Por: Hugo Flores | Forbes Staff

Las recientes elecciones generales de Perú, que se llevaron a cabo el domingo 11 abril, han sido bastante particulares. No solo porque se realizaron en medio de una terrible crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, sino porque sus resultados evidenciaron que el país andino experimenta una severa fragmentación política.

Con más del 92% de las actas electorales procesadas, los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta serían Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre con alrededor de 18% de los votos, y Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular y quien habría alcanzado poco más de 13% de los votos. Aunque no es atípico que Perú tenga una segunda vuelta, el hecho de que la suma de los votos de ambos políticos superase a duras penas el 30%, revela que ninguno tiene una amplia espalda política y un apoyo mayoritario. De hecho, en las elecciones de los últimos años, los dos candidatos que pasaban a la fase de balotaje sumaban más del 50% o 60% de los votos.

“La definición por un candidato ha sido muy baja en comparación con elecciones anteriores”, destaca Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Justamente, los resultados oficiales indican que los candidatos ubicados en el tercer, cuarto y quinto puesto también tuvieron una importante acogida y una diferencia no tan amplia con el segundo lugar.

Otro dato relevante es que el Congreso volvería a contar con un amplio número de bancadas –por lo menos ocho– y ninguna sería mayoría. “Será un Congreso bastante fragmentado, en donde será sumamente relevante que se trabaje en concesos y bloques”, señala Ames. De acuerdo con el analista político Juan de la Puente, las elecciones también han revelado una escasa capacidad del sistema político peruano para generar estabilidad y unidad. “Solo ese hecho implica un fracaso para la democracia peruana”, dice De la Puente.

Dos caminos políticos

El espectro político en el cual se mueven los dos candidatos es distinto. Keiko Fujimori, excongresista y para quien la fiscalía de Perú ha pedido 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos, es una candidata vinculada con la derecha conservadora.  Por su lado, Pedro Castillo, profesor y dirigente sindical, es un candidato ligado a la izquierda más radical. Él, que ganó popularidad en las últimas dos semanas según varias encuestas, se inscribió el año pasado en el partido Perú Libre, el cuál es liderado por Vladimir Cerrón, un exgobernador regional condenado por corrupción.

En este escenario, a diferencia de otros procesos electorales, los especialistas ven muy difícil que alguno de los candidatos se mueva al centro del espectro político para ganar más votos en la segunda vuelta, como pasó con Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011. “Lo que queda claro es que vamos a tener una segunda vuelta entre alguien que representa a la izquierda o el cambio del modelo económico y una fuerza que defiende ese modelo económico”, comenta Ames.

Para Luis Benavente, especialista en comunicación política, la segunda vuelta será una pelea política muy reñida. “Se va activar el antifujimorismo, el cual es muy fuerte y profundo en el Perú. No se había activado porque no se veía a Keiko Fujimori como una amenaza. Pero hay un factor que va a frenar una parte del antifujimorismo. Ese es el riesgo de las políticas que ha propuesto Pedro Castillo. Muchas personas no quieren una economía estatista y restricciones de las libertades individuales”, menciona Benavente

El protagonismo del voto conservador

Este proceso electoral también estuvo marcado por el protagonismo del voto conservador. Los tres candidatos de derecha que se ubicarían en el segundo, tercer y cuarto lugar son conservadores. No obstante, Pedro Castillo, también ha mostrado ser un político conservador en lo social, ya que se ha mostrado en contra de temas como el aborto y el enfoque de género en la educación.

“El progresismo es el principal perdedor de estas elecciones. Es un movimiento y un discurso nuevo en el Perú, un país muy conservador respecto a otros de Sudamérica”, explica Alexandra Ames, de la Universidad del Pacífico. Para la académica, en el Perú no solo hay un voto asociado a la derecha e izquierda, sino también un voto que se comporta según su afinidad o rechazo con el conservadurismo. En este contexto, los expertos consideran que ninguno de los candidatos bajaría el tono conservador de su discurso para la segunda vuelta.

El balotaje se llevará a cabo el próximo 6 de junio. La posibilidad de que los dos candidatos generen alianzas políticas hasta esa fecha no está descartada. No obstante, los especialistas coinciden en que, más allá de quien resulte ganador, la Gobernabilidad del país se vería seriamente afectada por la fragmentación política, ya que ella dificultaría que se tomen decisiones sobre la situación sanitaria y económica.

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Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, se unió al debate que se ha dado recientemente en el país sobre la necesidad de reducir gastos y aumentar ingresos. Uribe lanzó sus propuestas en materia económica en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado Colombia por la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Tomás habló de la necesidad de avanzar hacia una “austeridad radical”. Agregó que “la pandemia deja una tragedia social que pone en riesgo la democracia. 40% de la población en situación de pobreza, con posibilidad de subir al 50% si no se hace nada”.

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El hijo del expresidente añadió que “se necesita generosidad de quienes más tienen. Pero primero se requiere ahorro del Estado”. A renglón seguido explicó que “cada congresista cuesta $2.500 millones al año. Reducir 30% el congreso permite financiar la alimentación escolar para un millón de niños. Reducir 30% la JEP financia la alimentación de otros 500.000 niños”.

