El proyecto, liderado por la Fundación Acción Interna y los congresistas Katherine Miranda y Edward Rodríguez establece que si el 1 % de la nómina de una empresa está conformada por personas que hayan cumplido una condena en la cárcel, esta solo pagará el 80 % de algunos aportes tributarios.
La fundación Acción Interna, en cabeza de su directora Johana Bahamón, lidera el proyecto de ley que fue radicado ante el Congreso de la República este miercoles, que busca promocionar e incentivar el trabajo para las personas que hayan pagado condenas en la cárcel.
La iniciativa contempla beneficios tributarios y económicos para las empresas que permitan la contratación de personal pospenado y faciliten la reinserción de los centenares de hombres y mujeres que han cumplido sus condenas y buscan reincorporarse de nuevo a la sociedad.
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Los Representantes Katherine Miranda de la Alianza Verde, Edward Rodríguez del Centro Democrático y diez congresistas más de las diferentes bancadas son los autores del proyecto. Este, será discutido en los próximos meses, y establece, entre otras cosas, que las compañías que contraten a personas con esta condición tendrán beneficios en el pago de parafiscales, con aportes correspondientes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
Además, se propone que si la contratación de trabajadores que hayan cumplido su condena representa el 1 % de la nómina, la empresa solo pagará el 80 % del valor total de los aportes mencionados en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 %.
Según Johana Bahamón, la ley permitirá desestigmatizar y generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría “no han tenido ni la primera oportunidad”. Por su parte, la Representante Katherine Miranda aseguró que el proyecto de Segundas Oportunidades es un paso en la dirección correcta para una verdadera rehabilitación, y para que los individuos que ya cumplieron sus condenas puedan ingresar a un trabajo que les permita recuperar la vida en familia.
De acuerdo con las estadísticas, de de los miles de presos que hoy se encuentran en las cárceles de Colombia, los que más delinquen están en un rango de edad entre 25 y 29 años, y la mayoría de ellos no han terminado el colegio. Estos son quienes tienen mayor probabilidad de caer en acciones criminales, mientras que los que tienen educación técnica, tecnológica y profesional tienen menor probabilidad.