Dos carro bombas explotaron este martes en las instalaciones de la Trigésima Brigada del Ejército colombiano, ubicada en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, informó el presidente Iván Duque.

Hasta el momento se reportan 36 personas heridas, algunas ya son trasladadas en ambulancias a centros médicos de la capital de Norte de Santander. Se presume que la cifra de heridos sería mayor. 

El mandatario dio instrucciones al ministro de Defensa, Diego Molano, para que viaje de inmediato a Cúcuta “ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del Ejército”.

Al lugar llegaron varias ambulancias pero se desconoce cuántos heridos hay y su estado, según las primeras informaciones de medios locales que también mencionan que no fue uno sino dos los carros bomba que explotaron dentro de la unidad militar.

La explosión, que se vio desde barrios vecinos, afectó algunas instalaciones de la Trigésima Brigada, especialmente un área de oficinas que, según algunos militares, estaban vacías ya que parte del personal de la brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército, está en cuarentena por coronavirus.

Bomberos de Cúcuta y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, así como de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para tratar de esclarecer lo ocurrido pues las primeras imágenes muestran lo que parecen ser restos de un vehículo en llamas en una de las calles de la brigada.

Las autoridades cerraron la calle que conduce hacia el batallón, mientras que varios helicópteros sobrevuelan la zona.

Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el atentado y a pesar del incesante movimiento de ambulancias, las autoridades no han dado cifras de heridos o muertos.

El 17 de enero de 2019 la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hizo explotar un carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá, en el que murieron 22 cadetes, entre ellos una ecuatoriana, y otras 67 personas resultaron heridas. 

EFE

El Colegio Médico de Chile (Colmed) pidió al Gobierno endurecer las cuarentenas y suspender el pase de movilidad que permite a los vacunados transitar libremente por sus comunas, en un intento por detener la pandemia de COVID-19 que ha colapsado la red sanitaria y sigue dejando muertos y grandes niveles de contagios, a pesar de los altos índices de inoculación de los ciudadanos.

Aunque Chile es uno de los países con mayor ritmo de vacunación -más de nueve millones de personas están completamente vacunadas, o 59,2% de la población objetivo- la realidad en el país es bastante crítica: las últimas dos semanas se han registrado más 6.000 mil casos nuevos diarios y hay más de 60.000 infectados en estado activo.

A nivel nacional hay menos de 200 camas disponibles en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Y este martes se registraron 61 fallecidos para un total de 30.865 personas muertas por COVID-19, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2021.

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La propuesta del Colmed, que critica al Gobierno por autorizar demasiadas actividades esenciales que no permiten reducir la movilidad ciudadana, es precisamente restringir al máximo el libre tránsito durante un período de “cortocircuito epidémico” de un máximo de tres semanas, permitiendo sólo las salidas al aire libre de núcleos familiares sin utilizar transportes, en aras de preservar la salud mental.

Siguiendo el ejemplo de Nueva Zelanda

Los países que han logrado disminuir muertes por COVID-19, como Nueva Zelanda, Australia y China, lo hicieron aplicando “medidas epidemiológicas clásicas”, expresó el Colmed, “como el cierre estricto de fronteras, cuarentenas para pasajeros que llegan al país y respuestas contundentes a los brotes, con rastreo y aislamiento de contactos”.

“En contraste, una respuesta pasiva ante la amenaza del virus condujo a su libre propagación entre la población y a un gran número de muertes”, sostuvieron.

Actualmente la Región Metropolitana de Santiago -donde viven unas ocho millones de personas- se encuentra en una fase de cuarentena total en la cual sólo los ciudadanos con pase de movilidad -es decir, con su proceso de vacunación completo- pueden desplazarse por sus comunas de residencia, mientras que los no vacunados pueden pedir hasta un máximo de dos permisos a la semana para ir a comprar alimentos, otros bienes esenciales o hacer trámites.

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Las escuelas permanecen cerradas, los comercios no pueden atender al público y los locales gastronómicos sólo pueden servir alimentos para llevar o entregas.

También rige un toque de queda entre 10:00 de la noche y 5:00 de la mañana y está prohibido viajar desde y hacia regiones en cuarentena.

Sin embargo, la fiscalización de las medidas es laxa, los ciudadanos dan señales de agotamiento e incumplen las reglas y el Gobierno ha reiterado que no tiene los recursos para vigilar su estricto cumplimiento.

