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Manejo de la migración debe elevarse a política de Estado en Estados Unidos: expertos

Biden da protección a venezolanos y Caracas pide abolición de sanciones. El régimen las evade, mientras la población sufre más hambre, lo que la obliga a huir. Urge una atención continental del problema, dicen expertos.

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Desde el pasado 9 de marzo, y hasta el 5 de septiembre de 2021, los venezolanos indocumentados en Estados Unidos tendrán 180 días para aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria del gobierno del presidente de EE. UU., el demócrata Joe Biden que, según Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en ese país, favorecería a unos 320.000 de sus conciudadanos.

La medida migratoria tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse. De ella podrán beneficiarse los venezolanos que ya hayan estado en EE. UU. hasta el 8 de marzo de 2021. El TPS es un programa migratorio creado en 1990 a través del cual EE. UU. concede permisos excepcionales a inmigrantes de países afectados por guerras, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que impidan el retorno seguro a sus países de origen.

“Aunque el TPS para los venezolanos sea una medida temporal, en el fondo, la administración de Biden está reconociendo que el regreso a la democracia tomará más tiempo en Venezuela, por lo que prioriza ahora las crisis humanitaria y migratoria provocadas por ese régimen”, dice a DW Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), quien ve que “la administración de Biden intenta bajar las expectativas para construir una política pragmática y realista frente al régimen de Maduro”.

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Presión sí, pero ¿contra quién?

Algunos analistas creen que con esa medida Joe Biden sube la presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. Pero la realidad, según Ramsey, es que, “en efecto, el Gobierno de Estados Unidos ahora puede ejercer presión, pero lo hace sobre los países del resto del hemisferio para que adopten medidas de regularización y protección de los migrantes venezolanos, como lo hizo recientemente Colombia, mientras en Chile, Perú y Ecuador, vemos retrocesos”, apunta Ramsey.

“Venezuela se une ahora a Honduras y El Salvador como el tercer país de América Latina cuyos migrantes gozan de especial protección, aunque sea con un estatus semipermanente que les permitirá trabajar, algo muy importante en la pandemia”, dice en entrevista con DW el analista Ariel G. Ruíz Soto, del Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos

Washington: menos insultos a Maduro, más protección para venezolanos

Ruíz Soto ve, asimismo, un cambio de rumbo en el tratamiento general de la migración en Estados Unidos: “Mientras Donald Trump emitió más sanciones y presionó verbalmente al régimen de Maduro, al tiempo que impedía la migración, retornando incluso a quienes llegaran al cruce fronterizo sin autorización para entrar al país, el Gobierno de Joe Biden ofrece una solución humanitaria a quienes han tenido que abandonar Venezuela, absteniéndose de caer en los insultos en dirección a Caracas, pero sin eliminar las sanciones”.

Estados Unidos deportó a unos 4.200 venezolanos en 2017, siendo 2019 el año que registró la cifra más alta, con 1.619, mientras en 2020 fueron unos 180, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El senador Bob Menéndez, de Nueva Jersey, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, denunció el 16 de julio de 2020 en una carta pública que “bajo Trump, las deportaciones furtivas a Venezuela se realizaban a través de terceros países”. Solo hasta el día en que Trump abandonó la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, accedió a suspender por 18 meses las deportaciones de venezolanos.

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La reacción a la medida humanitaria de Biden no se hizo esperar en Caracas. “Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva Administración de Estados Unidos sea el levantamiento de las sanciones […]”, replicó en Twitter el canciller venezolano Jorge Arreaza.

Liberar a presos políticos abriría paso a repensar las sanciones

“Este estancamiento es frustrante y preocupante”, considera Ramsey, “por un lado, la Casa Blanca dice que no tiene prisa para evaluar las sanciones, y por el otro, el régimen de Maduro no da señales de buena voluntad que le abran paso a una negociación, cuando podría empezar por liberar a los presos políticos y crear un Consejo Electoral confiable”.

¿Se arriesga que la dictadura en Venezuela utilice el discurso de las sanciones para afianzarse en el poder, como lo lleva haciendo Cuba durante más de medio siglo?  “Con el tiempo, Maduro ha aprendido a esquivar las sanciones, mientras la población sufre los costos agravantes de la crisis humanitaria”, explica el experto del WOLA. Lo cierto es que “las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en caos, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en un comunicado citado por el New York Times.

La crisis humanitaria y migratoria empeorará aún más

Esta crisis agudizará aún más la situación migratoria en todo el continente. Así lo prevén la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que calculan que los venezolanos obligados a abandonar su país llegaría a los 8,13 millones a fines de este 2021. Por lo que ambas organizaciones abogan por un Plan de Respuesta a nivel continental.

