Hacer que más bienes y servicios paguen IVA y ampliar el monto y cupo de hogares que reciben la devolución del impuesto, entre las propuestas graduales que hace Anif a 2024.

Anif presentó en su más reciente comentario económico una serie de propuestas con el fin de reformar el IVA, impuesto que consideran complejo en su estructura y que da amplios beneficios a los hogares de más altos ingresos en el país a través de las exenciones, exclusiones o tarifas diferenciales en el tributo.

Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, si bien un poco más de la mitad de los bienes (99 de las 188 subclases que componen la canasta a la cual el Dane le hace seguimiento) están gravados a la tarifa general, el consumo en esos bienes tan sólo representa el 32% del total.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (2016-2017), un 5.6% del consumo (13 subclases) paga con tarifa reducida de 5% y el restante 62% del consumo se da en bienes y servicios excluidos (57 subclases), exentos (14 subclases) o tienen impuesto al consumo con tarifa 0 (5 subclases).

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Lo anterior es problemático por varias razones, pero exponen entre ellas que “son los hogares de mayores ingresos los que más consumen y las exenciones y exclusiones en la canasta los benefician en mayor proporción que a los hogares vulnerables quienes consumen menos”.

Según el consumo total de 2019, Anif dice que los hogares de ingresos altos tuvieron una participación de 47% en este, los hogares de ingresos bajos el 13% y los hogares vulnerables el 18%, cifras que variarían al 42%, 14% y 18% respectivamente si se analiza únicamente el gasto en los bienes exentos o excluidos de IVA.

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Eso quiere decir que “los hogares de ingresos altos consumen más del doble de bienes exentos y excluidos de lo que lo hacen los hogares de ingresos bajos y vulnerables. El hecho de que actualmente esos bienes no generen ningún tipo de recaudo es muestra de lo ineficiente y regresivo que es este impuesto”.

Las propuestas de Anif

La reforma al IVA propuesta por Anif busca tres cosas: lograr una estructura de tributación más simple evitando subsidiar a quienes no lo requieren, fortalecer y ampliar el mecanismo de devolución del IVA a los hogares más vulnerables y aumentar el recaudo neto del Gobierno a través del tributo en mención.

Así las cosas, se propone que se reduzca la tarifa plena progresivamente para que pase del 19% actual al 18%. Además, la reforma consistiría en extender la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA, en tres fases a partir del 2022. (En el gráfico el detalle de las fases).

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En la primera fase, tres de las 14 subclases exentas (productos farmacéuticos y dermatológicos, los libros de texto y los libros y la lista de útiles escolares) pasarían a pertenecer a la categoría de bienes excluidos, mientras que los restantes 11 pasarían a recibir una tarifa reducida de 5%. Todos los bienes que hoy reciben una tarifa de 5% (13 subclases) pagarían una tarifa reducida “nueva” de 10%. Los demás bienes y servicios no tendrían cambios en su funcionamiento.

En la segunda etapa las 24 subclases que tributaron con una tarifa reducida (ya sea del 5% o del 10%) en el año anterior (2022) pasarían a pagar el impuesto con la “nueva” tarifa plena de 18%. Otra modificación se haría sobre un grupo de bienes excluidos (21 subclases), compuesto principalmente de alimentos, bebidas y servicios de recreación, que dejarían de estar excluidos para pagar una tarifa reducida de 10%. “Las restantes 36 subclases permanecerían con su estatus de excluidas. En esta fase desaparecen los bienes con una tarifa reducida de 5%”.

“Para el final de la transición, en el 2024, proponemos que existan únicamente dos categorías: bienes “incluidos” que pagarían una tarifa general de 18% y bienes excluidos (más el impuesto al consumo específico a algunos bienes). Es decir, desaparecería la categoría de tarifa reducida y la categoría de bienes exentos“, dice Anif.

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Por último, indica que la propuesta para modificar la estructura del IVA llevaría a un recaudo adicional que comienza con 0.2% del PIB en 2022 y llega a un nivel entre 0.7 y 1% del PIB en 2024. Agregando reformas al pago de renta, el recaudo tributario del Gobierno Nacional Central aumentaría en hasta 1.5-1.8% del PIB en 2024.