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Política

Memes en América Latina: ¿el arma perfecta para ridiculizar a los políticos?

Un candidato a la presidencia de Perú se quejó de ser blanco de memes y críticas continuas en redes sociales. Una situación recurrente en muchos países de la región. ¿Son los memes parte de la cultura latinoamericana?

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El candidato a la presidencia de Perú, César Acuña. Foto: Imago/DW

“De todo me hacen memes, no se cansan. En lugar de decir 36 mil millones dije otra cosa, entonces, meme”, manifestó fastidiado el candidato presidencial peruano César Acuña, por las críticas que recibe en las redes sociales luego de no saber cómo explicar cuánto le iba a costar, si llega a la presidencia, la entrega de un bono para los más afectados por la pandemia del coronavirus. 

Sin embargo, esta no es la primera vez que el político peruano se queja de que los usuarios de las redes sociales lo viralicen a través de memes por su forma de hablar. “Acuña suele tener frases redundantes o tautologías que lo hacen muy ‘memeable’. Además, él es parte de una tradición política antigua que no se ha actualizado mucho y, por lo tanto, resulta para la gente más gracioso utilizar memes en contra de personas que no quieren ajustarse a los nuevos cánones de comunicación”, comenta a DW el especialista peruano en comunicación política Oscar del Valle. 

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Este fenómeno en la comunicación política no es exclusivo de un país en la región. Desde México a Argentina, los memes están revelando un gran potencial que lleva a modificar la relación entre los gobiernos o candidatos y el público, y terminan teniendo un alto impacto con un enfoque constructivo y destructivo. Ese ha sido, por ejemplo, el caso en las recientes elecciones en Ecuador o en los diversos escándalos por las vacunaciones irregulares en la región. ¿Hasta qué punto son los memes parte de la idiosincrasia latinoamericana?

El problema de “satanizar la ridiculización”

La creación de memes, en general, es una práctica que se ha ido profesionalizando en los últimos años. La palabra proviene del griego “mimema”, que significa “algo limitado” y hace referencia a una forma de propagación cultural que, en la actualidad, se ha convertido en una de las maneras más fáciles y de gran impacto, no solo para divertir sino para comunicar. 

Un meme es una unidad de información que se replica a sí misma. Su utilización en el ámbito político y social viene justamente porque este rebota en otras personas. Es decir, se utiliza una imagen acompañada por lo general de texto para expresar un descontento u opinión con respecto al desarrollo social o político y eso encuentra eco en otras personas que se sienten identificadas. Esas personas lo toman, lo transforman, le agregan cosas, lo reenvían y así lo hacen viral. Precisamente ahí está su valor social, de expresar una corriente de pensamiento con eco en muchas personas”, explica a DW la analista de políticas públicas y redes sociales de la organización latinoamericana Derechos Digitales, Marianne Díaz.

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Desde el punto de vista político, los memes tienen un valor bastante claro: permitir, fomentar y otorgar un medio para la participación política, sobre todo de los más jóvenes, que normalmente tienden a ser menos participativos, pero que de este modo encuentran una vía para expresar esas opiniones. “Más bien, creo que justamente el problema está en satanizar la ridiculización del meme. El término ridiculizar parece que intenta situar al político como una figura de buena posición, como víctima”, señala Díaz. 

La sátira, recuerda la analista de Derechos Digitales, es un elemento sumamente importante de la libertad de expresión: “Los memes son ahora uno de los vectores de comunicación más importantes que hay para la sátira, y en especial para la sátira política. Las personas que tienen cargos públicos o están postulando a uno están sometidas a un mayor nivel de escrutinio y, por ende, deben tolerar un mayor nivel de sátira”.

¿Parte de la cultura latinoamericana?

Sobre si el creciente uso de memes en la región se debe a una tendecia o es una cuestión más bien cultural, el experto Del Valle cree que “en medio de una campaña política cualquiera puede ser ‘troll’ y eso depende de la situación particular de cada persona. Este individuo utiliza mecanismos como los memes para compartir información, donde se aprovecha del contexto, que es electoral, para hacer burlas, para pasar información graciosa y convencer así a la gente. Al final, se trata de reír un poco en medio de las tragedias políticas”. 

En esa misma línea, la analista Díaz subraya que el fenómeno de los memes no es una cuestión regional: “Son parte de una cultura global y parte de la cultura de Internet. Hay países con un alto índice de producción per cápita de memes que están en Europa o Asia. Rusia es un país con una fama de memes increíble. En Latinoamérica, los venezolanos son bastante creativos y en Argentina está bastante bien instaurado”.

