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Política

Elecciones en Perú: aumentó la fragmentación política

Especialistas señalan que la gobernabilidad del país sería muy complicada para el ganador del balotaje que se llevará a cabo en junio.

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Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos que irían a la segunda vuelta. Fotos: Reuters.

Por: Hugo Flores | Forbes Staff

Las recientes elecciones generales de Perú, que se llevaron a cabo el domingo 11 abril, han sido bastante particulares. No solo porque se realizaron en medio de una terrible crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, sino porque sus resultados evidenciaron que el país andino experimenta una severa fragmentación política.

Con más del 92% de las actas electorales procesadas, los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta serían Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre con alrededor de 18% de los votos, y Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular y quien habría alcanzado poco más de 13% de los votos. Aunque no es atípico que Perú tenga una segunda vuelta, el hecho de que la suma de los votos de ambos políticos superase a duras penas el 30%, revela que ninguno tiene una amplia espalda política y un apoyo mayoritario. De hecho, en las elecciones de los últimos años, los dos candidatos que pasaban a la fase de balotaje sumaban más del 50% o 60% de los votos.

“La definición por un candidato ha sido muy baja en comparación con elecciones anteriores”, destaca Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Justamente, los resultados oficiales indican que los candidatos ubicados en el tercer, cuarto y quinto puesto también tuvieron una importante acogida y una diferencia no tan amplia con el segundo lugar.

Otro dato relevante es que el Congreso volvería a contar con un amplio número de bancadas –por lo menos ocho– y ninguna sería mayoría. “Será un Congreso bastante fragmentado, en donde será sumamente relevante que se trabaje en concesos y bloques”, señala Ames. De acuerdo con el analista político Juan de la Puente, las elecciones también han revelado una escasa capacidad del sistema político peruano para generar estabilidad y unidad. “Solo ese hecho implica un fracaso para la democracia peruana”, dice De la Puente.

Dos caminos políticos

El espectro político en el cual se mueven los dos candidatos es distinto. Keiko Fujimori, excongresista y para quien la fiscalía de Perú ha pedido 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos, es una candidata vinculada con la derecha conservadora.  Por su lado, Pedro Castillo, profesor y dirigente sindical, es un candidato ligado a la izquierda más radical. Él, que ganó popularidad en las últimas dos semanas según varias encuestas, se inscribió el año pasado en el partido Perú Libre, el cuál es liderado por Vladimir Cerrón, un exgobernador regional condenado por corrupción.

En este escenario, a diferencia de otros procesos electorales, los especialistas ven muy difícil que alguno de los candidatos se mueva al centro del espectro político para ganar más votos en la segunda vuelta, como pasó con Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011. “Lo que queda claro es que vamos a tener una segunda vuelta entre alguien que representa a la izquierda o el cambio del modelo económico y una fuerza que defiende ese modelo económico”, comenta Ames.

Para Luis Benavente, especialista en comunicación política, la segunda vuelta será una pelea política muy reñida. “Se va activar el antifujimorismo, el cual es muy fuerte y profundo en el Perú. No se había activado porque no se veía a Keiko Fujimori como una amenaza. Pero hay un factor que va a frenar una parte del antifujimorismo. Ese es el riesgo de las políticas que ha propuesto Pedro Castillo. Muchas personas no quieren una economía estatista y restricciones de las libertades individuales”, menciona Benavente

El protagonismo del voto conservador

Este proceso electoral también estuvo marcado por el protagonismo del voto conservador. Los tres candidatos de derecha que se ubicarían en el segundo, tercer y cuarto lugar son conservadores. No obstante, Pedro Castillo, también ha mostrado ser un político conservador en lo social, ya que se ha mostrado en contra de temas como el aborto y el enfoque de género en la educación.

“El progresismo es el principal perdedor de estas elecciones. Es un movimiento y un discurso nuevo en el Perú, un país muy conservador respecto a otros de Sudamérica”, explica Alexandra Ames, de la Universidad del Pacífico. Para la académica, en el Perú no solo hay un voto asociado a la derecha e izquierda, sino también un voto que se comporta según su afinidad o rechazo con el conservadurismo. En este contexto, los expertos consideran que ninguno de los candidatos bajaría el tono conservador de su discurso para la segunda vuelta.

