Exclusivo | Grupo Prodeco da detalles sobre su salida de Colombia

A mediados de febrero el Grupo Prodeco, la tercera empresa minera más grande de Colombia, confirmó su decisión de renunciar a los dos títulos mineros que posee en el país. El anuncio prendió las alarmas de la industria carbonífera y dejó una serie de interrogantes sobre cuáles fueron las principales razones que llevaron a la compañía a tomar esta determinación.

“La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante”, explicaron ese día a través de una nota de prensa. En un par de párrafos, la empresa dio a conocer este anuncio, omitiendo de fondo algunos elementos sobre cómo se haría la entrega de estos activos y lo que vendría de cara a todo este proceso.

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Luego de un par de semanas de esta decisión, y ante el complicado panorama en el que se encuentra el negocio, el Grupo Prodeco le contó a Forbes una serie de detalles sobre lo que está detrás de su salida, cuáles son los pasos a seguir, el aporte de la empresa a la economía del departamento y las posibles salidas que le quedan al sector.

Así, la empresa, de propiedad de Glencore, el principal conglomerado minero a nivel mundial, explicó que encontraron una “alta incertidumbre de recuperación en el largo plazo, sumado a los altos costos de operación minera de las minas, y el no otorgamiento de permisos ambientales en desarrollo de decisiones administrativas y judiciales”.

Esas fueron, según explicaron, “circunstancias que incrementaron sustancialmente las necesidades de recursos de caja de los proyectos para su reinicio“. Asimismo, analizaron que no era viable continuar desarrollando los proyectos mineros, “considerando que se requeriría un esfuerzo muy sustancial en términos de recursos de inversión y fondeo”, que, ni el Grupo Prodeco ni sus accionistas, “estarían en capacidad de asumir”.

Tal y como se conoció hace unos días, antes de tomar una decisión definitiva, la compañía presentó ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) una solicitud de suspensión de actividades en julio. Sin embargo, esta fue rechazada en diciembre sin mayores argumentos.

Cuentan, desde el Grupo, que esta petición “buscaba hacer una pausa en los proyectos mineros para poder ajustar su estructura de costos sobre la base de una recuperación de los precios del carbón y la obtención de los permisos ambientales requeridos”. Eso no fue aprobado por el Gobierno, por lo que se dio la inminente renuncia a los contratos.

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Tras notificar al país y a la ANM, la empresa diseñó un nuevo plan de transición en el que ahora “la autoridad minera debe recibir los títulos para proceder al ofrecimiento y adjudicación de dicha área”. Es decir, a la par de este proceso, se deja abierta la puerta para que el Gobierno Nacional busque nuevos jugadores que puedan llegar a operar las minas de cara a continuar con el desarrollo carbonífero de la región.

Esta oportunidad que confirma Prodeco se da incluso unos días después de que el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, le explicara a Bloomberg que ya hay interés de firmas asiáticas y locales para quedarse con estos títulos. “Estos activos continúan siendo de interés para muchos inversionistas, especialmente los asiáticos”, dijo.

Fuentes del sector le confirmaron a Forbes que estas conversaciones se estarían agilizando, pues está en juego el desarrollo económico y social del departamento, así como los pagos de impuestos, las regalías, y los más de 7.000 empleos que generan en las minas.

“Esta transición implica también, uno, el proceso de reversión de activos destinados a la operación minera en favor de la ANM, con base en las reglas de reversión establecidas en los contratos mineros; y dos, posteriormente la liquidación definitiva de los contratos mineros”, dijeron desde el Grupo.

Desde el punto de vista ambiental, Prodeco explicó que “el proceso de transición para el cierre de operaciones se da por renuncia de títulos y no agotamiento de recursos”. En ese sentido, advierten que “no es viable dar aplicación a las disposiciones de los Planes de Manejo Ambiental relativos a la etapa de desmantelamiento y abandono (que implican el cierre definitivo del depósito minero)”.

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Junto a la Anla, trabajarán de manera conjunta para analizar las áreas de rehabilitación y los frentes que tienen que ser devueltos al Estado en su condición productiva actual”.

Asimismo, desde la perspectiva del cumplimiento de las obligaciones sociales, advierten que “es importante reiterar nuestro compromiso para dar cumplimiento a nuestras obligaciones de reasentamiento de comunidades en los corregimientos de nuestra zona de influencia”, así como para llevar a cabo los “programas de transición social hacia la posminería”.

Las salidas que ven

Ante la crisis que se vive y las posibles salidas que le quedan a la industria, el Grupo aseguró que “se debe partir del entendimiento de la dimensión de este tipo de proyectos tanto en materia de inversión como de los beneficios para el Estado”:

Sobre esta base, y considerando que el país todavía cuenta con reservas de carbón sustanciales y  explotables, argumentaron que Colombia “debe establecer una política de competitividad del carbón que se enfoque en determinar las condiciones a partir de las cuales los inversionistas puedan tener acceso a mercados distintos y con mas difícil acceso”, por ejemplo, los mercados asiáticos.

Esa política del carbón debe incluir, incluso, la perspectiva de las cargas contractuales e impositivas en este tipo de negocios y el punto de vista de la seguridad jurídica especialmente en materia de permisos ambientales y de relacionamiento con comunidades.

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