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‘Quisiera invitar al alcalde que reaccione y se ponga el traje para gobernar la ciudad’

El exgerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, habló con Forbes sobre su salida, la relación con el alcalde de Medellín y cómo queda la empresa para continuar sus proyectos clave.

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La repentina salida de Álvaro Guillermo Rendón de la gerencia general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) continúa generando todo tipo de reacciones no solo en Antioquia, sino en el resto del país. Su dimisión se dio luego de un año de estar en la organización, en la que logró consolidar la toma de operación de un segmento en el que se dividió Electricaribe, así como avanzar en el desarrollo de Hidroituango, el proyecto energético más importante de Colombia.

En diálogo con Forbes, Rendón cuenta los detalles sobre su salida de la empresa, la difícil situación con el alcalde de Medellín Daniel Quintero, la firma de un contrato con el abogado Jaime Granados y los riesgos que se desprenden de esta crisis de gobierno corporativo. En sus palabras, es momento que de que la independencia llegue a la gerencia de la empresa y se trace un claro objetivo de recuperación de la cultura organizacional.

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¿Cómo se da su salida de la gerencia de EPM y cómo están hoy sus relaciones con el alcalde?

Es una salida inesperada. Cerramos un año con un extraordinario balance y (el alcalde) llegó a decir que era un magnifico trabajo, con muy buenos resultados. Sin embargo, me pidió que me hiciera a un lado. No me dio mayores explicaciones, pero quería tener en la gerencia una persona que lo siguiera más. Él entendió que de pronto yo le estaba truncando la comunicación con la empresa y no eran otros que los que otorga el gobierno corporativo. La autonomía defendida en el municipio de Medellín y EPM se rige a esas reglas. Yo termino diciendo que cuando asumí le agradecí al honor, pero le dije lo asumía con mi esencia, que es conformé a la ley y a mis principios. Cada vez que él me llamaba para hacerme una propuesta, si yo veía que tocaba algo de esa línea, inmediatamente le decía que no estaba dispuesto a aceptarlas. Eso seguramente fue un poco edificando la relación alcalde – gerente, pero no como tan determinante para que pasara lo que pasó. 

Sí hay un último hecho y fue un reclamo que le hice al alcalde directamente por el comportamiento de la secretaria privada de la Alcaldía, que estaba interfiriendo en la organización. Eso creería que lo impulso a tomar la medida que terminó tomando. 

¿De qué manera la secretaria privada de la Alcaldía de Medellín se incluyó en las decisiones de EPM y como eso afectó su relación con el alcalde?

La secretaria privada acompaña siempre al alcalde a las sesiones de la junta. No sé que tan importante sea que eso ocurra, o si lo han hecho en el pasado, pero evidentemente siempre vino acompañado de esta señora María Camila Villamizar. Aprovechando esta circunstancia, el alcalde también le pidió a la junta para que participara en los comités de la junta, con algunos otros secretarios. Eso fue darle largas para que un día se fuera incluyendo más en la organización. Después se encontró con dos vicepresidentes que estaban muy alineados con el alcalde. Ahí fue el camino expedito para intentar construir decisiones que finalmente me llevaron a mi a reaccionar como reaccioné: ahí le pedí al alcalde que no tenía más interlocución con María Camila Villamizar.

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Se habla que a el alcalde no le gustaron una serie de decisiones que usted tomó, entre ellas de un contrato por $1.000 millones con el abogado Jaime Granados, ¿fue así?

Ese tema de los honorarios es un reparo que están buscando hacer como retaliación de lo que estoy haciendo, pero está plenamente justificado. A mi llegada a la gerencia advertí que así como hay riesgos técnicos, mitigados o reducidos a la misma expresión, hay unos muy visibles en lo jurídico, en relación con el proyecto Hidroituango.

Nosotros tenemos unas demandas que han promovido contra la organización y que son muy cuantiosas. Por su puesto en estos debates hay pretensiones muy adelante y para salir se necesitan los mejores abogados. Le puedo decir que para el presupuesto que tiene Hidroituango, con un valor de $16 billones, reconocerle esos honorarios a Jaime Granados es porque son ese valor. Realmente son, incluso, por debajo del mercado. Solo tengo tranquilidad. 

¿Y frente a la reorganización societaria que hizo Camargo Correa, una empresa del consorcio de Hidroituango?

Eso es otro tema que adelantó la señora María Camila Villamizar, que buscaba identificar un problema que se presentó en el año 2018, cuando la firma Camargo Correa se vio abocada a hacer una división de sus empresas, y le notificó al Grupo EPM que estaba haciendo esa separación para que le dieran la autorización. Cómo a los días vino al contingencia, ellos tuvieron que abortar el tema y es hasta ahora que se va a firmar una nueva modificación. Ese cambio de 2018 generó unas señales importantes y ayer se confió un documento de partes para poner fin a la discusión. 

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Camargo Correa reconoce que para efectos de las relaciones, no es la naciente empresa la que se debe integrar al consocio, sino la original. La situación mía como representante legal no estaba comprometida, porque esa actividad se delegó en cabeza del vicepresidente de proyectos, de tal suerte que tener una responsabilidad en ello es muy difícil. 

¿Cree que con su salida, y sin un horizonte claro, se podría dar un retraso en la entrega de Hidroituango en 2022?

No. Yo no tengo esa preocupación, indirectamente podría venir si llega a haber una reacción de mercado, si hay limitación de recursos. Pero en este momento la caja del proyecto es bastante buena y no veo esa incidencia. 

Pero entonces no le preocupa que se puedan retrasar proyectos de EPM o quizás el plan de inversiones por esta crisis institucional…

La empresa tiene una liquidez bastante importante. Unos recursos asegurados para financiar el presupuesto del año. No vemos esa incidencia, como tampoco está siquiera observado o declarado la crisis o si han reaccionado algunas de las empresas de la comunidad financiera. 

Tras la gestión de EPM, qué llamado le hace a la ciudad y al alcalde para recuperar el gobierno corporativo de la empresa?

Le digo al alcalde que es presidente de la junta directiva que lidere personalmente este diseño y evaluación de la cultura de gobierno corporativo. Y que la profundicemos, para que pongamos muy a tono (la empresa) con las últimas reglas en el mercado financiero nacional e internacional. Esa cultura es importante y se propicia en la medida que el alcalde reaccione positivamente. Sin permiso de ello, ya el Grupo EPM quedó obligado, tras un convenio con el BID, a trabajar fuertemente en construir metodologías que ayuden a este ejercicio en común.

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Yo le digo al alcalde que nos apoye en la cultura de gobierno corporativo. Ya hablándole al amigo, de Álvaro a Daniel, que es muy importante que él también reaccione, que se conecte con todos los actores de la sociedad, con todos los testamentos de la sociedad.

¿La junta venía presionando para que se diera su renuncia?

De manera alguna, ninguno de los miembros me lo dejó saber.

¿Desde cuando se venían distanciando las relaciones con el alcalde?

Es que el alcalde de hoy, no es el amigo de siempre, entonces cuando lo abordé como alcalde ya tenía otra postura, y debe ser por la carga de trabajo, pero fue un cambio muy abrupto. Quisiera invitar al alcalde que reaccione, que se ponga el traje del amigo para gobernar la ciudad. Estoy seguro que le iría muy bien. Es inteligente, tiene programa, tiene ideas, conoce la ciudad, está muy bien preparado para hacer el trabajo con inmenso liderazgo. 

¿Qué perfil debe tener el nuevo gerente que llegue a la compañía?

El perfil no es lo importante, sino que la independencia llegue a la gerencia. La organización tiene un equipo interdisciplinario con enormes capacidades. Cualquiera de ellos puede llegar, pero que se garantice la independencia debe ser la regla de oro. Sea el perfil que escoja, lo primero que se debe tener es la evaluación de esa persona para que pueda profundizar en estas líneas. En estas reglas del gobierno corporativo.