Para Ariel Ruíz Soto, consultor del Programa de Inmigración de Estados Unidos, la decisión de Joe Biden plantea retos que deben enfrentarse: “Si reconocemos que la migración  no solo la indocumentada- es un fenómeno duradero y, a la vez, uno en constante cambio, para regularizar los flujos migratorios a Estados Unidos lo que se requiere no son concesiones temporales de los gobiernos de turno sino una legislación que eleve la migración a política de Estado”.

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Isabel Brilhante Pedrosa, embajadora de la UE expulsada de Venezuela. Imagen del 24 de febrero de 2021

Y en que lo concierne a los migrantes y refugiados mismos, Geoff Ramsey, director para Venezuela del WOLA, considera pertinente “hacer un llamado a países como Trinidad y Tobago, cuyas devoluciones de refugiados han desembocado en fatales naufragios, para que no sigan violando las leyes internacionales que le garantizan la protección a los migrantes y peticionarios de asilo”, prácticas, agrega Ramsey, “que en las Américas no se habían visto en 200 años de historia”. En la Declaración de Cartagena de Indias de 1984, los países latinoamericanos reafirmaron su compromiso con la garantía del derecho de Asilo y Protección Internacional de Refugiados establecidos en Naciones Unidas.

Crisis continental de migración requiere atención continental

Según Ruíz Soto, la masiva migración de venezolanos evidencia que ni el TPS ni la DACA son suficientes para manejar el fenómeno migratorio hacia EE .UU., por lo que propone cuatro puntos: “Ampliar los permisos de trabajo estacionales para los ciudadanos de los países con mayor presión migratoria; restablecer el asilo en la frontera EE. UU.-México, pero con procesos eficientes y decisiones justas; reformar la protección de la frontera México-EE. UU. para hacerla más eficaz y humana, e invertir en el desarrollo económico e institucional de los países generadores de emigración”.

El experto recuerda que Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile enfrentan una problemática con similitudes, por lo que deberían apostar por un sistema común a favor de una migración más segura, ordenada y legal. Y reitera que la política migratoria en los países del continente debería elevarse a política de Estado.

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El otro virus que amenaza a China

¿Está China restando importancia a otro brote? Expertos sospechan que podría estar ocultando información sobre la peste porcina africana, que podría convertirse en una amenaza para el país y sus vecinos en la región.

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En una teleconferencia hace más de dos años, el viceprimer ministro chino Hu Chunhua instó a las autoridades de salud a intensificar los esfuerzos para frenar una creciente cadena de contagios pese a los “resultados positivos” iniciales, y sugirió que “mejorar las medidas de cuarentena y monitoreo” podría ayudar a frenar la propagación del virus.

Los comentarios de Hu se produjeron antes del descubrimiento del SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19. Sin embargo, él se refería a otra enfermedad, una mucho más mortal (casi 100%): la fiebre porcina africana.

Las autoridades chinas identificaron por primera vez la presencia de este contagioso virus en Liaoning, una provincia costera en el noreste del país. A diferencia del SARS-CoV-2, la fiebre porcina africana (conocida también como peste porcina africana, PPA) no supone un peligro para la salud humana. Sin embargo, sus altas tasas de mortalidad en los porcinos son un problema, cuando menos, económico.

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La PPA es fuente de preocupación en China porque el país es el mayor consumidor de carne de porcino del mundo y hogar de aproximadamente la mitad de la población de cerdos del planeta. Debido a esto, la fiebre porcina africana podría hallar en el gigante asiático el lugar ideal para diseminarse y convertir a China en un reservorio de la enfermedad, lo que representaría un problema para el país y también para sus vecinos regionales si la PPA se vuelve endémica.

Amenazas a la seguridad alimentaria

Este año, China ha reportado 12 casos de peste porcina a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés), el ente intergubernamental que rastrea las enfermedades animales. Se trata de una cifra menor al pico reportado en 2018, cuando se contabilizaron 105 casos. Salvo un pequeño incremento a comienzos de este año, el total de contagios ha disminuido constantemente, según los datos oficiales.

Sin embargo, algunos expertos estiman que China podría estar ocultando los números reales de positivos por PPA al no reportar la totalidad de los contagios y ofrecer al mundo una imagen optimista artificial.

Las investigaciones para el desarrollo de una vacuna se han encontrado con diversas dificultades.

