Con ello se podría fomentar la contratación formal en el país, en particular en los trabajadores con menos formación, jóvenes y personas ubicadas en las regiones menos desarrolladas, dice un informe de la entidad multilateral.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) club de buenas prácticas al que Colombia ingresó formalmente el año pasado, realizó un análisis de Colombia en su informe de política Going for Growth 2021 ‘Apuesta al crecimiento: Dando forma una recuperación vibrante’.

En el informe, que incluye análisis para los países miembros, se analizan los puntos débiles prevalecientes antes de la pandemia, así como aquellos generados por esta. Asimismo, se ofrece a los responsables de la formulación de políticas públicas asesoramiento específico para cada país orientado a aprovechar la posibilidad de emprender un reajuste fundamental.

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Respecto a Colombia, la Ocde dice que la informalidad e inequidad del país se debe abordar con habilidades y creación de empleos. Recuerda que la informalidad es alta y dividida por regiones, por lo que debe haber una estrategia para combatirla y asegurarse de que traerá empleos de alta calidad.

En línea con lo anterior agrega que los “altos niveles de sobrecostos laborales no salariales y un salario mínimo relativamente alto debe reducirse para fomentar la contratación formal, en particular para los trabajadores menos capacitados, jóvenes y personas localizadas en regiones menos desarrolladas. Además, para fomentar el emprendimiento, se deben reducir los altos costos para que las firmas se registren, especialmente para las pymes y startups”.

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Añaden que la creación de trabajo formal requiere de un sector empresarial fuerte. Sin embargo, las barreras arancelarias y no arancelarias siguen siendo relativamente altas, así mismo, las cargas regulatorias obstaculizan la entrada y el crecimiento de las pyme. Así las cosas, indica que menores barreras comerciales y una competitividad más fuerte pueden reasignar la relocalización de recursos y la creación de empleos a raíz de la pandemia.

Las principales recomendaciones de la Ocde para Colombia son estas:

  • Mercado laboral: Establecer una estrategia para reducir el costo de la formalización en el país. Esto debe incluir: reducción de costos laborales no salariales, revisión del salario mínimo para alcanzar un nivel más amigable para el empleo, reducir los costos de registro de empresas y simplificar el registro de trabajadores.
  • Competitividad y regulación: Dado que en el presupuesto para 2021 se proveen fondos para proyectos de infraestructura y transporte como plan de la recuperación con el deber de fortalecer el transporte multimodal y la red nacional de vías, hay que priorizar el mejoramiento de la conectividad del transporte multimodal con los puertos y aduanas y reducir las barreras de entrada y competencia en el transporte. Reducir progresivamente las restricciones a las importaciones y revisar otras barreras no arancelarias para reducirlas.
  • Educación y habilidades: Mejorar el acceso a la educación y su calidad, particularmente en áreas rurales, tener jornadas completas de educación e incrementar el gasto en las transferencias relacionadas a incentivar la educación en las familias vulnerables, relocalizar los recursos hacia los territorios más vulnerables y hacer que la enseñanza en las áreas rurales sea más atractiva mejorando las condiciones de trabajo allí.
  • Protección social: focalizar el gasto social en los hogares de menores ingresos, especialmente en áreas rurales, revisar los subsidios en el sistema público de pensiones y redireccionarlos a los más vulnerables, además, acelerar la cobertura y el nivel de beneficios que se entregan en Colombia Mayor.

Para la Ocde, Colombia ha tenido “un progreso limitado en las reformas estructurales, en parte relacionado con las dificultades para construir un consenso amplio a favor de estas. A finales de 2018, las autoridades aprobaron una muy necesaria y bienvenida reforma tributaria, que sin embargo fue anulada por el tribunal constitucional, lo que obligó al gobierno a aprobarla nuevamente a fines de 2019. Este largo proceso consumió un capital político significativo. La crisis de covid podría revivir el apetito por discutir más reformas estructurales, pero con las elecciones en 2022, la ventana política para hacerlo es corta”.

Aquí puede encontrar el documento completo.