio, optimizando el desarrollo de las actividades de comercialización y distribución y llevando a los usuarios funcionalidades adicionales a las actuales”, concluye la Creg en el documento.