El precio de la carne de cerdo en China es un referente económico. Por medio del uso de las reservas estratégicas, el gobierno de Pekín consiguió estabilizar los precios tras un alza el año pasado, pero la PPA podría estar en condiciones de causar daños y dolores de cabeza de proporciones épicas.

Un informe del Banco Asiático de Desarrollo estimó que el costo del brote de 2020 en China fluctuó entre los 50 y los 120 mil millones de dólares, con una pérdida mínima de entre 25 y 55% de las piaras desde 2018. El reporte también señala que la PPA “aumenta la pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria” y representa un riesgo “sustancial” para la resiliencia al cambio climático y la salud humana. Además, los principales afectados son, de forma desproporcionada, los pequeños productores.

No se cumplen los estándares de seguridad alimentaria

Medidas como la vigilancia de las piaras y el sacrificio de los cerdos que presenten síntomas podrían ayudar a contener el brote que actualmente afecta a China. Pero la verdad es que controlar el avance de esta enfermedad en el país más poblado de la Tierra no es una tarea fácil.

La cría de cerdos a pequeña escala, es decir granjas familiares con 50 animales o menos, es una red de seguridad financiera y una fuente importante de ingresos para decenas de millones de chinos, y representa cerca de un tercio de la producción porcina nacional. Sin embargo, precisamente esta práctica podría encontrarse detrás de la diseminación de la PPA en China.

Muchos de los pequeños granjeros dependen, al menos en parte, de la basura (restos de comida y desechos de la cocina) para alimentar a sus animales. Si bien los desechos son una fuente económica de forraje, las normas de bioseguridad o estándares de seguridad alimentaria no siempre son tan estrictos como deberían. Y el problema es que la basura es un importante vector de la enfermedad.

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Si se sospecha de casos de PPA a nivel local, algunos granjeros podrían tomar la decisión de vender sus cerdos antes de que estos den señales de estar enfermos, lo que ayudaría a diseminar el letal virus a distintas regiones del país.

¿Una vacuna? Faltan años para eso

Linda Dixon, una experta en la PPA del Instituto Pirbright, un grupo de investigación especializado en enfermedades infecciosas, dice que debido a la compleja composición del virus que provoca la PPA, ha sido “muy difícil hacer una vacuna que sea efectiva” contra la enfermedad.

Aunque hay varios proyectos en desarrollo, una vacuna en condiciones de ser distribuida comercialmente está, con suerte, a “uno o dos años de distancia”. Y siempre que los ensayos que se están realizando demuestren ser seguros y efectivos, recuerda.

Paul Sundberg, director ejecutivo del Centro de Información de Salud Porcina, dice que podría ya haber vacunas en uso en China, las que prevendrían la muerte, pero seguirían causando contagios de menor intensidad. Y a la larga, estas misteriosas vacunas podrían hacer “más difícil” el control de la enfermedad.

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Cancillería rechaza la participación de Maduro en cumbre de la Celac

El Gobierno considera que Maduro “se ha apartado de los principios democráticos, el respeto de las libertades ciudadanas y observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos”.

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Marta Lucia Ramírez

El Gobierno de Colombia expresó este sábado su rechazo por la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra hoy en Ciudad de México.

“El Gobierno de Colombia, al igual que otros países que han desconocido el poder de facto que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 (…), expresa su rechazo a la participación del mismo en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC”, aseguró la Cancillería colombiana en un comunicado.

Maduro llegó de sorpresa el viernes a México, donde lo recibió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en una cita que no había sido confirmada hasta el último minuto, para intervenir en la reunión de hoy.

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El Gobierno de Colombia, uno de los más fieles opositores al Gobierno de Maduro en la región, considera que el presidente venezolano “se ha apartado de los principios democráticos, el respeto de las libertades ciudadanas y observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos”.

La Cancillería colombiana subrayó que apoya “los esfuerzos necesarios que conduzcan al pronto retorno a la democracia” y su oposición a la “existencia de regímenes autocráticos en territorios vecinos que pueden llegar incluso a amenazar la soberanía territorial, por su connivencia con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado”.

Durante su intervención en la cumbre Maduro defendió “una nueva institucionalidad” de la Celac, volviendo a momentos anteriores en los que había “un diálogo interregional muy valioso”.

México ha sido la sede de dos rondas de negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana por la crisis que vive el país caribeño.

