Expertos consultados por Forbes argumentan que la empresa podría perder su credibilidad ante las agencias calificadoras. Así mismo, su relación con la banca y los inversionistas.
Este lunes, la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) aceptó la renuncia del gerente general, Álvaro Guillermo Rendón. Tras una reunión extraordinaria que se prolongó por más de nueve horas, los ocho miembros de la mesa avalaron su salida al analizar la gestión del directivo y las disputas con el alcalde de Medellín Daniel Quintero.
La dimisión se dio luego de que en la tarde del domingo él enviara una carta al mandatario poniendo a disposición de la Junta su renuncia. En esa misiva, de dos páginas, Rendón pidió respetar el conducto regular de gobierno corporativo de la compañía y la evaluación de su gestión en la organización.
“En la medida en que usted está solicitando mi participación voluntaria en esa decisión, quiero manifestarle que la respuesta se la daré oficialmente después de oír a los distinguidos miembros de la Junta Directiva de la organización que oriento y evaluar las implicaciones que una salida intempestiva pueda causar ante todos los públicos objetivos”, escribió el ahora exgerente.
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Aunque días atrás Quintero salió a desmentir la salida del ejecutivo, asegurando que venía haciendo una magnífica labor en EPM, lo cierto es que fue el mismo alcalde quien le solicitó “directamente y por otros medios” su renuncia. Los motivos de esta petición aún no se conocen de fondo, pese a que se sabía a voces que el mandatario de la ciudad estaba en desacuerdo con varias actuaciones del gerente.
Rendón se venía desempeñando en el cargo desde el 1 de enero de 2020, cuando reemplazo a Jorge Londoño de la Cuesta, hoy embajador de Colombia en Canadá. El directivo debía ocupar su cargo hasta enero de 2023, por lo que su pronta renuncia desató una serie de críticas, enfocadas, en su gran mayoría, en los riesgos que afronta la organización y el mal mensaje que se le da al mercado.
Los analistas, empresarios y políticos rechazaron la pronta salida del directivo, argumentando que hoy esas decisiones ponen en riesgo los planes de EPM, su credibilidad y el desarrollo de Hidroituango. De fondo, coinciden en que la renuncia a la gerencia y la de su Junta Directiva – en agosto del año pasado – muestran el “oscuro panorama” en el que hoy está la organización.
Los efectos
Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia, le explicó a Forbes que en este momento EPM está sumida en una crisis institucional sin precedentes. Según el directivo, el futuro es incierto con la decisión, pues la falta de planeación y los manejos políticos de esta institución afectan sin duda el crecimiento de la ciudad y los planes de la empresa.
“Se genera una pérdida de credibilidad en el manejo de EPM, afectando gravemente su operación, la relación con la banca y los inversionistas, ocasionando problemas futuros que resultarán en nefastas consecuencias sociales y económicas que afectarán a millones de personas”, dijo Posada.
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Pese aún se desconoce quien llegará a la presidencia de la organización, los analistas advierten que si el problema de gobierno corporativo persiste se podría dar una reducción en su calificación crediticia. Así lo aseguró Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, quien destacó que hay riesgos en perder, por ejemplo, la tasa a la que se puede financiar la entidad o la que se negocian los bonos. “Esto podría aumentar proporcionalmente al nuevo nivel de riesgo de la empresa”.
EPM, que al cierre del tercer trimestre de 2020 obtuvo ingresos por $14,1 billones, se enfrentaría entonces a una reducción en la calificación crediticia, tal y como sucedió en agosto de 2020 cuando se dio la renuncia repentina de su junta directiva. En su momento, los miembros de ese colegiado manifestaron su desacuerdo por algunas decisiones que tomó Quintero, por lo que se dio la inminente salida de cada uno de los integrantes.
Este mensaje no caló muy bien en Fitch Ratings, que para mediados de agosto bajó las calificaciones internacionales en moneda local y extranjera de EPM hasta ‘BBB-‘ desde ‘BBB’, manteniendo la Observación Negativa. La baja, según la calificadora, se argumentó en el deterioro de los controles de gobierno corporativo y el cambio al objetivo social de la empresa, el cual no fue consultado por los miembros de la entonces Junta, pues fue una decisión netamente del gerente y el alcalde.
“Ya en el pasado hubo dudas sobre si un cambio en el manejo corporativo iban a tener implicaciones sobre el negocio. La renuncia del gerente se suma precisamente a esas dudas iniciales y pone a los inversionistas y a las calificadoras en un escenario de cautela, de ver si realmente el plan de inversiones y la visión estrategia continúa”, le dijo a Forbes José Ignacio López, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana.
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Los analistas advierten que los cambios tienen sin duda implicaciones en el negocio. Si bien reconocen la llegada de EPM al mercado eléctrico de la costa Caribe, advierten que la organización tendrá que trabajar en mantener sus planes de inversión y el compromiso de entregar los dos turbinas de generación de Hidroituango en 2022.
Este año, de hecho, la empresa dispuso de $19,2 billones para consolidar sus operaciones en los territorios donde operan y sacar adelante la hidroeléctrica. De ahí el argumento de que se mantengan esos planes, para que no se afecte la imagen que perciben los fondos de inversión internacionales.
Felipe Agudelo, analista y estratega de Renta Variable Alianza Valores, cree que este tipo de decisiones tendrán ruido en el mercado, pero de fondo no afectarán los rendimientos de los bonos que tienen los acreedores. “Si se registran riesgos reputacionales, pero en la medida que entre Hidroituango los riesgos se empezarán a normalizar”.
La salida
EPM informó que la selección del nuevo gerente será realizada por la Alcaldía de Medellín, con observancia del gobierno corporativo, en especial, “del convenio marco de relaciones suscrito entre el Municipio de Medellín, la empresa y el acompañamiento de la Junta Directiva”
Mientras se surte el proceso de selección, estará encargada de la gerencia general la ingeniera Mónica Ruiz Arbeláez, actual vicepresidente de estrategia y planeación y con una trayectoria de más de 26 años en la empresa. Según informaron, se mantendrá toda la ejecución el plan de negocios, “en busca de garantizar la sostenibilidad del Grupo y la prestación de servicios con calidad y continuidad de la mayor empresa de servicios públicos del país”
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Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, explicó que en adelante la administración de la empresa requiere un rigor técnico, jurídico y financiero. “Por ello, exigimos que el Alcalde de Medellín y la Junta Directiva, asumiendo los estatutos de la empresa y las normas del gobierno corporativo, tomen sus decisiones fundadas en la estabilidad institucional de la misma, garantizando la prestación de los servicios públicos y la transparencia ante la comunidad y sus grupos de interés”.
La misma opinión la comparte Posada, del Comité Intergremial de Antioquia, que añade que será necesario que se cumpla la promesa de encontrar una persona adecuada, que logre recuperar la confianza siga adelante con el plan estratégico de la compañía
“El bienestar de nuestra ciudad, y la estabilidad energética del país, están ligadas a la sostenibilidad de Empresas Públicas de Medellín, cuidarla es cuidar un esfuerzo de varias generaciones y diferentes administraciones municipales por la construcción del patrimonio de todos”, concluyó Restrepo.