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Otro aspecto importante a tener en cuenta es la diferencia que existe entre los tipos de memes: los globales, que son más fáciles de entender, y los locales, que tratan temas específicos. Sin embargo, “algunos memes se pueden entender a lo largo de Latinoamérica, porque tenemos referentes compartidos, como en el caso de los mexicanos. Ellos hacen memes que tienen al Chavo del Ocho junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y en la región se va a entender porque la mayoría de los latinoamericanos conocemos la serie”, asegura Díaz.

Evitar el “efecto Streisand” 

Según ambos expertos, esta herramienta digital, como cualquier otra que se ha vuelto parte de la comunicación política, es totalmente integral y la manera en la que la gente participa hoy en día es distinta a la acostumbrada con los medios tradicionales. 

“Creo que los políticos o las personas públicas de la región pueden usar este nuevo mecanismo de comunicación como herramienta de medición de la temperatura social, del descontento de la gente, de cuáles son los asuntos a los que se está prestando más atención. Ellos deberían evitar el denominado ‘efecto Streisand’, que indica que cuando se censura un contenido en Internet, ese contenido se viraliza mucho más rápido y es imposible eliminarlo. Tiene un efecto de cabeza de medusa”, opina la analista de Derechos Digitales.

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Ante una lluvia de memes, Díaz se muestra convencida de que lo mejor que un político puede hacer es ignorarlos o elegir entre algunos caminos: “Uno de ellos es intentar controlar o censurar, pero ya vemos que eso no funciona porque la libertad de expresión es un derecho humano. El otro camino es intentar participar, como ocurre, a veces, en Chile con Piñera. Cuando ha intentado participar en el chiste se ha visto mal, pero cuando los ignora todo marcha mejor. Todos los días hay memes de Piñera, pero esto es simplemente una expresión popular. No constituye ningún tipo de amenaza”.

El candidato peruano César Acuña denota con su queja, según el especialista Del Valle, no haber sabido aprovechar la situación: “No ha entrado en el juego, se ha quejado y cuando te quejas del juego van a tratar de seguir fastidiando. Los candidatos ya no se relacionan hoy de manera vertical. La relación entre el candidato y sus representados en redes sociales es horizontal. Ahora uno puede enviarle un mensaje al presidente con solo un clic en Twitter y también se podría recibir una respuesta con tan solo un clic. A medida que el candidato se distancie del público, negando la posibilidad de jugar este juego, estará perdiendo una oportunidad”.

DW

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Política

Elecciones en Perú: aumentó la fragmentación política

Especialistas señalan que la gobernabilidad del país sería muy complicada para el ganador del balotaje que se llevará a cabo en junio.

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Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos que irían a la segunda vuelta. Fotos: Reuters.

Por: Hugo Flores | Forbes Staff

Las recientes elecciones generales de Perú, que se llevaron a cabo el domingo 11 abril, han sido bastante particulares. No solo porque se realizaron en medio de una terrible crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, sino porque sus resultados evidenciaron que el país andino experimenta una severa fragmentación política.

Con más del 92% de las actas electorales procesadas, los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta serían Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre con alrededor de 18% de los votos, y Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular y quien habría alcanzado poco más de 13% de los votos. Aunque no es atípico que Perú tenga una segunda vuelta, el hecho de que la suma de los votos de ambos políticos superase a duras penas el 30%, revela que ninguno tiene una amplia espalda política y un apoyo mayoritario. De hecho, en las elecciones de los últimos años, los dos candidatos que pasaban a la fase de balotaje sumaban más del 50% o 60% de los votos.

“La definición por un candidato ha sido muy baja en comparación con elecciones anteriores”, destaca Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Justamente, los resultados oficiales indican que los candidatos ubicados en el tercer, cuarto y quinto puesto también tuvieron una importante acogida y una diferencia no tan amplia con el segundo lugar.

Otro dato relevante es que el Congreso volvería a contar con un amplio número de bancadas –por lo menos ocho– y ninguna sería mayoría. “Será un Congreso bastante fragmentado, en donde será sumamente relevante que se trabaje en concesos y bloques”, señala Ames. De acuerdo con el analista político Juan de la Puente, las elecciones también han revelado una escasa capacidad del sistema político peruano para generar estabilidad y unidad. “Solo ese hecho implica un fracaso para la democracia peruana”, dice De la Puente.