El balotaje se llevará a cabo el próximo 6 de junio. La posibilidad de que los dos candidatos generen alianzas políticas hasta esa fecha no está descartada. No obstante, los especialistas coinciden en que, más allá de quien resulte ganador, la Gobernabilidad del país se vería seriamente afectada por la fragmentación política, ya que ella dificultaría que se tomen decisiones sobre la situación sanitaria y económica.

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El presidente argentino pide al Gobierno colombiano que “cese” la violencia

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó su preocupación por la violencia vivida en Colombia en los últimos días.

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mostró “preocupación” por la “represión desatada” ante las protestas sociales ocurridas en Colombia y pidió al Gobierno de Iván Duque que “en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”.

“Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su Gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, escribió el mandatario argentino en Twitter.

El 28 de abril pasado comenzó un paro nacional en Colombia contra la reforma fiscal anunciada por el Ejecutivo de Duque, que incluía una reforma de la salud pública que beneficiaría al sector privado de la salud.

Si bien por el malestar general el Ejecutivo dio marcha atrás al proyecto, esto no impidió que se sucedieran manifestaciones contra el Gobierno por todo el país.

Desde entonces, la policía, en concreto el ESMAD (antidisturbios), y el Ejército, iniciaron una fuerte represión contra las protestas, lo que ha causado una escalada de violencia en las calles.

Según la Defensoría del Pueblo, esta situación se ha cobrado la vida de al menos 24 manifestantes, número que asciende a 37 según organizaciones como la ONG Temblores, en medio de críticas a la violencia policial.

EFE

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Eurodiputados piden una “salida pacífica” a la situación en Colombia

Los eurodiputados populares dieron una declaración conjunta en la que pidieron una solución adecuada para la situación que enfrenta Colombia.

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El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (PE), David McAllister, y la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de la Comunidad Andina, Pilar Del Castillo, hicieron un llamamiento hoy a encontrar una “salida pacífica” a la situación en Colombia y respaldaron “un diálogo nacional”.

En una declaración conjunta, los eurodiputados populares urgieron a la sociedad civil, autoridades y fuerzas políticas a que “desde la moderación y el diálogo” se encuentre una “solución adecuada” ante las fuertes protestas que llevan sucediéndose más de una semana en Colombia, al tiempo que defendieron el derecho del pueblo colombiano a manifestarse pacíficamente.

“El legítimo derecho que asiste a todos los ciudadanos a protestar y a manifestarse pacíficamente (…) constituyen la piedra angular de los sistemas democráticos”, sostuvieron los europarlamentarios quienes subrayaron el “carácter pacífico de la mayoría de las protestas acaecidas”.

Lea también: Colombianos protestaron frente al Parlamento Europeo en rechazo a violencia en las protestas

Sin embargo, rechazaron el “uso indiscriminado de la violencia” ejercida por algunos manifestantes y señalaron que la obligación de las autoridades para garantizar el orden “ha de ejecutarse de una forma proporcionada, sin abusos, arbitrariedades ni excesos”.

“Las confusas y diversas informaciones sobre el número de fallecidos y heridos, incluidos los agentes del orden, y las personas en paradero desconocido, constituyen un motivo de preocupación”, afirmaron.

Por ello, los políticos populares celebraron que la fiscalía general de Colombia haya ordenado la detención de los autores de los abusos policiales, así como la retirada por parte del Ejecutivo de Duque de la reforma tributaria, que fue la chispa que prendió las protestas.

Lea también: Congreso aprobó el retiro de la tributaria de Alberto Carrasquilla

El pasado 28 de abril comenzó un paro nacional en Colombia contra la reforma fiscal anunciada por el Gobierno colombiano, que incluía una reforma de la salud pública que beneficiaría al sector privado de la salud.

Finalmente, el Ejecutivo dio marcha atrás ante el clima de malestar generado, pero esto no impidió que las manifestaciones continuaran sucediéndose por todo el país.

Desde entonces, la policía, en concreto el ESMAD (antidisturbios), y el ejército, iniciaron una fuerte represión contra las protestas, lo que ha causado una escalada de violencia en las calles.

EFE

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Administración Biden apoya suspender patentes de las vacunas de Covid-19

Biden se comprometió a apoyar al mundo con vacunas contra el virus a finales de abril, en su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso.