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Grupo Argos abrió 234 vacantes en el país

La compañía informó que las vacantes se concentran en Antioquia, Córdoba, Cundinamarca y Valle del Cauca. Además, hizo un llamado para que más mujeres participen en ellas.

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Grupo Argos

El conglomerado colombiano Grupo Argos anunció esta semana que tiene abiertas 234 vacantes para trabajar en sus compañías, Cementos Argos, Celsia, Odinsa y Summa en todo el país. La mayoría de los puestos disponibles, según indicó la compañía, se concentran en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Entre las oportunidades laborales que ofrece la compañía se destacan vacantes para la conducción de mixers, la operación de proyectos, mantenimiento y experiencia de servicio.

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Pese a que Argos hace parte de un sector mayoritariamente liderado por hombres, el conglomerado anunció que cuenta con procesos de selección inclusivos y avanza en su propósito de incluir mujeres en labores que históricamente no han desempeñado en industrias como la del cemento o la energía.

Hoy, por ejemplo, Cementos Argos cuenta con más de 60 conductoras de camiones mezcladores en Estados Unidos y Colombia que fueron formadas para la labor. En Celsia, por su parte, se realiza la inclusión obligatoria de mujeres finalistas en los procesos de selección para cargos como electricistas y linieras.

Las vacantes de empleo están públicas en www.jobs.grupoargos.com, donde los interesados pueden conocer las oportunidades, postularse y cargar su hoja de vida para integrarse a los más de 14.000 colaboradores de la organización.

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Covid-19: Chile investiga vacunación de 100 personas con vacunas para perros

Dos veterinarios están siendo investigados por el caso. Habrían difundido información falsa sobre la supuesta efectividad contra el Covid de las vacunas para perros en humanos.

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Dos veterinarios están siendo investigados en el norte de Chile por haber vacunado supuestamente al menos a un centenar de personas con vacunas para perros para combatir la Covid-19, informaron este martes las autoridades.

Los hechos habrían ocurrido en abril de 2020 en la ciudad de Calama, en la desértica Región de Antofagasta, cuando en Chile las vacunas contra la Covid-19 aún no estaban autorizadas.

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La secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud en la zona, Rossana Díaz, explicó que uno de los profesionales cuestionados habría difundido un estudio falso sobre la efectividad de la vacuna óctuple (recetada para prevenir distemper, parvovirus, parainflueza, entre otras patologías) en seres humanos y promovido dicho tratamiento.

Los imputados están siendo investigados por las autoridades judiciales por no cumplir con la norma sanitaria y ejercer de forma ilegal la profesión de médico cirujano, aunque la funcionaria reconoció que de momento solo se ha podido confirmar que uno de los veterinarios inoculó efectivamente con la vacuna canina.

“Los antecedentes de ambos profesionales han sido enviados a la fiscalía de Calama porque también puede haber sanciones penales para estas acciones”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el Colegio Médico Veterinario de Chile señaló en un comunicado público que tomaría acciones penales debido a la gravedad de las denuncias: “Rechazamos cualquier actividad realizada por médicos veterinarios que atenten contra la salud de las personas”, afirmaron.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, más de 1,13 millones de personas en Chile han contraído Covid-19 y 25.317 han fallecido, a los que habría que añadir cerca de 8.000 casos sospechosos que no cuentan con la confirmación de una PCR.

EFE

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Pfizer descarta por ahora vender sus vacunas a privados

La farmacéutica informó que por lo pronto no está entre sus planes. La prioridad es para gobierno y mecanismos como Covax.

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En días pasados el Ministerio de Salud publicó la Resolución 507, mediante la cual se da luz verde para la compra de vacunas a privados en Colombia, por lo cual ya varias compañías informaron su interés de iniciar el proceso para vacunar a sus colaboradores, como Rappi.