Hay que recordar que en Colombia hay actualmente 180 los congresistas, de los cuales 172 están en la Cámara de Representantes y 108 en el Senado de la República.

Además de proponer reducir el Congreso de la República y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo que es necesario eliminar las altas consejerías, “las burocráticas agencias creadas por el gobierno anterior y fusionar ministerios”.

Por último, “la austeridad genera confianza al contribuyente y a las calificadoras. Menos gasto y menos burocracia conllevan a menos corrupción”.

La senadora, María Fernanda Cabal, criticó fuertemente los premios India Catalina que se celebran cada año en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena para premiar los contenidos audiovisuales del país.

Entre los galardonados de la más reciente edición de los premios estuvo la serie documental web ‘Matarife’ del periodista, escritor y abogado colombiano Daniel Mendoza. Este producto narra hallazgos periodísticos en los que se relaciona la vida del expresidente, Álvaro Uribe, con mafias en el país.

Ante el reconocimiento a ‘Matarife’, la serie que se llevó dos galardones: mejor producción de serie documental y mejor producción online, la senadora Cabal arremetió contra los premios a través de su cuenta de Twitter.

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El mensaje de la senadora en su red social fue el siguiente: “Los “premios” terminan, en éste universo material, degradados por todos los vicios y defectos humanos hasta el punto de galardonar una porquería como Matarife; y, de paso, a un acosador sexual expulsado de un Club (el Nogal)”.

Agregó que “el premio india Catalina es hoy para degenerados y resentidos”.

Los "premios" terminan, en éste universo material, degradados por todos los vicios y defectos humanos hasta el punto de galardonar una porquería como Matarife; y, de paso, a un acosador sexual expulsado de un Club. El premio india Catalina es hoy para degenerados y resentidos.

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 29, 2021

La fundación Acción Interna, en cabeza de su directora Johana Bahamón, lidera el proyecto de ley que fue radicado ante el Congreso de la República este miercoles, que busca promocionar e incentivar el trabajo para las personas que hayan pagado condenas en la cárcel.

La iniciativa contempla beneficios tributarios y económicos para las empresas que permitan la contratación de personal pospenado y faciliten la reinserción de los centenares de hombres y mujeres que han cumplido sus condenas y buscan reincorporarse de nuevo a la sociedad.

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Los Representantes Katherine Miranda de la Alianza Verde, Edward Rodríguez del Centro Democrático y diez congresistas más de las diferentes bancadas son los autores del proyecto. Este, será discutido en los próximos meses, y establece, entre otras cosas, que las compañías que contraten a personas con esta condición tendrán beneficios en el pago de parafiscales, con aportes correspondientes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Además, se propone que si la contratación de trabajadores que hayan cumplido su condena representa el 1 % de la nómina, la empresa solo pagará el 80 % del valor total de los aportes mencionados en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 %.

Según Johana Bahamón, la ley permitirá desestigmatizar y generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría “no han tenido ni la primera oportunidad”. Por su parte, la Representante Katherine Miranda aseguró que el proyecto de Segundas Oportunidades es un paso en la dirección correcta para una verdadera rehabilitación, y para que los individuos que ya cumplieron sus condenas puedan ingresar a un trabajo que les permita recuperar la vida en familia.

De acuerdo con las estadísticas, de de los miles de presos que hoy se encuentran en las cárceles de Colombia, los que más delinquen están en un rango de edad entre 25 y 29 años, y la mayoría de ellos no han terminado el colegio. Estos son quienes tienen mayor probabilidad de caer en acciones criminales, mientras que los que tienen educación técnica, tecnológica y profesional tienen menor probabilidad.

Frente a la fuerte presión ciudadana que sacudió al país por la radicación de un proyecto de reforma constitucional que pretendía alargar los períodos del presidente Iván Duque, de los congresistas y de los líderes de los organismos de control, la iniciativa se hundió en menos de 24 horas y ni siquiera llegó al primer debate.

Uno a uno, más de 15 congresistas que habían firmado el proyecto pidieron retirar su firma del documento, confirmó la Secretaría General de la Cámara de Representantes, lo que hace que el proyecto no tenga los apoyos mínimos requeridos para empezar a debatir una reforma constitucional.

Carlos Julio Bonilla, Hernán Estupiñán, Juan Diego Echavarría, Modesto Aguilera, José Amar, Salim Villamil y Camilo Arango, son algunos de los legisladores que hicieron la solicitud. Se sabe que ocho congresistas más pasaron la carta con la petición.

La iniciativa quería cambiar varios artículos de la constitución aumentando de 4 a 5 años los periodos del presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, abriendo la puerta para la reelección de los actuales mandatarios.

La iniciativa también planteaba ampliar de cuatro a cinco años los periodos del fiscal general, contralor general, procurador general, registrador nacional, defensor del pueblo, auditor general y los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Este proyecto también contemplaba la ampliación de ocho a diez años del periodo de los magistrados de la Corte Suprema de justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.