Para los expertos consultados por Forbes, regular su estatus migratorio les permitirá acceder a servicios básicos y conectarse a mercados de trabajo formal. La decisión del Gobierno traerá beneficios económicos y sociales para el país, pero también retos.
Este lunes el presidente, Iván Duque, dio una noticia histórica: Colombia -uno de los países que más ha estado expuesto a la diáspora venezolana tras la crisis humanitaria, social y económica que enfrenta la nación vecina- decidió que regularizará el estatus migratorio de cerca de 1 millón de personas a través de un estatuto temporal de protección para migrantes.
Pese a que la noticia fue aplaudida por muchos sectores, también ha dejado preguntas al aire para un buen número de colombianos. Con el fin de explicar cómo la decisión del Gobierno se traduciría en beneficios sociales y económicos para el país y si se vería algún impacto en los indicadores de pobreza o mercado laboral -una de los temas que más preocupan a los colombianos-, Forbes habló con expertos en la materia.
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¿Es un apoyo a la lucha contra la pobreza?
Para algunos expertos regularizar el estatus de los venezolanos podría ayudar a combatir la pobreza en Colombia. Puntualmente, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y experto en temas de pobreza, resaltó que “de alguna manera es una estrategia de reducción de la pobreza porque esa población va a poder tener acceso a servicios básicos y conectarse a mercados de trabajo formal, ambas cosas son muy potentes para la reducción de la pobreza”.
Según el experto, “si los venezolanos (irregulares) son residentes habituales en Colombia, ya están marcando en los indicadores de pobreza (…) Partamos del hecho de que si ya son residentes habituales, es decir llevan viviendo en Colombia más de seis meses, una buena parte de esa población ya forma parte de las estadísticas oficiales de pobreza en Colombia”.
Para Natalia Galvis, consultora en política social, el estatuto de protección que presentó el Gobierno y la inclusión de migrantes en un registro, le permitirá a la nación ir removiendo barreras en el acceso a unos servicios básicos que están directamente relacionados con indicadores de pobreza multidimensional. “El sólo hecho de que cada migrante pueda tener acceso a servicios de salud porque ya no será rechazado por su condición “irregular”, significará una mejora sustancial en los indicadores de pobreza”.
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Galvis resaltó que el año pasado, con la presentación del informe de pobreza multidimensional, fue posible identificar algunos canales de transmisión del efecto de la segunda ola migratoria de 2019. “Conocimos que el 31,8% de los hogares en pobreza multidimensional que no tienen aseguramiento en salud son familias con al menos un migrante; y que el 14,9% de los hogares pobres que están hacinados son de migrantes venezolanos. Es decir, tenemos dentro de la población pobre en Colombia a 66.032 hogares de migrantes sin acceso a servicios de salud, y a 203.063 hogares que viven en hacinamiento crítico”.
En palabras de Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, la posibilidad de acceder a un trabajo formal les abre el abanico de posibles empleos a este segmento de la población y por ende sus condiciones podrían mejorar. Sin embargo, resaltó que “el cambio no va a ser inmediato porque el mercado laboral y en particular la demanda de trabajo está en niveles muy bajos”.
Fernández añadió que “el status irregular de los migrantes no impide que aparezcan en las bases de datos. Por el contrario, con el nuevo estatuto van a poder conseguir un empleo formal, y contribuir a salud y pensiones”.
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Desde otra visión, Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, mencionó que entre los efectos secundarios de no avanzar en regular el estatus migratorio está el impacto en los ingresos de la población informal. Explicó que si las personas que ingresan al mercado laboral no están bien cualificadas, se reduce el ingreso promedio y por ende, se afectaría la pobreza.
“En el mercado laboral informal como la productividad es tan baja y no crece, los ingresos totales en esos mercados son los mismos, pero al entrar tantas personas se redistribuye ese mismo ingreso entre más gente”, impactando la pobreza, agregó Núñez.
Los beneficios y retos de regularizar a los migrantes
Sobre este punto Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, destacó que el proceso que se inicia en Colombia para la regularización de los venezolanos permite que a este segmento de la población se le garanticen derechos que tienen los colombianos en materia de salud y educación, por ejemplo.
Según expuso Fernández, la experta de Fedesarrollo, en principio, los migrantes venezolanos son más jóvenes y mas educados. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) 2019, el promedio de edad de los migrantes es de 26 años vs. 32 promedio del total nacional, y tienen 7,9 años de educación promedio (frente a un promedio nacional de 7,7 años). Adicionalmente, en un porcentaje importante, la población proveniente de Venezuela tiene vocación de permanecer en el país.
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“Esta comparación favorable para la población proveniente de Venezuela, en términos de edad, educación y urbanización, sugiere que este proceso migratorio tiene el potencial de generar un mayor crecimiento para el país, si se aprovecha a cabalidad el mayor acervo de educación y habilidades”, dijo Fernández.
En palabras de Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, el principal beneficio que está persiguiendo el país es poder identificar a la población venezolana que en este momento está irregularmente en el territorio nacional para, entre otras cosas, generar condiciones de equidad en las políticas públicas.
Para Galvis, la consultora en política social, “la migración implica un montón de retos en materia de recepción, de salud pública, de cobertura en servicios básicos y de presión fiscal. Pero sin lugar a duda, los beneficios serán mayores a esos retos siempre y cuando logremos integrar de manera exitosa a los migrantes”.
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La experta agregó que el país podría tener beneficios en el mercado laboral, al aumentar el nivel agregado del producto a través del crecimiento del factor trabajo y del consumo, “también podríamos contar con mano de obra en sectores en los que es difícil captar trabajadores locales, como el agrícola; podríamos crecer en el número de empresas y emprendimientos de origen venezolano porque dada la regularización, los migrantes podrían empezar a realizar ese tipo de inversiones. Esto último fue lo que ocurrió en Turquía con la migración siria y trajo enormes beneficios”.
Respecto a los retos que esto trae en materia de políticas públicas, Reina, de Fedesarrollo, resaltó que el mayor desafío es el de la parte práctica de la implementación del nuevo estatuto, “estamos hablando de 1 millón de personas que se van a registrar, identificar y ubicar”. Otro de los retos que ve es un aumento en las presiones para el sistema de salud. Sin embargo, dice que si antes dicha población podía acceder a servicios únicamente de urgencias, al regularizarse esta entraría al sistema de seguridad social en salud, cotizaría y en esa medida el sistema estaría mejor preparado y financiado para atenderlos.
En línea con el tema de salud, Galvis, expuso que el reto más grande para el país en materia de política pública es que todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, sean incorporados en el plan de vacunación contra el coronavirus. Para ella, lo anterior es muy difícil pues “los migrantes venezolanos con estatus irregular son invisibles estadísticamente hablando y el Gobierno no tiene claro cómo los va a ubicar y cuánto pueda tardar ese ejercicio censal”.
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Para Freddy Castro, presidente de Banca de las Oportunidades, “el estatuto de protección nos deja otro reto: promover el acceso de nuestros hermanos venezolanos a los servicios del sistema financiero” resaltó a través de su cuenta de Twitter.
Por último, el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró que es un gran desafío para toda la formulación de política pública. “Muy seguramente muchas de las medidas requerirán de la presión de la sociedad civil y de la academia para poderse materializar, no bastará solo con proposición de un discurso presidencial, sino que incluso la materialización y trabajo que requiere necesitará acompañamiento de la comunidad internacional como gran financiador, pero también de la comunidad política y otros actores que van a tener que construir consensos para materializarlo”.