En 2020 se reportaron más de 63.000 denuncias por hurto de estos dispositivos, cifra que sería más alta debido a que no todas las personas denuncian los robos. El proyecto de ley crea medidas complementarias para luchar contra este delito.
En Colombia se roban más de 60.000 celulares al año, según datos de la Fiscalía General de la Nación expuestos en el proyecto de ley radicado recientemente en el Senado de la República, que busca crear medidas complementarias para luchar contra el delito en mención.
En la iniciativa también se expone que las estadísticas proporcionadas por el Dane, en su más reciente Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, reportan que el 75,8% de los encuestados afirmó que el objeto más robado fue el teléfono celular.
La mayor concentración del hecho delictivo en mención se da en regiones con altos índices demográficos. Así las cosas, para septiembre de 2019 la información se distribuía de la siguiente manera: Cundinamarca (45,5%), Antioquia (10,3%), Valle del Cauca (6,8%), Atlántico (4,9%), Santander (3,3%) y el resto del país (29,1%).
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Los puntos clave que trabajaría el proyecto
La iniciativa del senador, Luis Fernando Velasco, pretende establecer la obligatoriedad de que los dispositivos que se comercialicen en el país cuenten por defecto con tecnología, bien sea de software o hardware, que permita dejar inservibles los celulares de manera remota por parte del propietario.
Además de lo expuesto, en el documento se expone la necesidad de establecer definiciones en la ley como dispositivos móviles inteligentes, propietario del dispositivo móvil inteligente y características esenciales de los dispositivos. El proyecto dice que únicamente el propietario podrá rehabilitar el dispositivo móvil.
Así mismo, indica que las empresas de telecomunicaciones no podrán cobrar tarifas adicionales por el funcionamiento de dicha opción tecnológica o desactivarla.
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La venta de dispositivos móviles nuevos que no incluyan de fábrica la opción de inhabilitar el celular por robo, “será sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio con multa correspondiente a dos veces el precio de venta del dispositivo. El recaudo de las multas se destinará a fortalecer la Red Nacional de Protección al Consumidor”, relata el proyecto de ley.
De igual manera contempla que el consumidor pueda solicitar que se le devuelva el dinero o se le cambie el dispositivo por uno que sí incluya la opción tecnológica, sin costo adicional.