“Las medidas ejecutadas hasta hoy no han sido eficaces. Las cuarentenas locales o dinámicas, sin apoyo económico suficiente y oportuno, no han logrado reducir de manera efectiva la movilidad ni los contagios. Han sido inadecuadamente aplicadas, sostenidas de manera muy prolongada y administradas prácticamente sin atender a la situación epidemiológica real”

Colegio médico de chile

“Cortocircuito pandémico”

Como punto de partida, el gremio propuso terminar con las cuarentenas dinámicas a nivel de comunas y restringir los movimientos a nivel de provincias y regiones, con el “cortocircuito epidémico” que entraría en vigor cada vez que una jurisdicción sobrepase los 10 contagios por cada 100.000 personas.

Durante el “cortocircuito” no habrá actividad económica excepto la de comercios que vendan alimentos, medicamentos, den servicios de salud y básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones.

Todo transporte privado no esencial quedará prohibido, el transporte público dejará de funcionar así como el transporte nacional de pasajeros.

“Las actividades al aire libre de forma individual y con quienes comparten el hogar serán permitidas para minimizar el impacto sobre la salud mental de la población”, explicó el Colmed.

A partir del “cortocircuito” las regiones deberán iniciar el retorno a la normalidad en cuatro etapas que priorizarán actividades de contacto social y reactivación de grupos prioritarios de manera segura, como el retorno presencial a clases de niños y niñas, la recuperación de actividad económica de PYMES y trabajadores independientes, y la reapertura de la actividad económica de grandes empresas.

Reacción del Ejecutivo

Frente a la propuesta, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que lo acoge “con mucho respeto y con mucho interés”, y que la estudiará  “en forma detallada”, aunque no hizo ningún otro compromiso.

El lunes, el Gobierno extendió durante tres meses más la alerta sanitaria adoptada para enfrentar la pandemia, hasta el próximo mes de septiembre, aunque no ha dicho hasta cuándo regirá la cuarentena en la Región Metropolitana.

Mientras, ampliará la campaña de inoculación para que llegue al máximo de personas en el país, vacunando a partir del próximo lunes a los menores de 12 años de edad y mayores.

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El candidato izquierdista Pedro Castillo se impuso con el 50,12 % de votos a la postulante derechista Keiko Fujimori, que obtuvo el 49,87 %, al concluir con el 100 % de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial en Perú.

A pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con el cómputo de la votación, aún no se puede proclamar al ganador debido a que el partido fujimorista Fuerza Popular ha pedido la anulación de 200.000 votos aproximadamente por presuntas irregularidades atribuidas a un fraude en mesa.

Con la totalidad de actas de votación contabilizadas, Castillo obtuvo 8.835.579 de votos, una diferencia de 44.058 votos sobre Fujimori, que recibió el respaldo de 8.791.521 electores.

El balotaje celebrado el pasado 6 de junio convocó a más de 25 millones de peruanos, de los cuales 18,8 millones (74,5 %) emitieron su voto en el país y en el extranjero.

Además de los 17,6 millones de votos válidos, hubo más de un millón de votos nulos, que corresponden al 5,8 % del total de emitidos, y 121.477 votos en blanco, que representan 0,64 %, de acuerdo al reporte de la ONPE.

De un total de 86.488 actas procesadas por la ONPE, 221 fueron anuladas por resolución y seis corresponden a mesas de votación que no se llegaron a instalar.

No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano electoral en el país, se encuentra en estos momentos deliberando, a través de sus oficinas descentralizadas, respecto a las actas cuestionadas, que en su mayoría han sido desestimadas por haber sido presentadas fuera de plazo o sin sustento de fondo.

Los personeros y asesores legales de Fuerza Popular evalúan asimismo apelar algunas de las resoluciones emitidas por los jurados electorales, en tanto otros representantes aliados del fujimorismo, como el congresista electo Jorge Montoya, han deslizado la posibilidad de pedir la nulidad de los comicios.

La Constitución peruana no habilita la anulación de elecciones bajo ningún concepto, salvo “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos válidos”, según señala en su artículo 184.

Ante este panorama, Castillo declaró este martes que “nosotros defendemos siempre el marco democrático. Estamos a la espera de que las autoridades electorales confirmen” el resultado.

“Lo que se ha venido haciendo por nuestra parte ha sido no solamente una defensa (del voto) en todos los escenarios, sino también decir al país que por nuestra parte no hay ningún tipo de agresión, ni administrativa, o moral, o política y menos electoral”, indicó el maestro en declaraciones a la prensa extranjera en Lima esta mañana.