Según conoció Forbes, aunque se tienen que surtir algunos pasos, como lo son las negociaciones, la logística de importación y la aplicación, los privados estarían interesados en comprar por lo menos 3 millones de vacunas en el país, que se empezarían a aplicar tan pronto se cumplan los tiempos del Ministerio de Salud.

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Tras darse vía libre a la compra de vacunas por parte de privados en el país, una de las farmacéuticas más relevantes en la lucha contra el coronavirus se pronunció y dijo que “en el contexto actual de emergencia no está prevista la venta a privados de la vacuna Pfizer/BioNtech contra covid-19”.

La firma añadió que para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante la etapa de la emergencia global, ambas farmacéuticas están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados con los gobiernos nacionales y organizaciones como el mecanismo Covax.

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Por último, Pfizer dijo que reconoce el rol del sector privado en la mitigación del impacto de la pandemia e informará a las partes interesadas una vez se den las condiciones necesarias para poder ampliar sus operaciones de suministro.

Por lo pronto, según conoció Forbes, la gran mayoría de petroleras estarían detrás de este proceso, además de Ecopetrol, Enel, Avianca, Tecnoglass, Alpina, Alquería y Rappi, entre otras. Algunas asociaciones y gremios también han mostrado interés y se prevé que a partir de ahora empiecen las negociaciones para que se puedan lograr acuerdos con las farmacéuticas.

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Medellín pasa de ciudad modelo a estado crítico en el manejo de la pandemia

El año pasado la capital de Antioquia fue modelo en el país, ahora los médicos deben elegir a quién le asignan una cama libre en los hospitales.

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Medellín, la ciudad que hace un año fue modelo en el manejo de la covid-19, vive días dramáticos por el incremento de contagios y de muertes, situación que pone a los médicos en la penosa tarea de escoger a quién asignan cada cama libre en los hospitales.

La situación en Medellín y el departamento de Antioquia ha adquirido tintes dramáticos por el colapso de los servicios hospitalarios, lo que se refleja en las filas de ambulancias con enfermos esperando que se les asigne una cama en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

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Ese escenario contrasta con el del comienzo de la pandemia, hace un año, cuando la ciudad era puesta como modelo en el manejo de la emergencia sanitaria gracias a su apuesta por la tecnología y el Big Data para contener la propagación del virus mediante un “cerco inteligente” de cada caso positivo, estrategia que funcionó por unos meses.

En Medellín han sido confirmados 250.036 casos positivos, de los cuales 13.330 permanecen activos, han fallecido 4.772 personas y la ocupación de las UCI tanto en la ciudad como en el departamento de Antioquia ya supera el 98 %, situación que las autoridades atribuyen principalmente al relajamiento de las medidas de autocuidado por parte de la gente y a nuevas variantes del coronavirus.

En los últimos días la ciudad ha registrado hasta 80 muertes diarias y Antioquia tuvo el lunes un récord de 146 fallecidos.

Triaje ético en las UCI

La situación llegó al punto de que el pasado domingo el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció el “triaje ético” para decidir a quien le asignan una UCI, todo un dilema para el personal médico.

El gobernador explicó que los equipos responsables de las unidades hospitalarias deben entrar a “analizar” las condiciones médicas de cada paciente: “la edad, el estado de comorbilidades, la patología y, de alguna manera -duro decirlo- definan quién accederá a una cama de cuidados intensivos y quién no”.

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Ante el colapso, que tiene a más de diez hospitales en alerta máxima, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que el personal médico, ya extenuado por las largas jornadas, ha tenido que atender a pacientes en estado crítico en “centros de cirugía o en los quirófanos para intubarlos mientras se habilita una cama UCI”.

Pese a que la situación es extrema en la ciudad, que además recibe pacientes de otros municipios de Antioquia, Quintero aseguró que “todavía no hemos tenido que desconectar a alguien”.