Dos caminos políticos

El espectro político en el cual se mueven los dos candidatos es distinto. Keiko Fujimori, excongresista y para quien la fiscalía de Perú ha pedido 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos, es una candidata vinculada con la derecha conservadora.  Por su lado, Pedro Castillo, profesor y dirigente sindical, es un candidato ligado a la izquierda más radical. Él, que ganó popularidad en las últimas dos semanas según varias encuestas, se inscribió el año pasado en el partido Perú Libre, el cuál es liderado por Vladimir Cerrón, un exgobernador regional condenado por corrupción.

En este escenario, a diferencia de otros procesos electorales, los especialistas ven muy difícil que alguno de los candidatos se mueva al centro del espectro político para ganar más votos en la segunda vuelta, como pasó con Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011. “Lo que queda claro es que vamos a tener una segunda vuelta entre alguien que representa a la izquierda o el cambio del modelo económico y una fuerza que defiende ese modelo económico”, comenta Ames.

Para Luis Benavente, especialista en comunicación política, la segunda vuelta será una pelea política muy reñida. “Se va activar el antifujimorismo, el cual es muy fuerte y profundo en el Perú. No se había activado porque no se veía a Keiko Fujimori como una amenaza. Pero hay un factor que va a frenar una parte del antifujimorismo. Ese es el riesgo de las políticas que ha propuesto Pedro Castillo. Muchas personas no quieren una economía estatista y restricciones de las libertades individuales”, menciona Benavente

El protagonismo del voto conservador

Este proceso electoral también estuvo marcado por el protagonismo del voto conservador. Los tres candidatos de derecha que se ubicarían en el segundo, tercer y cuarto lugar son conservadores. No obstante, Pedro Castillo, también ha mostrado ser un político conservador en lo social, ya que se ha mostrado en contra de temas como el aborto y el enfoque de género en la educación.

“El progresismo es el principal perdedor de estas elecciones. Es un movimiento y un discurso nuevo en el Perú, un país muy conservador respecto a otros de Sudamérica”, explica Alexandra Ames, de la Universidad del Pacífico. Para la académica, en el Perú no solo hay un voto asociado a la derecha e izquierda, sino también un voto que se comporta según su afinidad o rechazo con el conservadurismo. En este contexto, los expertos consideran que ninguno de los candidatos bajaría el tono conservador de su discurso para la segunda vuelta.

El balotaje se llevará a cabo el próximo 6 de junio. La posibilidad de que los dos candidatos generen alianzas políticas hasta esa fecha no está descartada. No obstante, los especialistas coinciden en que, más allá de quien resulte ganador, la Gobernabilidad del país se vería seriamente afectada por la fragmentación política, ya que ella dificultaría que se tomen decisiones sobre la situación sanitaria y económica.

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Reducir el Congreso y la JEP, entre las propuestas de Tomás Uribe

En palabras del hijo del expresidente Uribe, “se necesita austeridad radical. La tragedia deja una tragedia social que pone en riesgo la democracia (…) Se necesita generosidad de quienes más tienen. Pero primero se requiere ahorro del estado.”.

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Tomás Uribe.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, se unió al debate que se ha dado recientemente en el país sobre la necesidad de reducir gastos y aumentar ingresos. Uribe lanzó sus propuestas en materia económica en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado Colombia por la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Tomás habló de la necesidad de avanzar hacia una “austeridad radical”. Agregó que “la pandemia deja una tragedia social que pone en riesgo la democracia. 40% de la población en situación de pobreza, con posibilidad de subir al 50% si no se hace nada”.

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El hijo del expresidente añadió que “se necesita generosidad de quienes más tienen. Pero primero se requiere ahorro del Estado”. A renglón seguido explicó que “cada congresista cuesta $2.500 millones al año. Reducir 30% el congreso permite financiar la alimentación escolar para un millón de niños. Reducir 30% la JEP financia la alimentación de otros 500.000 niños”.

Hay que recordar que en Colombia hay actualmente 180 los congresistas, de los cuales 172 están en la Cámara de Representantes y 108 en el Senado de la República.

Además de proponer reducir el Congreso de la República y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo que es necesario eliminar las altas consejerías, “las burocráticas agencias creadas por el gobierno anterior y fusionar ministerios”.

Por último, “la austeridad genera confianza al contribuyente y a las calificadoras. Menos gasto y menos burocracia conllevan a menos corrupción”.

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Senadora Cabal desprestigia premios India Catalina por galardón a ‘Matarife’

La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que “los “premios” terminan, en éste universo material, degradados por todos los vicios y defectos humanos”.

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Foto: Senado de la República.

La senadora, María Fernanda Cabal, criticó fuertemente los premios India Catalina que se celebran cada año en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena para premiar los contenidos audiovisuales del país.