EFE

En una conferencia para la prensa extranjera, el candidato presidencial peruano, Pedro Castillo, aseguró que espera “pacientemente” los resultados oficiales de las elecciones. Según manifestó el político de izquierda, él no permitirá que siga “discriminando al pueblo oprimido”.

Durante la intervención de Castillo, en la que la prensa internacional no tuvo la oportunidad de hacerle preguntas, aseguró que “se siguen estigmatizando cosas, se siguen llamando por otros espacios para querer tumbarse la elección”.

Las declaraciones del candidato presidencial peruano se dan luego que el congresista electo, Jorge Montoya, uno de los parlamentarios más votados, pidiera que se lleven a cabo nuevas elecciones en Perú con presencia de auditores internacionales durante todo el proceso.

Montoya afirmó que el sistema electoral peruano “fue vulnerado por dentro y fuera, ya no brinda confianza” durante el balotaje que disputaron Castillo y la candidata de derecha, Keiko Fujimori. Según especialistas consultados por medios peruanos, anular las elecciones sería ilegal.

Pronunciamiento desde a ONU

El día de ayer, la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a políticos y dirigentes peruanos mantener la calma y evitar enfrentamientos. La también expresidente de Chile pidió a los peruanos respetar los resultados oficiales que divulgen las autoridades electorales del país andino.

“Me preocupa ver cómo lo que debería ser una celebración de la democracia se está convirtiendo en un foco de división, que está creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana, con implicaciones en los derechos humanos”, señaló Bachelet en un comunicado.

Actualmente, el Jurado Especial Electoral está revisando cientos de actas electorales que fueron impugnadas por el partido de Keiko Fujimori. Aún no está claro cuándo las autoridades electorales peruanas oficializarán los resultados de los comicios. Por lo pronto, Castillo sigue arriba en el conteo oficial de la Organización Nacional de Procesos Electorales.

El presidente Iván Duque destacó este martes el compromiso expresado por los empresarios de sumarse a la estrategia para generar empleo joven, gracias al subsidio del 25% que otorgará el Gobierno para este objetivo, así como a las políticas de reactivación segura y de vacunación masiva de los colombianos.

“Hemos visto el compromiso de estos gremios para unirse al programa del subsidio del 25%, equivalente a la seguridad social, para contratar a jóvenes entre 18 y 28 años a partir del primero de julio”, dijo el Jefe de Estado en una declaración al concluir un encuentro con representantes de cámaras de comercio binacionales y de empresas de los sectores logístico, de valor agregado, cajas de compensación familiar, lácteos y de servicios de salud, entre otros.

“Estos gremios no solamente van a participar en esas mesas de trabajo para acelerar esa contratación, sino que se unen a todo lo que ha dicho el sector privado para lograr generar más de 600 mil empleos en este segundo semestre del año 2021”, expresó.

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El mandatario ha sostenido constantes reuniones con los empresarios a quienes ha expresado su compromiso por una reactivación segura de la economía, la vacunación masiva y la contratación laboral de jóvenes, así como el rechazo a la violencia y a los bloqueos.

“Quiero también destacar el compromiso de los gremios para avanzar en la vacunación masiva, uniéndose también a otras representaciones gremiales para aportar recursos, adquirir vacunas y acelerar el ritmo de aplicación en todo el territorio nacional”, aseveró el Mandatario.

De la misma forma, el presidente Duque valoró el apoyo de los gremios a una discusión sana y clara sobre cómo conseguir recursos fiscales, proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas de la nación, a partir del 20 de julio en el Congreso.

Recalcó que el proyecto de ley que se presente no afectará en manera alguna ni a la clase media ni a las clases más vulnerables. “Todo lo contrario: se buscará la mayor eficiencia y participación también del sector empresarial en ese propósito”, precisó.

También destacó el respaldo de los empresarios a la institucionalidad y el rechazo total y absoluto a cualquier forma de violencia y a los bloqueos, por la afectación que le han generado al país.

“Valoro ese respaldo a la fuerza pública, al mismo tiempo con toda la exigencia a los más altos estándares en protección de derechos humanos. Hoy, una vez más, se ve ese gran compromiso del sector privado para que este año sea un año de reactivación segura, de vacunación masiva, de atender a los más vulnerables, de estabilizar las finanzas públicas de la nación, y de proteger a los jóvenes de nuestro país, con una serie importante programas de generación de empleo”, puntualizó.