Este sábado, los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac se reúnen en la capital mexicana para profundizar en la lucha conjunta contra la pandemia y debatir sobre una eventual transformación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Colombia y Nicaragua: otro litigio en torno a las aguas de San Andrés y Providencia

Acusaciones recíprocas de transgedir un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, sobre las aguas de San Andrés y Providencia, enfrentan una vez más a Colombia y Nicaragua en La Haya, este 20 de septiembre.

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A las tormentas tropicales se suman las políticas. Las aguas del Caribe son turbulentas. Y viejas pugnas, con raíces históricas, siguen levantando olas. Como la que lleva nuevamente a Nicaragua y Colombia a La Haya, para dirimir sus divergencias relativas a una zona del mar Caribe en la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya fijó la delimitación, en un fallo de 2012. En esa ocasión se ratificó la posesión colombiana del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero los nuevos límites marítimos establecidos significaron para Colombia la pérdida de más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar.

El asunto no terminó ahí. Colombia no desconoció oficialmente el veredicto, pero el entonces presidente, Juan Manuel Santos, afirmó que no se podría aplicar hasta que se suscribiera un tratado con Nicaragua, remitiéndose a disposiciones de la Constitución.

Luego, Colombia tomó la decisión de crear una “zona contigua integral”, que concibe las aguas del archipiélago como un todo, lo que Nicaragua rechazó, argumentando que esa zona se superpone a áreas que le fueron adjudicadas en 2012.

Demandas y contrademandas

 “Existe una sentencia, que es inapelable”, afirma Julio Icaza Gallard, abogado y exembajador de Nicaragua en la Organización de las Naciones Unidas. Y subraya que “Colombia, hasta hoy, se ha negado a reconocer este fallo, lo que ha generado una serie de incidentes, que llevaron a Nicaragua a demandar a Colombia por violaciones de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, en contravención de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. Pero, además, Nicaragua ha interpuesto otra demanda para terminar de delimitar la Plataforma Continental extendida, más allá de las 200 millas.” 

La CJI dicta su veredicto en 2012.

Ambas causas siguen pendientes, pero las audiencias que se celebrarán entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre, en La Haya, solo abordarán la primera. Walter Arévalo Ramírez, profesor principal de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Colombia, reconoce que la renuencia colombiana a implementar el fallo no ha facilitado las cosas.

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Pero señala que “lo interesante es que también Colombia presentó demandas, en el contexto del mismo caso.” Según explica, Bogotá busca que la Corte declare que también decretos nicaraguenses violan lo que se estableció en 2012, y “que la conducta de Nicaragua en sus propios espacios marítimos, pero sobre todo cerca de los espacios marítimos colombianos, viola los derechos de pesca artesanal y los derechos de pesca de subsistencia del pueblo raizal.”

La comuidad raizal, que habita en el Archipélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aspira a que sus derechos sean tomados en cuenta por ambos Estados en pugna. Harold Bush Howard, uno de sus representantes en la isla de Providencia, que estuvo en sesiones de la Corte de La Haya, apuntó, en Radio Nacional de Colombia, a la incorporación de elementos étnicos en la argumentación de Bogotá: 

“El país dice que Nicaragua violó los elementos étnicos y por eso no puede acatar el fallo. Entre estos derechos, están la pesca en las zonas tradicionales que ha tenido la comunidad y que fueron entregadas a Nicaragua”, ilustró Bush Howard.

Pautas de convivencia en un mar complejo

A juicio de Arévalo, Secretario General de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, los dos países “quedaron en una situación compleja, porque es una delimitación difícil, a través del procedimiento de la línea media equidistante, con espacios marítimos que quedaron enclavados uno dentro de otro Estado.”

Karte Territorialstreit Kolumbien Nicaragua ES

Esa compleja frontera no está en discusión en las audiencias de septiembre. En consecuencia, el profesor de derecho internacional considera que la mayor expectativa es que se dilucide cuáles prácticas, de uno u otro lado, contravienen el fallo de 2012. Y que, de eso, se derive una pauta sobre cómo deberán comportarse ambos Estados en el futuro, para llevar a cabo “sus actividades habituales de licencias pesqueras, de pesca artesanal, de exploración y explotación, y sus actividades habituales de seguridad.”

El conflicto entre Nicaragua y Colombia no es el único que se ha producido en esta zona, rica en recursos naturales. ¿Qué efectos tiene el litigio en el área? “Lo que afecta a la región es la no solución o permanencia de estos diferendos. Nicaragua ha ido resolviendo estos conflictos con Honduras, Costa Rica y Colombia”, dice Julio Icaza Gallard.