Alarma de asociaciones médicas

Otra señal de alarma dieron este miércoles diez organizaciones del sector de la salud que en una carta abierta a la opinión pública insistieron en la necesidad de que se declare una “cuarentena estricta por la vida durante dos semanas” ya que los confinamientos parciales y otras medidas han resultado insuficientes para contener la pandemia.

La carta, cuyos firmantes son encabezados por la Academia de Medicina de Medellín, advierte de la gravedad de la situación “en vista de la confirmación en Antioquia de nuevas variantes del SARS-CoV-2 (británica y brasileña) con mayor grado de transmisión, el colapso generalizado de los servicios de salud, altos índices de infectados, de ocupación de camas UCI y de fallecidos”.

“Alertamos sobre la necesidad de ayudas humanitarias a las poblaciones más pobres y vulnerables, con el apoyo de todos los sectores públicos y la empresa privada”, pidieron las asociaciones de médicos.

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Colombia vive la tercera ola

La crisis en Medellín y Antioquia es reflejo de la situación que se vive en todo el país, duramente golpeado desde hace tres semanas por la tercera ola de la pandemia, lo que obligó a Bogotá, Cali, Barranquilla y otras ciudades a instaurar nuevamente los confinamientos por días y toques de queda nocturnos para reducir la movilidad de las personas y tratar de mitigar la propagación del virus.

Colombia acumula hasta la fecha 2.684.101 contagiados y 69.177 fallecidos, pero la preocupación es grande en todo el país porque las UCI están a reventar en muchas ciudades y las defunciones alcanzaron niveles récord esta semana, con 420 muertes el lunes y 429 el martes.

Por si fuera poco, la vacunación masiva, que empezó a tomar fuerza en febrero y marzo, ha tenido problemas este mes porque el país no han recibido las dosis esperadas, principalmente del laboratorio chino Sinovac, cuyas entregas se han retrasado.

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España donará 7,5 millones de dosis de vacunas a América Latina

España donará a países de América Latina al menos 7,5 millones de dosis de vacunas contra covid-19 este año, a partir de julio.

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España

El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, hizo este anuncio en su intervención en la sesión plenaria XXVII Cumbre Iberoamericana desarrollada en la localidad de Soldeu (Andorra). Y señaló que las vacunas que se van a poner a disposición de Latinoamérica suponen entre el 5 y el 10 por ciento del total de los viales que España va a recibir de la Unión Europea (UE) durante 2021.

La meta que se ha marcado el Gobierno español es tener inmunizado al 70 por ciento de los 47 millones de la población a finales de agosto. Por ello, el umbral de la mitad se alcanzaría en torno a julio, momento en el que se procedería a la donación de viales a los socios iberoamericanos

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La entrega de las vacunas se hará a través del mecanismo solidario internacional Covax, en el que participan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE. A su vez, la distribución correrá a cargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que las repartirá “según las necesidades de cada país”, precisó Sánchez.

“El Gobierno de España está profundamente comprometida con la región en la lucha contra la pandemia. Y el acceso a las vacunas debe ser equitativo y universal”, defendió Sánchez después de que varios mandatarios expresaran sus quejas por la actitud de los países más ricos a la hora de acaparar los viales.

Plan de vacunas solidarias

Sánchez recordó que España ya aprobó en enero su plan de vacunas solidarias, con el apoyo económico para que Covax empezara a comprar dosis y destinarlas a los países con menos recursos.

En línea con la demanda de algunos socios iberoamericanos, el jefe del Ejecutivo español también se refirió al debate sobre la eliminación de las patentes de las vacunas. A su juicio, los derechos de propiedad intelectual de estos antídotos “deben ayudar y no ser un freno” en la lucha contra la covid-19.

Por ello, se comprometió a impulsar esta discusión en el seno de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para analizar las opciones que “permitan avanzar de la manera más eficaz y equitativa posible” en este asunto.

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