La calificadora se refirió al Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, diciendo que los beneficios serán mayores a los costos en el mediano plazo.
La calificadora Moody’s entregó su último informe en el que se refiere al Estatuto Temporal de Protección para venezolanos (EPTV) creado por el Gobierno Nacional para regularizar la situación migratoria de cerca de un millón de venezolanos que viven indocumentados en el país.
La decisión, que les abre las puertas a los migrantes a servicios de salud, educación y trabajo, “aumentará el potencial de crecimiento de Colombia mediante la eliminación de barreras que impedían la formalización de trabajadores venezolanos y la expansión de la población en edad laboral”, indicó la calificadora. “Si bien el Gobierno colombiano deberá inicialmente afrontar costos fiscales adicionales, es probable que los beneficios sean mayores que los costos en el mediano plazo”, agregó.
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De los 1,7 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en el país, el 58 % tienen entre 18 y 39 años, mientras que el 28 % son menores de 18 años, por lo que, explican, los migrantes aumentan la población en edad laboral de Colombia en 3 %.
Esto, se suma a que esta población es en promedio casi cinco años más jóvenes que los colombianos (26 años versus 31), por lo que la regularización ayudará a mitigar los efectos económicos y fiscales de envejecimiento de la población.
El Banco de la República estima que la formalización de los migrantes venezolanos aumentará permanentemente la productividad agregada del país en un 0,9 %, y que el la afluencia de migrantes aumentaría el crecimiento potencial del PIB en 0,14-0,17 puntos porcentuales anualmente entre 2015 y 2030. Por su parte, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) son aún más optimistas, con un pronóstico de crecimiento potencial anual que aumentará en un 0,2-0,3 % puntos entre 2017 y 2030 como consecuencia de la afluencia de migrantes venezolanos. Para 2019, el El FMI atribuyó 0,25 puntos porcentuales de crecimiento a los efectos de la migración.
En el corto plazo, los gastos fiscales del gobierno aumentarán. En 2019, el Ministerio Hacienda aflojó su regla fiscal para permitir un déficit del 2,7 % del PIB en 2019 (desde el 2,2 % anterior) y un 2,3 % déficit en 2020 (desde 1,9 % anteriormente), citando las entradas de migrantes venezolanos como el principal impulsor para la revisión.
Entre 2017 y 2019, los gastos asociados a los migrantes venezolanos totalizaron $ 1,3 billones (0,13 % del PIB), mientras que los ingresos fiscales generados por los migrantes ascendió a COP 800 mil millones (0,08% del PIB), un costo fiscal adicional de 500.000 millones de pesos (0,05% del PIB).
Con esto, basados en las estimaciones del Banco de la República, la calificadora dice que el costo fiscal asociado con los migrantes fluctuará entre el 0,2 % y el 0,4 % del PIB entre 2020 y 2022. El FMI, por su parte, estimó el costo fiscal neto de la migración en 2019 en 0,5 % del PIB y espera que la migración resulte en un aumento del 0,6 % del PIB en gasto público para 2023.
Aunque existen importantes preocupaciones sobre la capacidad del mercado laboral colombiano para absorber la afluencia de migrantes dada que casi la mitad de todos los trabajadores (49 % a noviembre de 2020) tienen un empleo informal. Al tiempo, la formalización de los migrantes venezolanos podría conducir a una mayor tasa de desempleo para los trabajadores nativos.
Al respecto, Moody’s afirma que aunque estos efectos adversos pueden materializarse los datos anteriores a la pandemia no muestran efectos secundarios negativos en la población nacional por el aumento de la migración. Entre 2014 y 2018, el aumento del 3 % en la población en edad de trabajar causado por la afluencia de migrantes se relacionó con un aumento en desempleo urbano del 10 % al 11,3 %, pero este aumento se atribuye a la expansión de la fuerza laboral más que a un aumento en trabajadores colombianos desempleados.