“Colombia debe aceptar que las sentencias del más alto tribunal del mundo son inapelables y solamente pueden revisarse cuando se descubren hechos relevantes, que no fueron examinados en el juicio principal, y estos se presentan en el plazo indicado en el Estatuto, a partir del momento en que fueron descubiertos. Este no es el caso”, sostiene, en su entrevista con DW, este exembajador nicaragüense ante la ONU.

Para el abogado colombiano Arévalo, lo que queda en evidencia es que “la cooperación entre los Estados, en el ámbito de la seguridad marítima, la protección del medio ambiente, los derechos económicos en el mar y la exploración y la explotación de los distintos espacios y recursos marítimos es una solución mucho más práctica que estar litigando.” Pero, con las demandas pendientes, todo indica que queda litigio para rato. 

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Biden ordena cerrar puente fronterizo por cruce masivo de migrantes

Unos 12.000 indocumentados, en su mayoría haitianos, siguen retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado bajo el puente de Del Río.

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El gobierno Joe Biden cerró este viernes el puente fronterizo que une a Del Río (Texas) con Ciudad Acuña (México), debajo del cual se instaló un campamento improvisado con cerca de 12.000 migrantes indocumentados, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Estados Unidos también cerró un segundo puente fronterizo, llamado Presa la Amistad, situado en las afueras de la ciudad.

“El cierre temporal es necesario para que la Patrulla Fronteriza responda a las necesidades urgentes de seguridad y protección presentadas por una afluencia de migrantes a Del Río”, apuntó el cuerpo, que informó que la medida ya es efectiva.

Washington ha ordenado derivar todo el tráfico que normalmente usa estos dos puentes al cruce en Eagle Pass, fronterizo con Piedras Negras (México) y a unas 57 millas (casi 100 kilómetros) al este de Del Río.

Unos 12.000 inmigrantes irregulares, según las últimas estimaciones, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado bajo el puente de Del Río.

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Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos y desbordaron la capacidad de las autoridades migratorias, que improvisaron el campamento mientras se procesan las solicitudes de asilo.

Los indocumentados duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur. Este mismo mes, México expulsó a 150 haitianos en un masivo operativo migratorio.

La llegada masiva de haitianos se da en un momento en el que Washington ha reducido los vuelos de deportación a esa isla caribeña, desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio.

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Las razones por las cuales Duque visitó la Ciudad Deportiva Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le entregó a Iván Duque una camiseta del primer equipo, con el dorsal 1 y el nombre de Colombia.

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El presidente de Colombia, Ivan Duque, durante su estancia en España de visita oficial con motivo de la Feria del Libro de Madrid, donde su país es la nación invitada, acudió a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde fue recibido por el máximo dirigente del club, Florentino Pérez.

Durante el encuentro, Iván Duque pudo contemplar las instalaciones de Valdebebas, donde se entrenan los primeros equipos de fútbol y baloncesto madridistas, así como todas las categorías inferiores del club, además de la residencia de jugadores de la primera plantilla.

Asimismo, Duque y Florentino Pérez analizaron el desarrollo de los proyectos socioeducativos de la Fundación Real Madrid en Colombia, y suscribieron una carta de intenciones con el fin de respaldar el espacio de colaboración entre la Fundación madridista y las instituciones públicas colombianas, según informa el club madrileño.

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Tras la firma, el presidente del Real Madrid le entregó a Iván Duque una camiseta del primer equipo, con el dorsal 1 y el nombre de Colombia, en la sala donde se reúnen las 13 Copas de Europa/Liga de Campeones de fútbol conquistadas por el equipo madridista.

La Fundación Real Madrid desarrolla proyectos en Colombia desde 2008 y en la actualidad cuenta con 36 escuelas sociodeportivas y proyectos en ese país, en colaboración con la Fundación Revel, la Fundación Concívica, la Comunidad Ministros de los Enfermos-Religiosos Camilos y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Estos proyectos atienden a 8.000 niños y niñas de Colombia, en riesgo de exclusión, que se educan en valores a través del deporte cada semana. Colombia es el país de América Latina con mayor número de proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid y la pasada temporada los lazos con este país se fortalecieron con la alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA) para la formación telemática de personas con pocos recursos a través de la plataforma de eLearning de la Fundación, Sports&Values Academy TV, se especifica en el comunicado.

Durante la reunión de Iván Duque y Florentino Pérez, se apunta, se analizó el rol que desempeña la Fundación Real Madrid en Colombia como “promotor del deporte y los valores para la educación integral de la infancia necesitada y su contribución en el desarrollo de las comunidades, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”. 

EFE.

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