El presidente de Anif hace parte de un grupo de expertos que consultó Forbes para conocer cuáles son -en su criterio- las líneas verdes, amarillas y rojas de la siguiente reforma que busca aumentar los ingresos del país. Estas son sus ideas.

El Gobierno Nacional confirmó que pasará al Congreso en los próximos días un nuevo proyecto de reforma para hacerle frente al déficit fiscal y al gasto público que ha tenido el país por cuenta de la pandemia. Recientemente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que “el Gobierno está comprometido a implementar un ajuste fiscal de por lo menos 1,5 puntos del PIB a partir de 2022”.

Mucho se ha hablado sobre el qué y el cómo hacerla, más en una crisis de ingreso de las familias y altos índices de desempleo. Para ello, Forbes invitó a siete reputados economistas, académicos y expertos para que expliquen, en su criterio, cuáles son sus líneas verdes, amarillas y rojas de la siguiente reforma que haría ajustes en la regla fiscal, en el recaudo de impuestos y en el gasto público.

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Mauricio Santamaría, presidente de Anif

Lo que sí:

La revisión del impuesto de renta tanto a las personas jurídicas como naturales. Hoy ese recaudo representa un poco más de 6 % del PIB (aproximadamente $63 billones) y su carga recae en mayor medida sobre las empresas, que aportan el 80 % de ese recaudo. El 20 % restante lo pagan aproximadamente 2 millones de personas naturales. Eso, sin duda, es una cifra muy baja, teniendo en cuenta que en el país trabajan cerca de 20 millones de personas.

Por esa razón, debemos ampliar la base de personas naturales que declaran y pagan impuesto de renta, consistente con su nivel de ingresos. Eso implica revisar las tarifas marginales y el umbral desde el cual las personas deben empezar a declarar y contribuir. Así se daría el primer paso en tener una estructura de impuesto de renta en línea con las recomendaciones internacionales.

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Además, eso permitiría recomponer la estructura del recaudo que ha estado, durante muchos años, desproporcionalmente en cabeza de las empresas. Lo anterior necesariamente implica que se reduzca la tarifa del impuesto de renta a las empresas y que se recaude más por los dividendos a las personas naturales.

Otro punto crucial en la reforma es la revisión de las exenciones y beneficios tributarios, tanto en renta como en IVA. En cuanto al a renta a las empresas se deben revisar algunas de las exenciones que hoy tienen como el descuento que se paga de IVA por los bienes de capital y la deducción del ICA. Sobre el IVA hay que decir que esas exenciones son inequitativas y, teniendo en cuenta que, por definición es un impuesto regresivo, benefician en mayor proporción a los hogares con mayores ingresos.

Cada año, de acuerdo con los cálculos del Gobierno Nacional, las exenciones del IVA le cuestan al país más de 7 puntos del PIB de recaudo ($74 billones de pesos). Debido a esa regresividad, la reforma debe avanzar con toda la fuerza y decisión en la compensación completa del IVA (la que existe hoy y la nueva que se genere) dirigida a los hogares más pobres y vulnerables.

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Lo que quizás:

Hay que hacer un ejercicio de análisis sobre impuestos pequeños que no generan mayor recaudo, pero sí altas distorsiones. Por ejemplo, el 4X100, las estampillas, el timbre, entre otros. En ese contexto, valdría la pena revisar los parafiscales, en particular los que tienen que ver con sobrecostos laborales. Así se podría poner sobre la mesa su reducción progresiva. La carga parafiscal en Colombia es alta e impacta directamente en la generación de empleo formal.

Otro punto para discutir es la complicación excesiva del Estatuto Tributario, que en últimas termina favoreciendo la evasión y la elusión. Necesitamos una estructura simple y única que se pueda aplicar de manera general a todas las personas y empresas. El objetivo debería ser que el pago de impuestos sea algo más sencillo de lo que existe actualmente.

Es evidente que, junto con la revisión de la estructura del impuesto de renta a las personas naturales y a las jurídicas, hay que discutir la conveniencia de los impuestos a los dividendos y al patrimonio. En ese orden de ideas, el impuesto a los dividendos y al patrimonio debería generar una mayor contribución de las personas naturales que reciban estos ingresos y no desincentivar la creación de empresa y de empleo.

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Por último, teniendo en cuenta que lo que se busca es una reforma fiscal, en las discusiones en el Congreso se deberá revisar la eficiencia del gasto en los programas sociales y evitar subsidios a personas que no lo necesitan. Por esa razón, el país deberá avanzar en la creación de un sistema de transferencias monetarias único, que recoja la gran mayoría de los que existen, en la forma de una renta básica semiuniversal.

Lo que no:

Uno de los mayores esfuerzos para esta reforma fiscal se relaciona con no incluir más distorsiones. En particular, en el caso de los impuestos verdes, que en teoría tienen una buena intención, pero que deben tener en cuenta el contexto de la economía colombiana porque pueden traer consecuencias indeseadas.

Por ejemplo, la expansión del impuesto a las emisiones de carbono y aquellas derivadas del uso del carbón podría tener efectos negativos porque eventualmente representaría un alza importante en los costos y en los precios de la energía, al tiempo que se podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema. Eso, sin duda, traería perjuicios para la población porque de aplicarse generaría una presión adicional sobre lo que hoy deben pagar los hogares colombianos por el consumo de ese bien.

Finalmente, como ya lo dije la tarifa del impuesto de renta para las empresas es elevado en el país, no sería deseable que una reforma que busca balancear el recaudo de renta entre empresas y personas incluya un aumento en la tarifa de renta corporativa.

“Debemos ampliar la base de personas naturales que declaran y pagan impuesto de renta. Otro punto crucial es la revisión de las exenciones y beneficios tributarios”

Mauricio Santamaría,
presidente de Anif

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