El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, hace un análisis sobre las necesidades fiscales del país, el papel del Estado y la necesidad de pagar más impuestos.
Somos, en nuestras mentes, un país estatista. Queremos que el Estado esté en todas las actividades y que cumpla cada día con mayores responsabilidades. Desde el ciudadano raso hasta el más encopetado líder político, pasando por periodistas, jueces, maestros, gremios, académicos, expertos o neófitos, todos piden que intervenga, controle, gaste, subsidie, invierta, proteja y garantice, desde los asuntos más fundamentales hasta las cosas más nimias.
Las expectativas sobre el alcance y capacidad del Estado son enormes y, por lo tanto, de igual dimensión son las decepciones. El Estado no puede hacerlo todo y mucho menos puede hacerlo todo bien. Pero además queremos que lo que haga, sea gratis. Muchos no han entendido que gratis no significa que no tenga costo. Que la educación o la salud sea gratuita no quiere decir que no haya que pagarles a los profesores o a los médicos. Parece que no entendemos que todo, absolutamente todo lo que el Estado hace, es financiado con recursos aportados por los ciudadanos.
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El Gobierno anunció que será necesaria una nueva reforma tributaria. El objetivo es recaudar 15 billones de pesos que permitan cubrir una parte de los 20 billones de pesos adicionales que fueron necesarios para atender la pandemia. De forma inmediata, todos aquellos que clamaron para que asumiese múltiples funciones, se indignan con la iniciativa. Promueven huelgas, marchas, debates, protestan, amenazan y presionan con energía. Los que más se han beneficiado del gasto público son, por lo general, los que más se oponen a los impuestos.
El problema es que los gastos hay que pagarlos y sólo hay tres caminos: impuestos, privatizaciones o endeudamiento. Los que se oponen a los impuestos también están en contra de la venta de activos públicos. La deuda es entonces la opción donde podemos tener el gasto presente y trasladar su pago a otras generaciones. La deuda total ha crecido y en pocos meses, pasó de representar un 52 a un 62 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los que nos prestan, manifiestan claras señales de preocupación pues el margen de maniobra financiero se reduce y nos puede llevar a una crisis de pagos. Si quisiéramos más recursos de deuda tendríamos que asegurar más recaudo, pero como no queremos pagar más impuestos, no es posible garantizar más créditos.
Es sencillo pero válido: no podemos tener un Estado más grande sin pagar más impuestos. Muchos creemos que es preferible que cumpla pocas funciones como administrar justicia, brindar seguridad, asegurar educación pública de calidad, acceso a salud para todos y algunos bienes públicos como promoción de infraestructuras o protección del medio ambiente. Si el Estado cumple con eficiencia estas tareas, el progreso económico y social se produce de forma natural; otros creen que debe asumir el papel protagónico como principal promotor del desarrollo.
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La evidente contradicción entre querer un Estado intervencionista y la resistencia a pagar más impuestos se presenta en todas las sociedades. Es uno de los temas centrales y sensibles del debate político. No es fácil encontrar un equilibrio que permita conciliar estas tensiones. Se necesita madurez política y capacidad de construir consensos.
Tenemos que aceptar que, en economía, toda decisión implica asumir los costos directos o de oportunidad. Si queremos un Estado grande debemos estar dispuestos a pagar por él. Así de simple.
Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda.