Tras conocerse que Minhacienda incluiría ajustes a la regla en la próxima reforma que llevará al Congreso, analistas ponen sobre la mesa los cambios que deberían incluirse para hacer más eficiente dicho mecanismo que busca garantizar la sostenibilidad fiscal del país.

El Ministerio de Hacienda estaría preparando ajustes a la regla fiscal en la próxima reforma que llevará al Congreso, mediante la cual buscará además aumentar los ingresos de la Nación vía impuestos y reducción del gasto.

Lo que debe saber

La regla fiscal, creada en 2011 con el fin de fijar metas para tratar de reducir año a año la diferencia que tiene el Gobierno entre los gastos e ingresos de la Nación, fue suspendida durante 2020 y 2021 debido a la magnitud del choque de la pandemia del coronavirus que exigía un mayor gasto público para hacerle frente a la crisis.

Según la ley que creó la regla, la meta del déficit fiscal planteada en el mediano plazo estipulaba que el déficit estructural del Gobierno Nacional Central no debería superar el 1% del PIB a 2022, algo que en la práctica luce imposible de cumplir pues, por la coyuntura económica el déficit de 2020 fue de 7,8% del PIB ($77,7 billones) y este año se estima que subiría al 8,6% del PIB (más de $90 billones). Ambas cifras son históricas desde que existe el mecanismo en mención.

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De retornarse a la regla el próximo año, la meta de déficit planteada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) es de 2,5% del PIB, es decir, tocaría reducir el indicador en 6,1 puntos porcentuales (pps) en apenas un año. Por ello, el Gobierno buscará modificar la regla en la reforma fiscal próxima a presentarse, además, lo hará para hacerle unos cambios que harían más eficiente el mecanismo que actualmente no incluye topes en los montos de deuda pública, por ejemplo.

Las propuestas de cambios

Aunque el año pasado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio luces de los ajustes que se le podrían hacer a la regla fiscal, Forbes consultó a expertos en la materia para conocer qué transformación -desde sus criterios- debería tener el mecanismo que entre otras cosas, ha servido para controlar las presiones de gasto del Gobierno.

Sobre ello, Carolina Monzón, jefe de análisis económico de Itaú, se refiere a cuatro temas puntuales: primero, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal debería dar reportes de su perspectiva con mayor frecuencia, pues cuando estaba vigente la regla lo hacía cada año en marzo o abril, lo cual terminaba sirviendo como insumo al Mfmp. Segundo, “se debe dar la discusión si otros recursos claves para el Gobierno, como en el caso de las regalías, deben ser incluidos en las cuentas fiscales en la medida que pueden mitigar el efecto de la brecha energética”.

En tercer lugar, Monzón dice que “los lineamientos de la cláusula de salida también podrían hacer parte de la discusión, para de alguna forma limitar su extensión”. Por último, menciona que los escenarios de marcado estrés de mercado no están incorporados, por lo cual, variables de condiciones de financiamiento externo también podrían entrar a la discusión de reforma.

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Desde la visión de Nelson Vera, exvicepresidente de Anif, hay que dividir la discusión de la regla en dos elementos: i) los problemas-debilidades que traía dicho mecanismo antes de la pandemia, “básicamente no abordar directamente la trayectoria de la deuda pública y la senda de superávits primarios requeridos para su estabilización; y ii) el hecho de tornarse incumplibles las metas de déficit sugeridas por las brechas del petróleo-producto por el golpe del virus”.

Vera añade que aunque año tras año, se ha cumplido la regla desde sus primeras metas de déficit en 2014, “la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% del PIB en los próximos años”, razón por la que es necesario que la regla gire hacia un esquema de “deuda objetivo”, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República.

En línea con lo anterior, explicó que el nivel meta de dicho mecanismo debería ser más realista respecto a: “i) su “factibilidad” en términos de lograr credibilidad en las metas por parte del mercado y ii) lograr acomodar inexorables gastos productivos que una economía como Colombia deber hacer en frentes cruciales de infraestructura, educación, justicia, etc., todo ello ahora agravado por tema social en pandemia”.

Por su parte Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, reitera que aunque no hay una única respuesta, es importante fijar una meta de deuda pública como porcentaje del PIB. “En algunos países se fijan ciertos topes al gasto público, particularmente al gasto público no financiero, es decir, fuera del pago de intereses, por ejemplo. Creo que podría ser también importante acompañar esos niveles de meta de deuda con ese tipo de medidas que logren controlar en particular el gasto y hacerlo más eficiente”.

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También indica que es “muy importante que los parámetros, que se definan para darle cierta flexibilidad al Gobierno en momentos dados como una crisis, sean muchos más claros y fáciles de cuantificar y no estén supeditados a cierta subjetividad”.

Tras una nueva regla, ¿qué niveles de deuda y déficit serían óptimos fijar?

Recordando que en la ley que creó la regla fiscal (1473 de 2011) se establecía que el déficit estructural del GNC no superaría el 1% del PIB, se le consultó a los expertos qué nuevas metas deberían fijarse en el mediano plazo tanto de déficit como de deuda pública tras una reforma a la regla.

Sobre ello, Velandia destacó que es importante apuntarle a reducir la deuda del actual 65% del PIB al 50% del PIB en los próximos 10 años. “Calculamos que este año la deuda (del GNC) se acercará al 67% del PIB, volver a niveles prepandemia es imperativo”. En términos de déficit, expone que la meta podría ser cercana al 2% del PIB. Para ello, será necesaria la reforma fiscal que incremente los ingresos en al menos 1% del PIB a partir de 2022 y otro 1% o 1,5% del PIB adicionales al 2024, dice.

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Al respecto, Vera mencionó que “habrá que ver cuál es el nivel de deuda pospandemia, pero luce razonable un umbral del 55%-65% del PIB con horizontes a una década. Lo que si lucía incumplible eran metas de largo plazo implícitas del 30-40% del PIB que anualmente se tenían en el Mfmp (sugeridas por la regla fiscal). Esta discusión de la regla debe estar inexorablemente ligada a una reforma tributaria que logre elevar el recaudo en al menos 1% del PIB”.

Por último, Monzón explicó que los objetivos de déficit y deuda estarán enmarcados por la capacidad de crecimiento del país, la evolución de las tasas de interés y el stock de deuda actual. “En ese sentido, un balance primario superavitario al 1% sigue siendo un gran reto, más cuando los niveles de deuda superaron el 60% del PIB con la pandemia (…) La reducción del déficit primario debe ser acorde con la velocidad de ajuste de los niveles de deuda pública”.