Semáforo de la tributaria | Qué sí, quizás y qué no debería incluir, según Rosario Córdoba

El Gobierno Nacional confirmó que pasará al Congreso en los próximos días un nuevo proyecto de reforma para hacerle frente al déficit fiscal y al gasto público que ha tenido el país por cuenta de la pandemia. Recientemente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que “el Gobierno está comprometido a implementar un ajuste fiscal de por lo menos 1,5 puntos del PIB a partir de 2022”.

Mucho se ha hablado sobre el qué y el cómo hacerla, más en una crisis de ingreso de las familias y altos índices de desempleo. Para ello, Forbes invitó a siete reputados economistas, académicos y expertos para que expliquen, en su criterio, cuáles son sus líneas verdes, amarillas y rojas de la siguiente reforma que haría ajustes en la regla fiscal, en el recaudo de impuestos y en el gasto público.

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Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad

Lo que sí:

Primero, ampliar la base gravable del IVA. La baja productividad del IVA y su alto gasto tributario se deben a la proliferación de exenciones y exclusiones y a la alta dispersión tarifaria, lo cual incentiva la evasión y la elusión en el pago de este impuesto, limita su base gravable y profundiza su regresividad. Es importante ampliar la base gravable del IVA, eliminando exenciones y exclusiones sobre bienes de consumo que no tengan ninguna justificación técnica y que no sean predominantes en las estructuras de gasto de los hogares de menores ingresos.

Parte del recaudo adicional generado por la ampliación de la base gravable podría destinarse a ampliar la cobertura y extender la duración del programa de compensación del IVA a los hogares en los deciles más bajos de la distribución del ingreso, con el fin de mitigar el posible impacto regresivo del impuesto.
Segundo, racionalizar las exenciones y regímenes especiales tributarios.

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Además del impacto negativo que tienen las exenciones y regímenes especiales tributarios sobre los ingresos fiscales por concepto de impuestos, la existencia de múltiples exenciones hace costosa la administración tributaria, dificulta el control de la evasión y profundiza la inequidad del sistema.

Por lo tanto, debe hacer una depuración rigurosa de las exenciones y los regímenes especiales en la estructura de los impuestos directos e indirectos en Colombia. Se espera que la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios instalada el año pasado dé luces en este sentido.

Tercero, fortalecer la administración tributaria para disminuir la evasión. Con el fin de reducir incentivos para la evasión y la elusión tributarias es clave agilizar la implementación del plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la Dian y seguir dotando a la entidad de instrumentos jurídicos adecuados para cumplir su misión.

Lo que quizás:

Existe evidencia empírica de los impactos positivos que tuvo la reducción de la parafiscalidad derivada de la Ley 1607 de 2012 sobre la formalización del empleo. Sin embargo, pese a esta reducción, la carga tributaria asociada a la contratación formal sigue siendo elevada, lo que afecta la competitividad de las empresas e incentiva la informalidad, dados los bajos niveles de la productividad laboral.

Dado que una de las grandes problemáticas que enfrenta el país es el deterioro del mercado laboral y el aumento de la informalidad, sería clave profundizar la reducción de los costos laborales no salariales asociados a la contratación formal (impuestos a la nómina), con el fin de dinamizar la generación de empleo formal y generar incentivos para la formalización empresarial.

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Por otro lado, es importante tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial para mejorar la gestión tributaria de los entes territoriales.

Lo que no:

Las exenciones y regímenes especiales se han empleado equivocadamente como instrumentos para incentivar actividades económicas o sectores particulares, en espera de los efectos que estos pudieran tener sobre el crecimiento económico y el mismo recaudo. En esta reforma tributaria debe evitarse usar esta estrategia y por el contrario, racionalizar las exenciones y regímenes especiales.

“Sería clave profundizar la reducción de los costos laborales no salariales asociados a la contratación formal (impuestos a la nómina) con el fin de dinamizar el empleo”

Rosario Córdoba,
presidenta del CPC

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