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El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy su apoyo a una exención para protección de la propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus. La administración de Joe Biden habria tomado esta decisión ante la crisis sanitaria que enfrentan países como India, y ante la petición del ala izquierda del Partido Demócrata para llevar a cabo esta iniciativa.

“Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias. La administración Biden cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero en servicio de poner fin a esta pandemia, apoya la renuncia a esas protecciones de las vacunas para la covid”, dijo la representante de Comercio del país, Katherine Tai, a través de un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter.

No obstante, se debe tener en cuenta que la medida no entra en vigencia inmediatamente, pues Tai aclaró que las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para renunciar a la propiedad intelectual “llevarán tiempo”, dada la complejidad del asunto.

El anuncio llega semanas después de que el jefe de estado prometiera que EE.UU. será un “arsenal de vacunas” para el resto del mundo, reafirmando su compromiso de ayudar a otras naciones a superar la pandemia, que ya ha dejado más de 3,2 millones de fallecidos a nivel mundial.

“Nosotros nos convertiremos en un arsenal de vacunas para otros países, igual que EE.UU. fue el arsenal de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo durante su primer discurso ante el Senado y la Cámara de Representantes el pasado 29 de abril.

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¿Qué es un Estado de Conmoción Interior y cómo afectaría a los empresarios?

El Estado de Conmoción Interior podría impactar, principalmente, a empresarios de los sectores agrícola y avícola.

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Foto: EFE

Desde el Centro Democrático, senadores como Álvaro Hernán Prada, Carlos Felipe Mejía o Nicolás Pérez Vásquez le han pedido al presidente Iván Duque decretar un Estado de Conmoción Interior, figura a la que puede acudirse cuando todo el territorio nacional, o una buena parte del mismo, se ve envuelto en episodios de violencia. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

Lo primero que hay que saber es que el Estado de Conmoción Interior está contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, que especifica que el Presidente de la República, con la firma de todo su gabinete de ministros, podrá decretar dicha figura “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.

En caso de que el presidente Duque optara por aplicar dicha medida, esta le daría poderes especiales que lo habilitarían para suspender cargos de dirigentes regionales, restringir las protestas y asumir el control de la radio y la televisión. Asimismo, le otorgaría facultades especiales a las autoridades, que podrían hacer cualquier tipo de inspecciones a establecimientos comerciales y residenciales sin necesidad de una orden judicial, así como detener a cualquier individuo que pueda representar un eventual riesgo.

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Si bien esta figura tiene una duración máxima de 90 días, puede prorrogarse por dos periodos iguales, aunque para ello depende de la aprobación del Senado. A su vez, el Congreso podría reunirse luego de los tres primeros días de que se decrete la conmoción interior, donde el Presidente debería rendir un informe detallado sobre los motivos de la medida.

El artículo 213 también aclara que, en ningún caso, los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar en tanto esta medida esté en vigor.

Impacto en los empresarios

Para el analista de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, los sectores empresarial, financiero y bancario siempre se ven afectados en escenarios de incertidumbre, y si además están acompañados de violencia, “eso generalmente deriva en salida de inversión extranjera. Significa además que el riesgo país de Colombia aumenta, y eso implica que nuestra deuda sea más costosa”.

“Con la salida de dólares del país como producto de la salida de inversión extranjera y del encarecimiento de la deuda, hay una devaluación del peso que afecta a las personas que viven de las importaciones. Tal vez lo más grave tiene que ver con la seguridad para esos empresarios, pues muchos de ellos se están quejando por la agudización de la violencia”, declaró a Forbes.

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Si bien la declaración del Estado de Conmoción Interior muchas veces busca detener la violencia, el experto destacó que también puede tener el efecto contrario, y en la medida que se agudice, a los empresarios les afecta “por los saqueos, por la falta de garantías y, en algunos casos, por la desfinanciación. A su vez, esta medida hace que haya menos consumo”.

Por su parte, el gerente de Comunicación Pública y Política de ‘Estrategia y Poder’, Carlos Arias, subrayó que el Estado de Conmoción Interior es una medida muy delicada porque no solo tiene implicaciones económicas desde las políticas publicas que lleguen por decreto, sino que es una situacion que dejaría al Gobierno en total autonomia para tomar decisiones unilaterales sobre política económica.

“Si bien es comprensible y está en el fuero presidencial, en estas circunstancias donde el equilibrio de poderes esta en juego, podría generar una desbalanza aún mayor a favor o en contra de los empresarios o la sociedad civil”, dijo a Forbes.

