La propuesta incluye cuatro capítulos para encontrar un marco legal flexible para una mayor adopción tecnológica en el sistema de pagos y en el mercado de capitales.
En el Senado de la República, el Gobierno Nacional radicó este miércoles un proyecto de ley con el cual se busca modernizar el sistema de pagos, dinamizar el mercado de capitales, modernizar el sistema financiero y lograr una mayor inclusión financiera.
El proyecto, que fue construido con base en la “Política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero 2020-2025”, que a su vez se elaboró gracias a las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales de 2019, está dividido en cuatro grandes capítulos que buscan que Colombia dé un paso importante para contar con un marco legal flexible y acorde con estándares internacionales, permitiendo una mayor adopción tecnológica e innovación en el sistema de pagos, en el mercado de capitales y en la industria aseguradora, así como la consecución de altos estándares en la administración de los recursos de las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías y de las entidades financieras públicas.
Cada uno de los capítulos busca cumplir con un objetivo, así: en el primero – sobre los servicios de pago – se propone que haya un único regulador con mayores capacidades para la promoción del acceso universal, eficiente y seguro al sistema de pagos. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo de la Unidad de Regulación Financiera (URF), tendrán facultades amplias para este fin. Así mismo, se asigna la supervisión de los actores de pago a la Superintendencia Financiera, asegurando un estándar homogéneo.
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En este mismo capítulo se le propone al Congreso de la República actualizar el esquema de dispersión de subsidios de acuerdo con la experiencia adquirida durante la pandemia por el Covid-19, con el fin de mejorar la focalización de la política pública y hacer más eficiente la acción del Estado.
El segundo capítulo está relacionado con el desarrollo del mercado de capitales, en el cual se propone un modelo de intervención funcional, otorgándole facultades al Gobierno que permitan la modulación de las licencias de las entidades que participan en este mercado (sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión), la eliminación de arbitrajes regulatorios, la promoción de la especialización y el desarrollo de un mercado de capitales inclusivo, resiliente e innovador.
El tercer objetivo es el de modernizar el sistema financiero, para ello se propone la actualización, flexibilización y optimización del marco legal de las aseguradoras, así como modificaciones al sistema general de inversiones y temas relacionados con las administradoras de fondos de pensiones y la modificación de la gestión y gobernanza de las entidades financieras que tienen participación estatal.
Finalmente, el cuarto título busca robustecer el marco institucional, relacionado con un fortalecimiento de la capacidad operativa, tecnológica y de capital humano de la URF, así como ampliar las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera y actualizar su régimen sancionatorio.