Entre los galardonados de la más reciente edición de los premios estuvo la serie documental web ‘Matarife’ del periodista, escritor y abogado colombiano Daniel Mendoza. Este producto narra hallazgos periodísticos en los que se relaciona la vida del expresidente, Álvaro Uribe, con mafias en el país.

Ante el reconocimiento a ‘Matarife’, la serie que se llevó dos galardones: mejor producción de serie documental y mejor producción online, la senadora Cabal arremetió contra los premios a través de su cuenta de Twitter.

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El mensaje de la senadora en su red social fue el siguiente: “Los “premios” terminan, en éste universo material, degradados por todos los vicios y defectos humanos hasta el punto de galardonar una porquería como Matarife; y, de paso, a un acosador sexual expulsado de un Club (el Nogal)”.

Agregó que “el premio india Catalina es hoy para degenerados y resentidos”.

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Proyecto de ley busca dar beneficios tributarios a empresarios que contraten pospenados

El proyecto, liderado por la Fundación Acción Interna y los congresistas Katherine Miranda y Edward Rodríguez establece que si el 1 % de la nómina de una empresa está conformada por personas que hayan cumplido una condena en la cárcel, esta solo pagará el 80 % de algunos aportes tributarios.

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La fundación Acción Interna, en cabeza de su directora Johana Bahamón, lidera el proyecto de ley que fue radicado ante el Congreso de la República este miercoles, que busca promocionar e incentivar el trabajo para las personas que hayan pagado condenas en la cárcel.

La iniciativa contempla beneficios tributarios y económicos para las empresas que permitan la contratación de personal pospenado y faciliten la reinserción de los centenares de hombres y mujeres que han cumplido sus condenas y buscan reincorporarse de nuevo a la sociedad.

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Los Representantes Katherine Miranda de la Alianza Verde, Edward Rodríguez del Centro Democrático y diez congresistas más de las diferentes bancadas son los autores del proyecto. Este, será discutido en los próximos meses, y establece, entre otras cosas, que las compañías que contraten a personas con esta condición tendrán beneficios en el pago de parafiscales, con aportes correspondientes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Además, se propone que si la contratación de trabajadores que hayan cumplido su condena representa el 1 % de la nómina, la empresa solo pagará el 80 % del valor total de los aportes mencionados en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 %.

Según Johana Bahamón, la ley permitirá desestigmatizar y generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría “no han tenido ni la primera oportunidad”. Por su parte, la Representante Katherine Miranda aseguró que el proyecto de Segundas Oportunidades es un paso en la dirección correcta para una verdadera rehabilitación, y para que los individuos que ya cumplieron sus condenas puedan ingresar a un trabajo que les permita recuperar la vida en familia.

De acuerdo con las estadísticas, de de los miles de presos que hoy se encuentran en las cárceles de Colombia, los que más delinquen están en un rango de edad entre 25 y 29 años, y la mayoría de ellos no han terminado el colegio. Estos son quienes tienen mayor probabilidad de caer en acciones criminales, mientras que los que tienen educación técnica, tecnológica y profesional tienen menor probabilidad.

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Política

Se hunde proyecto que pretendía alargar período de Duque y de congresistas

No llegó ni al primer debate porque, ante la presión ciudadana, varios congresistas pidieron retirar su firma.

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Frente a la fuerte presión ciudadana que sacudió al país por la radicación de un proyecto de reforma constitucional que pretendía alargar los períodos del presidente Iván Duque, de los congresistas y de los líderes de los organismos de control, la iniciativa se hundió en menos de 24 horas y ni siquiera llegó al primer debate.

Uno a uno, más de 15 congresistas que habían firmado el proyecto pidieron retirar su firma del documento, confirmó la Secretaría General de la Cámara de Representantes, lo que hace que el proyecto no tenga los apoyos mínimos requeridos para empezar a debatir una reforma constitucional.

Carlos Julio Bonilla, Hernán Estupiñán, Juan Diego Echavarría, Modesto Aguilera, José Amar, Salim Villamil y Camilo Arango, son algunos de los legisladores que hicieron la solicitud. Se sabe que ocho congresistas más pasaron la carta con la petición.

La iniciativa quería cambiar varios artículos de la constitución aumentando de 4 a 5 años los periodos del presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, abriendo la puerta para la reelección de los actuales mandatarios.

La iniciativa también planteaba ampliar de cuatro a cinco años los periodos del fiscal general, contralor general, procurador general, registrador nacional, defensor del pueblo, auditor general y los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Este proyecto también contemplaba la ampliación de ocho a diez años del periodo de los magistrados de la Corte Suprema de justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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