Arias resaltó que, de aplicarse esta opción, se podrían agravar los costos o importes de la producción agrícola y avícola, así como los proyectos productivos o empresas encargadas de los mismos por lo importes que pueda señalar el Gobierno. No obstante, si se usa el Estado de Conmoción Interior para alivianar cargas tributarias de los empresarios ante la incertidumbre económica en la que puede caer la producción, “podría ser factible”.

“En un estado social de derecho, es una cosa delicada. En buenas manos puede llegar a solventar una crisis, pero en gobiernos que atraviesen por un desequilibrio de poderes, es muy delicado porque puede agravar la crisis y generar una implosión social muy grande”, concluyó.

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Política

Hunden proyecto que buscaba eliminar cupos de taxis y regular plataformas digitales

El proyecto de ley fue archivado por la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

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Foto: Ministerio de Transporte.

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidió este domingo archivar el proyecto de Ley No. 003 de 2020, firmado por 72 congresistas, que pretendía regular las plataformas digitales de transporte y “equilibrar la cancha” con los taxistas frente al limbo regulatorio que ha permanecido durante más de ocho años.

Esto sucede en víspera de un paro nacional de taxistas convocado para este lunes y amenazas que recibieron el representante a la Cámara por Bolívar Emeterio Montes (Conservador) y el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde) por promover esta propuesta.

La iniciativa legislativa buscaba eliminar los cupos de los taxis amarillos compensando a quienes hayan hecho esa inversión y autorizar la prestación del servicio de transporte a quienes usan plataformas de transporte como Uber, Didi, Cabify, Beat e InDriver, que tendrían que entregar el 1% de sus ingresos a un fondo de donde saldrán los recursos para compensar a los taxistas y para aportar a la malla vial.

La propuesta de eliminar el articulado y archivarlo llegó por parte de el representante a la Cámara por el Cesar Alfredo Ape Cuello (Conservador).

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Los representantes que procedieron a hundirlo fueron: el representante por el Valle del Cauca Milton Angulo (Centro Democrático), el representante por el Valle del Cauca Oswaldo Arcos (Cambio Radical), el representante por el Cesar Alfredo Ape (Conservador), el representante por el Tolima Aquileo Medina (Cambio Radical), el representante por Antioquia León Muñoz (Verde), la representante por Bogotá Maria Jose Pizarro (Decentes), el representante por Antioquia Esteban Quintero (Centro Democrático), la representante por Antioquia Mónica Raigoza (U), el representante por el Norte de Santander Ciro Rodríguez (Conservador), la representante por el Atlántico Karina Rojano (Cambio Radical), el representante por Boyacá Rodrigo Rojas (Liberal), la representante por Vaupés Mónica Valencia (U), la representante por Atlántico Martha Villalba (U).

El representante por Caldas Luis Fernando Gómez (Centro Democrático), el representante por Boyacá Wilmer Leal (Verde) y la representante por el Valle del Cauca Adriana Gómez (Liberal) se declararon impedidos para la votación.

“Seguiremos en nuestra lucha porque tenemos la convicción de que somos los ciudadanos los que tenemos la libertad en qué movilizarnos, por el derecho al trabajo de miles de familia y por el derecho que tienen los taxistas a competir en una cancha equilibrada y regulada”, expresó el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde), uno de los promotores del proyecto, que acumulaba iniciativas de varios partidos. “Aquí pierden todos los sectores”.

Por su parte, Emeterio Montes, representante a la Cámara por Bolívar (Conservador), quien era el ponente del proyecto, expresó: “Este proyecto pretendía regular una situación que hoy no tiene seguridad jurídica y que obedece al clamor de la ciudadanía que debería ser el centro de la discusión. En ningún momento propendía por acabar con los taxistas, en cambio promovía una serie de beneficios para el sector de taxismo y una serie de obligaciones para las plataformas”.

Las plataformas digitales que intermedian el servicio de transporte en Colombia no están reguladas en el país, pero con ese vacío jurídico Dian recauda IVA de sus operaciones y han ganado amplia participación del mercado en las principales ciudades. Han entrado en el presupuesto de millones de colombianos que acuden a ellas para transportarse y le proveen ingresos a más de 320.000 conductores, según un cálculo de Fedesarrollo.

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